Una ventaja del caso Sanabria es que pu-so el foco sobre la financiación de partidos políticos por empresas privadas. Ahora el tironeo se centra en la formación de una comisión parlamentaria que investigue las donaciones hechas a políticos por empresas como Fripur, Cutcsa, Aire Fresco, La Diez y al propio cambio Nelson, cuyo cierre originó líos entre los partidos políticos y en sus propias internas. Una nómina de empresas que puede ampliarse.

Una ventaja del caso Sanabria es que pu-so el foco sobre la financiación de partidos políticos por empresas privadas. Ahora el tironeo se centra en la formación de una comisión parlamentaria que investigue las donaciones hechas a políticos por empresas como Fripur, Cutcsa, Aire Fresco, La Diez y al propio cambio Nelson, cuyo cierre originó líos entre los partidos políticos y en sus propias internas. Una nómina de empresas que puede ampliarse.

Detrás de este debate laten suspicacias de la gente sobre los nexos entre empresarios y políticos a propósito de las campañas electorales. Campañas que en Uruguay cuestan carísimas desde que la televisión se tornó el instrumento esencial de los candidatos. Y también por la sucesión de actos electorales que empiezan con las internas de los partidos, siguen con la primera y segunda vuelta de las nacionales, hasta rematar en las municipales.

Un raid desgastante que obliga a recaudar millones.

Es cierto que el Estado ayuda a financiarlo pagando unos siete dólares por voto, pero no alcanza. Surgen entonces los “operadores”, esos allegados a los candidatos que recolectan dinero en el sector privado. Actúan en una zona gris, en donde nunca queda muy claro si el dinero se da porque sí o si conlleva algún tipo de promesa. Tampoco están claras las funciones que a veces siguen cumpliendo estos “operadores” después de las elecciones.

Uruguay tiene una ley electoral de 2009 que prevé los montos y la forma en que se hacen las donaciones privadas a los partidos, y que obliga a llevar un registro con los nombres de los donantes. En los hechos es como si esa ley no existiera porque la Corte Electoral, que en teoría debe controlar que se cumpla, no tiene capacidad para hacerlo. Por eso, antes que estallara lo de Sanabria, una comisión del Senado empezó a buscar soluciones al problema. Allí hubo propuestas tan radicales como eliminar la propaganda política en TV, obligar a los medios a difundirla gratis o poner los gastos a cargo del Estado. Se habla también de propuestas más moderadas como la de otorgar espacios gratuitos para alguno de los actos electorales, las internas por ejemplo.

Se trata de bajarle los costos a los partidos para evitar tanto trajín de los “operadores” y un trasiego de dinero que puede transformarse en terreno fértil para la corrupción, una amenaza que planea sobre los partidos políticos en Uruguay y en todo el mundo. Basta con observar el origen de los casos más escandalosos surgidos en diversos países con los “operadores” o recaudadores (Brasil o España, por ejemplo) para comprobar que las donaciones del sector privado pueden empedrar el camino a la corrupción.

La comisión del Senado debe trabajar para darle al sistema electoral una transparencia que para el ciudadano común no está demostrada y que lo lleva al descreimiento cuando se entera, digamos por caso, de las manipulaciones del poderoso Sanabria padre con candidatos del Frente Amplio en Maldonado o de la influencia que magnates del sector pesquero obtuvieron bajo el gobierno de Mujica.

Son historias que le restan credibilidad a los políticos y echan un manto de sospecha sobre las actividades de todos ellos. Así terminan pagando justos por pecadores.