editorial

Violencia doméstica

Lamentablemente, la violencia doméstica sigue estando presente en las noticias y en la sociedad. A 11 días de comenzado el 2016 se produjo en Colonia el primer asesinato de una mujer a manos de su pareja.

Ya en 2010 se denunciaba que eran asesinadas en promedio 35 mujeres por año: proporcionalmente, el doble que en Argentina, casi cuatro veces más que en Chile y cinco veces más que en España. En 2013, casi el 28% de las mujeres de 15 y más años usuarias de los servicios de salud, declaró en una encuesta que había vivido al menos un episodio de violencia doméstica en los 12 meses anteriores. Otra encuesta de 2014 mostró que unas 170.000 mujeres en total habían sufrido violencia de su pareja o expareja en los anteriores 12 meses. En ese mismo año, sobre 14 países de Latinoamérica, Uruguay aparecía con la mayor tasa de muerte de mujeres ocasionada por su pareja o expareja. Quedamos a la par de El Salvador. Finalmente, de enero a noviembre de 2015, 28 mujeres murieron por violencia doméstica.

Es cierto que la batalla contra este tipo de violencia no empezó en la era frenteamplista. Importa recordarlo, cuando la voluntad refundacional izquierdista es tan extendida en todos los campos de la vida social. En efecto, es a mediados de los noventa, en 1995, que se tipifica el delito de violencia doméstica. Allí ya se prevé el incremento de la pena para el agresor cuando la víctima sea una mujer. En 2002, otra ley define las diferentes dimensiones de la violencia doméstica: física, psicológica o emocional, sexual y patrimonial. En ese año se crean los juzgados especializados en violencia doméstica que hasta 2010 solo existieron en Montevideo.

El 90% de las víctimas de violencia doméstica son mujeres. Hay mitos sobre esta angustiante realidad que deben ser desterrados. Dentro de los más conocidos, está el que dice que es un problema de los sectores pobres, cuando en realidad la violencia hacia la mujer se da en todas las clases sociales y niveles culturales. También se dice que la mayoría de las mujeres maltratadas nunca dejan a sus agresores, cuando en verdad los estudios especializados muestran que siete de cada diez mujeres que reciben atención y orientación especializada terminan abandonando al hombre agresor. Y uno de los mitos más crueles es el que señala que a la mujer le debe gustar que la maltraten, porque si no abandonaría a su pareja, cuando en realidad, hay razones emocionales, sociales y económicas para que las mujeres no puedan abandonar a sus agresores. Muchas veces vergüenza, miedo e inseguridad hacen que la mujer demore el pedido de ayuda.

Porque como trasfondo real de nuestra sociedad está la subordinación femenina en el hogar y en la vida laboral. Según datos de 2009, las mujeres dedican el doble de horas que los varones al trabajo no remunerado, y salvo en la actividades de esparcimiento, el cuidado de los niños por parte de las mujeres tiene una relación de tres a uno con respecto a los varones. Se sabe también que existe una enorme diferencia de ingresos que favorece siempre al varón. Considerando la misma edad y nivel de educación, por ejemplo, la diferencia salarial promedio registrada en América Latina entre géneros es de 17,2%. Pero Uruguay es el segundo peor en toda la región luego de Brasil, ya que por la misma tarea aquí los hombres ganan 26,3% en promedio más que las mujeres.

Para cambiar todo esto hay que lograr que se cumpla con las leyes. Porque hay una flagrante contradicción entre la letra de la ley y la práctica llena de desvíos y omisiones por parte del sistema judicial. Tan es así, que en su Acordada 7755 de 2012, la propia Suprema Corte de Justicia exhortó a los magistrados a cumplir con la ley en los casos de violencia doméstica que llegan a la Justicia. Se precisa defender mejor a las más desprotegidas.

Pero, como casi siempre, para poder cumplir con la ley es necesario asignar mayor presupuesto a estos temas. Por ejemplo, con más recursos se podría haber extendido ya a todo el país la aplicación de las tobilleras o pulseras electrónicas para mantener controlados a los agresores cuando se dictan medidas cautelares. O se podría haber extendido también a todo el país las sedes judiciales especializadas en violencia doméstica, cuando sabemos que entre 2004 y 2010 la mayoría de estos asuntos judiciales se dio en el Interior: más de 9.000 se registraron allí, contra alrededor de 6.000 en Montevideo.

Es un tema de voluntad política. La que el gobierno encontró para capitalizar Ancap, pero que no tiene para enfrentar este flagelo.

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