Es difícil que en este período de gobierno se cubra el déficit acumulado en materia de obras viales durante una década en la que abundaron los recursos para invertir en infraestructura.

El "volcán" de obras viales para 2017, anunciado por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, no parece haber entrado en erupción hasta el momento. De los 2.360 millones de dólares que prometió invertir en infraestructura en este quinquenio, apenas se han concretado obras por menos de la sexta parte de esa cifra tras dos años de gobierno. Los intendentes de la mayoría de los departamentos admiten que hay "un principio de cumplimiento" de las promesas de Tabaré Vázquez con relación a la red vial, pero muchos dudan que se cumplan en su integridad.

Cada vez que el Consejo de Ministros se reúne en una localidad del Interior resuena la protesta por el mal estado de rutas y caminos. El déficit de obras en los 12 años de gobiernos del Frente Amplio es inocultable por más que se diga que el desarrollo de la agricultura y el auge de la forestación multiplicaron el tráfico de vehículos pesados. Nadie puede alegar desconocimiento de ese problema desde que creció fuertemente el volumen de la actividad agrícola y se instalaron en nuestro país las plantas de celulosa.

Hace algunas semanas el exministro de Transporte y Obras Públicas Lucio Cáceres recordaba que la carga en la red vial aumentó enormemente en una década al pasar de 5 millones de toneladas a 25 millones. Según él, en 2004, antes de que la izquierda llegara al poder, las carreteras estaban bien "y en este país hay tendencia a que cuando las cosas andan bien no hay que cuidarlas y hay que esperar a que estén mal para atenderlas". Fue así. Faltó previsión en la materia y se cifraron excesivas esperanzas en una recuperación del ferrocarril que, a pesar de todos los anuncios y trajines, nunca se concretó.

No extraña pues que antes de resolver si construirá una nueva planta de celulosa en Uruguay la finlandesa UPM pida seguridades de que podrá sacar del país su producción. De ahí que se vuelva a hablar de la restauración del sistema ferroviario y de una fuerte inversión en carreteras, especialmente las transversales que conectan las zonas más forestadas del territorio nacional con el sitio donde se instalaría una tercera pastera.

Pero esa preocupación por el tema no se refleja en la atención que recibe en la práctica en un país que tiene en las agro- exportaciones uno de los grandes pilares de su economía.

La que —según prometió Vázquez en campaña electoral— iba a ser "la mayor inversión en la historia del país" en infraestructura está cada vez más lejos de cumplirse cuando nos acercamos a la mitad de su período de gobierno. El plan presidencial apuntaba a que dos tercios de los 2.360 millones de dólares anunciados provinieran del sector público y el resto del sector privado a través de sistemas de participación público privada (PPP). Sin embargo, el ministro Rossi reconoce que el ritmo de inversión no ha sido el esperado dada la lentitud y complejidad de los trámites burocráticos así como por carencias del propio ministerio y de otras instituciones estatales que también tienen responsabilidades en la materia.

Siguiendo la tan recurrida consigna de "yo no fui", el ministro Rossi señala su disgusto con lo realizado por su antecesor en el cargo, su correligionario Enrique Pintado, quien sería el responsable de una suerte de herencia maldita que hoy pesa sobre el ministerio. Hablando del período de gobierno 2010-15 Rossi declaró en entrevista de prensa que Pintado dejó "algunos déficits en materia de infraestructura", una carga que complica su gestión. Rossi omite recordar que él manejó el ministerio en el primer gobierno del Frente Amplio, un momento en el cual la infraestructura empezó a deteriorarse sin el mantenimiento adecuado y sin obras significativas en las rutas más castigadas por el aumento de la carga.

Más allá de las responsabilidades individuales queda claro que en este rubro como en tantos otros dos gobiernos consecutivos de la coalición de izquierda desperdiciaron una década de bonanza sin precedentes con ingresos excepcionales en las arcas del Estado que hubieran permitido consolidar la red vial. En vez de hacerlo, ambos gobiernos dilapidaron recursos en empresas estatales mal manejadas, en empresas privadas autogestionadas de recuperación imposible, en los salarios de cerca de 70.000 nuevos funcionarios públicos y en la continua creación de nuevos organismos de pomposas siglas y escasa utilidad.

Ahora, cuando el dinero escasea y la rendición de cuentas en ciernes ambienta un tironeo desenfrenado, parece difícil que haya fondos disponibles para la red vial. Por el momento, del anunciado "volcán" no hay noticias.

EDITORIAL