Mañana 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Fecha que se celebra desde 1975, para conmemorar la lucha histórica por mejorar la condición de vida de las mujeres. Con ese motivo, en la página de firmas de los domingos, publicaremos un artículo de Hillary Clinton. En él la Secretaria de Estado norteamericana hace un especial hincapié sobre la situación femenina en China y Afganistán, sobre los avances realizados y las asignaturas pendientes.

Surgen naturalmente las comparaciones con lo nuestro y entonces nos golpea la cara, entre otros, el problema de la violencia doméstica Algo cuya enormidad de proporciones resulta aterradora. Dicho mal adopta diversidad de formas que pueden pasar tanto por lo emocional, lo sexual, lo físico o lo económico y en cada medición realizada, las víctimas que figuran en el primer numeral son las mujeres, seguidas por los niños, los ancianos y por último los hombres. Tal es la gravedad de este estado de cosas, que en Uruguay, entre el 1º de noviembre de 2007 y el 31 de octubre de 2008 en que fueron asesinadas 27 mujeres, 21 de ellas, o sea un 77%, se debió a crímenes de violencia doméstica. En el 71 % de los casos, fue el marido, la pareja actual o la ex pareja, el asesino.

Es difícil saber cuanto del aumento de las denuncias, que por ejemplo entre el 2006 y el 2007 subieron un 50%, responde a que ha crecido la violencia y la marginalidad junto con una preocupante pérdida de valores en esa escala de la sociedad de menor educación, donde mayormente ocurren estos episodios o al menos se tiene noticia de ellos, y cuanto al hecho de que antes la mayoría de los casos quedaban ocultos en las tinieblas. Es sabido que anteriormente no había mayor ámbito para denunciar e inclusive los usos y costumbres llevaban a que las víctimas no encontraran el coraje necesario para enfrentar la circunstancia, producto en buena medida, de la falta de consciencia de sus derechos. De una actitud de sometimiento frente al hombre, propia de una cultura de tipo machista.

En la actualidad se cuenta con la ley N° 17.514 contra la violencia doméstica, sancionada en el año 2002, que significó un progreso en nuestra legislación, aportando una herramienta para luchar contra ese flagelo. En Montevideo, actualmente hay 4 juzgados especializados para tratar estos asuntos, existe el Servicio de Apoyo a la Mujer Víctima de Violencia que funciona en la órbita municipal y hay desde el 2007, algunos hogares financiados por el INAU, para dar albergue, aunque sea transitorio, a esas mártires.

Sin embargo, es mucho lo que queda por hacer y en este sentido, un Tribunal de Apelaciones y el Procurador del Estado en lo Contencioso, han coincidido en ir un paso más allá. El Dr. Miguel Langón ha presentado un trabajo doctrinario que apunta a ampliar el concepto de legítima defensa, que hoy en día es bastante restrictivo y por lo tanto, fiscales y magistrados son reacios a aplicarlo cuando por ejemplo, en un descuido del consuetudinario agresor, quien sufre un permanente calvario escondido dentro de las paredes de su vivienda, un día lo mata para terminar con su penar y tal vez el de su familia, después de haber acudido infructuosamente ante la justicia hasta en más de una oportunidad. Más de un caso se ha conocido, en que a pesar de su pedido de auxilio, ya sea en la comisaría o en el juzgado, la mujer finalmente ha perdido su vida a manos del torturador doméstico, inútilmente denunciado.

Para Langón, la conducta de la mujer que ha vivido en ese ambiente, recibiendo un trato inhumano y degradante y que llega a ese extremo, no es reprochable y no merece el castigo. En esa misma línea, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal del 2° turno, revocó hace poco la condena a 13 años de privación de libertad, de una joven mujer que creció en el ambiente de enfermiza violencia creado por su progenitor, que había sido condenada por haberle dado muerte en ocasión de una nueva golpiza a su madre.

A su vez en Argentina, en febrero pasado, una mujer que estaba en prisión domiciliaria desde junio de 2007 y enfrentaba la posibilidad de una pena de entre 8 y 25 años de prisión, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 la absolvió. Entendió que había actuado en legítima defensa de su vida y la de sus hijos de 15 y 3 años, cuando al ser atacada una vez más por su compañero ebrio y exaltado, lo apuñaló de muerte.