EDITORIAL

El voto desde el exterior

A través de las redes sociales y con pintadas callejeras la izquierda vuelve a agitar la polémica en torno a la habilitación del voto de los uruguayos radicados en el exterior. Una habilitación que fue sometida a consulta popular siete años atrás para ser rechazada por casi dos tercios del electorado.

Con tan adverso resultado podía presumirse que por mucho tiempo la idea se abandonaría, pero el riesgo de perder las próximas elecciones y la certeza —cuyo fundamento se ignora— de que los uruguayos en el mundo apoyan al Frente Amplio están detrás de esa reaparición.

Antes que nada conviene aclarar que tales intentos chocan contra el primer artículo de la Constitución que señala que "La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos en su territorio".

Es claro que la voluntad del constituyente fue excluir del registro electoral a quienes viven fuera del país. En esta materia la idea básica fue que Uruguay nace de una asociación o pacto hecho "para los ciudadanos" como lo expresó hace casi dos siglos el constituyente José Ellauri.

Para eludir ese obstáculo el Frente Amplio impulsó en 2009 un proyecto de reforma constitucional para introducir el voto epistolar, pero las urnas cantaron que la gente no deseaba esa reforma. Entonces, desde las filas de los derrotados en aquel plebiscito surgió la idea que el voto desde el exterior podía acordarse por ley, sin necesidad de tocar la Constitución. Diversos proyectos presentados con fundamentos discutibles al respecto yacen en las carpetas del Parlamento en tanto destacados juristas consultados descartan que ese cambio pueda disponerse por ley.

A pesar de ello grupos de uruguayos residentes en el exterior se siguen movilizando a favor de una ley que les permita votar. Basan su petición, entre otras cosas, en una declaración de la Institución Nacional de Derechos Humanos que consideró que con un pronunciamiento legislativo se solucionaría el asunto. Ese organismo, creación de la ley 18.466, tiene una serie de competencias entre las cuales no figura, por cierto, expedirse sobre la constitucionalidad de iniciativas de esta naturaleza. Sólo la politización de sus resoluciones y su empeño por levantar algunas banderas tradicionales de la izquierda explican su postura.

Otro argumento que se esgrime en pro de esta iniciativa es que los uruguayos que viven fuera del país sufragan en las elecciones internas del Frente Amplio, posibilidad que concretaron en los comicios de hace pocos meses aunque no se sabe en qué número, dentro de una votación bastante menguada por cierto. Que los estatutos de la coalición de gobierno los habiliten no significa que lo puedan hacer en las elecciones nacionales. Además hay que recordar que las normas del Frente Amplio para las elecciones internas tienen algunas definiciones un tanto exóticas como, por ejemplo, la de permitir que voten los menores a partir de los 14 años.

Durante el gobierno anterior las iniciativas para replantear el asunto quedaron por el camino. En tal sentido influyó la posición del entonces presidente José Mujica quien instó a respetar el resultado del plebiscito de reforma porque "en el acierto o en el error los uruguayos no lo han querido". Así lo expresó a grupos de uruguayos en el curso de viajes al exterior en donde se le hizo llegar esa inquietud por el tema. Pese a ello, su canciller, Luis Almagro —hoy apartado por conocidas razones de Mujica, del MPP y probablemente del Frente Amplio— insistió ante el Parlamento con sus patrocinio de algún proyecto para implantar por ley el voto consular.

Suele decirse que dejar las cosas como están implica que los radicados en el exterior logran votar sólo si pueden costearse el pasaje de retorno a Uruguay por lo que el asunto termina siendo, agregan, "una cuestión de plata".

Sin embargo, el voto consular también requiere desembolsar dinero porque no hay tantos consulados uruguayos repartidos por el mundo. En Argentina, por ejemplo, donde hay una fuerte comunidad oriental, aparte de Buenos Aires hay consulados en Rosario, Córdoba y Concordia, lo que obligaría a quienes viven en otras ciudades a financiar su traslado hasta esas sedes para votar. Algo similar sucede con los consulados en Estados Unidos, abiertos en apenas media docena de ciudades.

Aparte de estas objeciones hay otra de fondo que debería analizarse con el mayor cuidado y es que resulta injusto habilitar el voto a quienes no viven en Uruguay ni pagan aquí sus impuestos ni están expuestos a afrontar las consecuencias de su voto.

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