El viernes Donald John Trump asumió como Presidente de la primera potencia mundial. Perplejidad, incertidumbre, y por qué no esperanza, se apoderaron de la comunidad internacional.

El viernes Donald John Trump asumió como Presidente de la primera potencia mundial. Perplejidad, incertidumbre, y por qué no esperanza, se apoderaron de la comunidad internacional.

Entre su equipo de confianza cuenta con Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York con ganada fama por combatir la inseguridad mediante la aplicación de la conocida consigna “tolerancia cero”.

Hace cinco años, en Nueva York, mantuvimos con Giuliani una larga e interesante conversación sobre políticas de seguridad. El exalcalde nos hizo agudas preguntas y comentarios, que fueron desde la importancia del equipo de patrullaje, la utilización de helicópteros, las cadenas jerárquicas y sus diferencias salariales y hasta la forma con que deberían conducirse en distintos procedimientos las fuerzas policiales.

Sin embargo, fueron tres los temas que abordamos con mayor precisión.

El primero, referido a la política de vivienda de los efectivos policiales y su núcleo familiar. Se partió de la base de que nadie debe convivir en un vecindario en el que habitan personas que pueden afectar la vida y los derechos de los agentes del orden y sus familias. De ahí la conclusión de que la vivienda policial no puede ser reducida a “ghettos” reservados solo para funcionarios policiales, y que un criterio de vivienda dispersa debe implementarse bajo una reglamentación legal sobre su propiedad, financiación y distribución.

El segundo, fue la eficiencia de la división de “Asuntos Internos” del cuerpo policial. A nadie escapa lo delicado del tema y el debido respaldo y autonomía que la jerarquía debe otorgarle a las funciones de control para que este no se contamine y termine cumpliendo solo deberes burocráticos. De la construcción de la confianza que la sociedad tenga en quienes deposita la tarea de preservar su seguridad depende no solo la colaboración ciudadana sino la dignidad y prestigio de la propia función y de quienes la tienen a su cargo.

Y el tercero, el tipo de cárceles que debería construirse así como la administración del sistema de reclusión. En este sentido sus interrogantes fueron: ¿cuál es el índice de reincidencia de las personas privadas de libertad? ¿Cuál es la relación del delito vinculado a la comercialización de drogas de menor escala? ¿La edad y educación de los delincuentes tienen que ver con algunos delitos es especial? ¿Có-mo ha evolucionado el número de presos en los últimos diez años?

Obviamente, en aquel momento, era claro que no era la oportunidad de profundizar, aunque la solución aconsejada por Giuliani iba en dirección de la “tercerización” de la administración del sistema carcelario.

En consecuencia, no se trata solo de recursos sino de la calidad de gestión de una política de seguridad moderna ejercida con mano firme en toda la cadena; concepto diferente a la política de mano dura, que sin límites legales e institucionales puede impulsar conductas delictivas de quienes tienen a su cargo la defensa del Estado de Derecho y de la sociedad.

Lo central es tan simple como complejo. La policía debe actuar sin temor a que su libertad sea limitada por la función burocrática. Debe asegurarse que sus acciones individuales o colectivas no solo dignifiquen su compromiso ante los riesgos que asume, sino que transmitan a la sociedad la confianza necesaria para administrar los conflictos aplicando la ley. No puede prevalecer la idea de que no vale la pena hacer una denuncia o que la Comisaría no actúa como primera garantía de los vecinos.

Todos hablamos del desprestigio de la “clase política”. Esta prédica está en la boca del ciudadano común y de variados populistas del mundo que descalifican la importancia de los partidos políticos. Pues bien, no hay democracia, ni derechos sin partidos políticos. Y esta distancia que existe entre gobernantes y gobernados no surge de la complejidad de las responsabilidades del gobierno sino de la confianza. Y esta solo se recupera cuando la prevención y represión de los delitos se realicen sin miramientos ni tibiezas, respaldados siempre en la fuerza de la ley.

Para ser alternativa de poder la oposición debe insistir más en la formación de un equipo que ayude a la sociedad sin tanto cálculo político, para transformar luego su credibilidad en una luz en el camino cuando su partido tenga la responsabilidad de gobernar.

Los acuerdos políticos son esenciales, pero deben implementarse dejando de lado, primero a los que quieren orden y represión para imponer solo sus ideas, y segundo, a los que distinguen entre los derechos del ser humano en función de su filiación política.

No se puede seguir viviendo con las manos ocupadas, una afirmada a la reja de la casa y la otra en un bolsillo tratando de evitar que impuestos y tarifas terminen con los menguados recursos del contribuyente sin que los servicios esenciales se cumplan.

En esta realidad sobran los análisis y falta la respuesta. Esta puede resumirse en exigir a dirigentes y gobernantes eficiencia y transparencia de su gestión. Ya no hay más tiempo para cifras y explicaciones que no hacen otra cosa que confundir. Lo que la población mide es el grado de inseguridad que sufre día a día y como su calidad de vida se afecta.

Con miedo no hay libertad y sin libertad no hay derechos de las personas ni Poder Judicial independiente.

Son necesarias verdades secas y concretas, que aunque suenen impopulares expongan sus resultados al juicio de la ciudadanía. Este al final no proviene de la ideología sino del nivel de confianza que derechos, población y fuerzas de seguridad desarrollen entre sí.

Algo importante nos aportó Giuliani.