Editorial

El voto desde el exterior

En vísperas de la asunción del nuevo gobierno, desde filas del Frente Amplio se busca replantear el tema de la habilitación del voto de los uruguayos radicados en el exterior. Una habilitación que, sometida a consulta popular conjuntamente con las elecciones de 2009, fue rechazada casi por dos tercios del electorado. Con ese resultado tan adverso podría presumirse que la coalición de gobierno abandonaría la idea al menos por un lapso prudencial, pero no fue así pues en el pasado quinquenio se registraron intentos por resucitar la iniciativa.

Esos intentos empezaron por chocar nada menos que contra el primer artículo de la Constitución que estipula que "La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio". Es decir que la voluntad del constituyente ha sido excluir del registro electoral a quienes viven fuera del país. En esta materia la idea fundamental era que nuestro país nace de una asociación o pacto sólo "para los ciudadanos" como lo expresó claramente el constituyente José Ellauri hace casi dos siglos.

Consciente de ese impedimento, el Frente Amplio impulsó un proyecto de reforma constitucional para introducir el voto epistolar que fue plebiscitado en 2009. Las urnas cantaron con toda claridad que la gente no deseaba esa reforma, una decisión popular que el presidente electo en la ocasión, José Mujica, calificó de "legítima" y dijo que debía "ser respetada" porque "en el acierto o el error los uruguayos así lo han querido". A pesar de ello, pocos meses después de instalado el gobierno, el canciller Luis Almagro insistió en el asunto aunque proponiendo esta vez el voto consular, o sea el que exige la presencia del votante en las sedes consulares del Uruguay en el exterior.

Esa propuesta tomó forma en varios proyectos de ley en donde se interpreta que otros artículos de la Constitución permitirían hacer lo que niega el artículo primero. De esta manera se procuró eludir el requisito de la reforma constitucional buscando aprovechar las mayorías parlamentarias de la izquierda para habilitar el voto desde el exterior a través de una ley. A pesar de que la inconstitucionalidad de tal ley sería flagrante no faltó que algún jurista compañero se subiera al carro argumentando que el artículo primero no quiere decir lo que realmen-te dice y que la interpretación que se hace del mismo es "completamente infundada".

A este tipo de iniciativas que felizmente el Parlamento desoyó en la pasada legislatura se sumó sorpresivamente la Institución Nacional de Derechos Humanos, una creación de la ley 18.466 que le otorgó a este nuevo organismo una serie de competencias entre las cuales cuesta encontrar alguna que le permita alentar las tendencias reformistas en materia del voto desde el exterior. Esta Institución, que ha dado muestras de indeseable politización en ciertas resoluciones y en las declaraciones de sus directivos, sigue empeñada en levantar esta vieja bandera de ciertos dirigentes de izquierda que están convencidos de que la mayoría de los uruguayos radicados fuera del país se inclinarían por votarlos.

En tren de argumentar a favor de esa idea, hablando de lo injusta que era la situación de esas personas que debieron emigrar, uno de los directivos de dicha Institución sintetizó su pensamiento diciendo que en el fondo "lo que está en juego es la plata" ya que "si uno tiene cómo pagarse los pasajes para venir a votar, viene, y el que no, pierde". Su moraleja es que "condicionar a la plata" el derecho a votar "es bastardear el tema". Ese tipo de simplismo merece observaciones.

La más importante es que si el problema es "la plata", como dice el declarante, hay que avisarle que el voto consular también puede costarle caro al votante por la sencilla razón de que no hay tantos consulados uruguayos repartidos por el mundo. En Argentina, por poner un ejemplo, aparte de Buenos Aires, los hay en Rosario, Córdoba y Concordia, lo que obligaría a quienes viven en otras ciudades a costearse el traslado para ejercer su derecho al sufragio. Algo similar ocurre con los consulados en Estados Unidos que funcionan solo en media docena de ciudades, o en Francia, en donde para votar habría que desplazarse a París, Marsella o Toulouse.

Con ese tipo de argumentos la iniciativa del voto consular no convence a nadie y sigue sin levantar la objeción más importante que estos proyectos reformistas merecen: que es injusto permi- tir que voten quienes no viven en Uruguay ni pagan aquí sus impuestos ni están expuestos a afrontar las consecuencias de su voto.editorial, El voto desde el exterior, argumentos simplistas,

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