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Gobierno sindical-cívico

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Hace algunos meses, pretendiendo describir lo más gráficamente posible a la fuerza que nos gobierna, usamos los términos gobierno “cívico-sindical”. Hoy avanzamos un poco más y -contemplando la realidad de los sectores en pugna dentro del FA- no vacilamos en invertir las palabras. Nadie puede discutir que este fin de año, las jornadas presupuestales y los sucesos en materia educativa, señalan una preeminencia del factor sindical en la coalición. La existencia de sindicatos es necesaria en una sociedad bien organizada. La defensa del trabajador, el promover una mayor generación de empleo, buscar un salario mejor, capacitar para nuevas técnicas, son finalidades que benefician a toda la comunidad, que son deseadas por los empleadores, por el Estado. Recordemos que en el proyecto Herrera-Roxlo que fijaba en ocho horas la jornada laboral -en 1905- se mencionaba la utilidad de consejos de obreros en las fábricas. Tan temprana sensibilidad se vio complementada cuando desde nuestras filas surg

Hace algunos meses, pretendiendo describir lo más gráficamente posible a la fuerza que nos gobierna, usamos los términos gobierno “cívico-sindical”. Hoy avanzamos un poco más y -contemplando la realidad de los sectores en pugna dentro del FA- no vacilamos en invertir las palabras. Nadie puede discutir que este fin de año, las jornadas presupuestales y los sucesos en materia educativa, señalan una preeminencia del factor sindical en la coalición. La existencia de sindicatos es necesaria en una sociedad bien organizada. La defensa del trabajador, el promover una mayor generación de empleo, buscar un salario mejor, capacitar para nuevas técnicas, son finalidades que benefician a toda la comunidad, que son deseadas por los empleadores, por el Estado. Recordemos que en el proyecto Herrera-Roxlo que fijaba en ocho horas la jornada laboral -en 1905- se mencionaba la utilidad de consejos de obreros en las fábricas. Tan temprana sensibilidad se vio complementada cuando desde nuestras filas surge el reconocimiento del derecho de huelga en la Constitución de 1934. No nos es ajena la preocupación por los derechos de los trabajadores.

La representación de intereses, sean patronales u obreros, parte de una natural visión acotada de la realidad. Lógicamente se mira el mundo del trabajo desde la perspectiva de maestros, metalúrgicos, empleados del Estado o de la gastronomía. Visión profunda pero necesariamente angosta. Por ello el corporativismo es necesario pero no suficiente para entender a la sociedad toda. Desde el punto de vista político la mirada debe de ser comprensiva de la totalidad de los intereses. De ahí su dificultad, pues el logro de un común denominador que abarque a patrones, empleados, pasivos, jóvenes, adultos mayores y demás segmentos, necesariamente debe de ser mucho más tenue. El poder político democrático representa a todos, a los sindicatos y a las agremiaciones, a sectores. El gobernante hará bien en consultarlos, en tener en cuenta sus posiciones y reclamos, pero debe de resolver en función del bien común.

Desde los 60 el sindicalismo nacional, en la entonces CNT, preparó su brazo electoral que es el Frente Amplio, tal cual en Inglaterra las “unions” crearon el Partido Laborista. Ocurre que por tratarse de entidades de distinta naturaleza, no pueden confundirse, no es bueno que así ocurra, ni para uno ni para otro. En nuestro país vemos que las autoridades emanadas del voto ceden terreno a los poderes sindicales, al punto que estos son los que marcan el rumbo al gobierno. Con eso se escamotea la decisión popular, se debilita el sistema democrático, se desvía el gobierno del mandato recibido. Basta citar algunos casos.

Nadie ignora que los sindicatos de la enseñanza son los que deciden en esa materia. Le han doblado el brazo al presidente Vázquez en todas las ocasiones. Ni la más mínima reforma se ha admitido, las clases se suspenden por cualquier motivo. (Todos votamos en las elecciones nacionales un domingo, los docentes tuvieron que hacerlo un jueves... sin clase por supuesto). En la salud más de lo mismo. Ante cualquier esperanza de algo nuevo, de modernización, la fuerza sindical resuelve que el gobierno no la aceptará, como ocurrió en cuanto a un tratado comercial cuyos términos no se conocían pero -por la dudas- lo rechazamos por imperio del Pit-Cnt. El embanderamiento de la central con el FA llego a límites ridículos tal cual fue el paro contra el candidato del Partido Nacional y las amenazas en el caso de una victoria opositora. Ni qué decir de la imposibilidad de respetar opiniones distintas ni el derecho a trabajar, tan legitimo como el de hacer huelga. Y si no, recuerden lo del taxista patoteado.

Esta dirigencia nacional de los trabajadores, dirigida por el Partido Comunista, no defiende a los asalariados, los perjudica. El abuso de poder que se manifiesta todos los días, asusta a los inversores. La ocupación de los lugares de trabajo -manifiestamente ilegal- implica una violación al derecho de propiedad. Al respecto y vista la cotidiana violación del derecho en esa materia, pongamos un ejemplo. La cúpula sindical sostiene que la referida ocupación es una “extensión del derecho de huelga”. No es así. Imaginemos que un patrón, que tiene derecho disciplinario en su fábrica, resuelva que una extensión del mismo es retener la motocicleta del trabajador que incurre en falta. Esto no sería aceptado, pues saque cada uno las conclusiones. Un efecto de los abusos sindicales es que cierren empresas ante el cansancio de sus propietarios en lidiar con algunas versiones de la dirigencia obrera. Otros aceleran la automatización de las líneas de producción, empleando dos donde antes había veinte. Esto es así, pasa en la vida real y nadie lo puede desmentir. Por suerte no ocurre en todos los casos, algunas dirigencias obreras acuerdan con sus patronales una permanente mejora de producción, de capacitación, de incorporación de aprendices para formarlos en el propio trabajo.

Lo antedicho se puede comprobar todos los días en la vida de nuestro país. En materia municipal y en materia nacional. El gobierno ha sido paralizado por la tensión entre la cúpula sindical y las autoridades electas en nombre del FA. Varias iniciativas del presidente han sido frenadas o cambiadas por los sindicatos de la educación. El poder democrático ha sido devaluado y solo al FA corresponde dilucidar este dilema. O mandan los sindicatos o mandan las autoridades elegidas por los ciudadanos. Más temprano que tarde es preciso que alguien mande parar.

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Luis Alberto Lacalle

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