EDITORIAL

La vida de los otros

Así se llama una película que mostraba el nivel de espionaje y vigilancia asfixiante al que se sometía a los ciudadanos en la antigua Alemania Oriental. El recuerdo fílmico viene a cuento ante las nuevas medidas anunciadas por el estado uruguayo para controlar lo que hacen los ciudadanos con su dinero.

La primera medida ha sido un proyecto de ley con el fin de seguir perforando el secreto bancario, habilitando a la DGI a exigir a las entidades financieras que le aporten información relativa a saldos y rentas al cierre del año civil. Esto implica que a fin de cada año, esas entidades deberán informar a la DGI las cuentas que tienen, a quiénes pertenecen, qué saldo tienen y qué renta generaron. Y cuando se trate de cuentas que sean consideradas de alto riesgo en materia de evasión fiscal, se deberá informar el beneficiario final de la misma.

Lo interesante de este cambio en el secreto bancario es que la DGI ya no necesitará apelar a un juez para conocer la operativa bancaria de un ciudadano. Lo hará por sí misma, en lo que marca una tendencia difícil de entender. ¿No le da garantías la justicia uruguaya a la DGI?

La segunda medida fue el desembarco de la entidad fiscalizadora en los bancos de plaza para pedirles datos de los clientes con mayor consumo en tarjetas de crédito. El objetivo sería cruzar esos datos con otros que posee el organismo para detectar inconsistencias en el pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y otras irregularidades. Se trata de la primera vez que el organismo recaudador se toma esta atribución, en una acción de la que el experto tributarista Leonardo Costa ha puesto en duda su legalidad, por estar al filo de lo que en la jerga del rubro se conoce como "expedición de pesca". O sea, salir a tirar la red, a ver si algún pez queda atrapado.

Casi tan interesante como esta imagen figurativa son las palabras usadas por el jerarca de la DGI Joaquín Serra para justificar estas medidas. Consultado sobre si la DGI no se está convirtiendo en un "Gran Hermano", Serra dijo que eso es una caricatura que esconde una resistencia a ser controlado. Y agregó que "aquel que cumple con sus obligaciones no debe preocuparse".

Esta frase dice mucho, ya que es la misma que han usado siempre todos los gobiernos totalitarios para justificar su abuso de los derechos individuales de la gente. Si se hacen allanamientos policiales a cualquier hora, si se pisotean las garantías constitucionales, si se coarta la libertad de expresión, todo siempre basado en supuestas "razones superiores" como la seguridad pública, o el bienestar colectivo, la justificación siempre es la misma: "si usted no hizo nada malo, no tiene de que preocuparse".

El gran problema es que la historia de la civilización muestra inflexible que los gobiernos, los estados, y sobre todo los seres humanos que están a su frente, tienen una tendencia irrefrenable a ejercer sus potestades con abuso. El factor humano siempre mete la pata, y lo que se justifica con elevadas razones generales, siempre termina al servicio de los apetitos y ambiciones de las personas a cargo de los mismos. Es por eso que el desarrollo de las garantías constitucionales en las sociedades occidentales de los últimos 400 años ha dado tanta protección al derecho a la intimidad, a la privacidad. Pero parece que hay gente que no lo entiende.

Por ejemplo, hace apenas unos días, la ministra Marina Arismendi compartía en su cuenta de twitter la siguiente frase: "Está el liberal part-time: preocupado por intimidad del rico frente a DGI pero que del pobre que cobra plan social te pide hasta una radiografía". Otra muestra de maniqueísmo de una jerarca acostumbrada a este tipo de simplicidades insidiosas e inconducentes. Como si el ser rico o pobre debiera ser un factor a la hora de tener derechos frente al afán megalómano del Estado. O si fuera lo mismo que un burócrata hurgue en su vida privada, que el manejo que un ciudadano hace de un dinero que el resto de la sociedad le aporta para superar una situación económica complicada.

Pero a nadie debería sorprender que Arismendi tenga tan poco afecto por la individualidad y la vida privada de los ciudadanos, ya que su juventud la pasó justamente como una "niña mimada" del régimen comunista genocida de la misma Alemania Oriental de la película que comentábamos al principio. Donde la gente no importaba, donde nadie tenía derecho a decir lo que pensaba, y donde el Gran Hermano estatal sabía cada paso y palabra de los ciudadanos. Y que terminó como terminó, claro.

¿Será que la mayoría de los uruguayos comparten esa postura? ¿Queremos vivir en una sociedad así?

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