El reciente viaje de autoridades nacionales a la base Antártida ratificó la presencia uruguaya en la zona y la necesidad de apoyar las tareas científicas que allí se desarrollan.

Con el reciente viaje de autoridades nacionales a la base Artigas nuestro país ratificó su presencia en la Antártida junto a un selecto grupo de naciones. El objetivo primordial de la base es la investigación científica que se incrementa en esta época del año en que un clima más benigno favorece el trabajo de expertos en diversas disciplinas. Tal objetivo no debe olvidarse nunca, para evitar que las expediciones oficiales a tan remoto paraje se utilicen para hacer relaciones públicas o desarrollar una actividad turística en beneficio de "invitados especiales" a cuenta del Estado, como se denunció el año pasado.

Según las reglas de los países miembros del sistema antártico, quienes viajan a la zona deben presentar un plan de trabajo y recibir un curso de capacitación previa, requisitos que no suelen cumplirse con el rigor exigido por el Tratado Antártico y el Protocolo de Protección Ambiental suscrito por Uruguay. Aunque ese no fue el caso del último viaje encabezado por los ministros de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, existen antecedentes de misiones a la base en las que participaron diplomáticos extranjeros, empresarios o funcionarios públicos sin relación alguna con los estudios científicos que allí se cumplen.

En el Instituto Antártico Uruguayo (Iau), encargado del tema, están representados los ministerios de Educación y Cultura, y Defensa Nacional. El primero coordina lo relativo a las tareas científicas en tanto el segundo proporciona el indispensable apoyo logístico para el mantenimiento de la base. Las relaciones entre ambos ministerios no siempre son fluidas como lo demuestran las denuncias que técnicos del ministerio de Educación hicieron tiempo atrás contra el ministerio de Defensa al que acusaban de llevar a la Antártida a "invitados vip" en detrimento de la actividad que desarrollan los auténticos investigadores.

En su oportunidad, desde el ministerio de Defensa Nacional se explicó que los viajeros cuestionados por carecer de una vinculación directa con la actividad antártica podían ser útiles para "gestionar y justificar refuerzos de rubros y mejoras en el proceso de gestión al tomar cabal conocimiento del funcionamiento del Iau". Sobre la visita de diversos diplomáticos se dijo que podía servir para lograr cooperación de otros países. Esas explicaciones resultaron poco convincentes.

Que haya que transportar funcionarios públicos como contadores, abogados o escribanos a la Antártida para que capten lo que allí se hace suena a mera excusa. En cuanto a los diplomáticos, se desconocen hasta la fecha los logros obtenidos por invitarlos a concurrir a la base.

Esas denuncias que provocaron roces entre ambos ministerios parecen acalladas en la actualidad, cuando el gobierno parece concentrarse en las finalidades centrales del programa antártico. Para ello evalúa el proyecto de construir un muelle en la base lo que facilitaría el trabajo de los investigadores y las comunicaciones por vía marítima. Su costo será elevado, sin duda, pero un emprendimiento de esa naturaleza ratificaría la seriedad de las pretensiones uruguayas en la región y su condición de firme asociado al sistema antártico. Desde la fundación de la base Artigas en 1984 se ha insistido con toda razón en el valor estratégico de nuestra presencia en el lugar junto a otras naciones latinoamericanas y a potencias internacionales.

Ese valor estratégico fue resaltado de manera particular durante el gobierno del Partido Nacional (1990-95) en donde por primera vez un presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, visitó la base Artigas y reafirmó la importancia que su existencia tenía para un país de menor tamaño relativo como Uruguay. Más adelante, otros presidentes siguieron el mismo camino aunque no todos demostraron valorar correctamente los alcances de ese emprendimiento uruguayo en aquellas heladas regiones del Sur. Un emprendimiento que hoy nos permite integrar "un club exclusivo", el de los países que tienen voz y voto dentro del Tratado Antártico que establece como condición esencial el desarrollo de actividad científica.

De ahí que esa actividad deba ser privilegiada por encima de otros intereses que puedan existir para afirmar una presencia uruguaya de más de tres décadas en una parte del mundo que atrae cada vez más la atención internacional por sus posibilidades de futuro. Por todo ello es que no pueden aceptarse desvíos de la misión científica central de la base Artigas, utilizándola para finalidades no previstas que solo sirven para devaluar la seriedad y trascendencia de nuestro proyecto antártico.

EDITORIAL