EDITORIAL

UPM al Parlamento

Bienvenida la decisión de la vicepresidente Topolansky de asumir el papel de nexo entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo para que aquel reciba información de las negociaciones con UPM. El secretismo solo conduce al aislamiento.

Más allá de la necesaria prudencia en una negociación comercial, cuando la reserva se convierte en secreto se pasa de lo lógico a lo sospechoso. Por tanto y dado el tiempo transcurrido, evidenciadas las discrepancias aún dentro del mismo gobierno, explota el derecho de todos a saber qué está pasando. Y la sospecha es que se está creando un estatuto tan diferente a las reglas de juego habituales para todos, que se debe apoyar la propuesta nacionalista de llevar las discusiones a un ámbito multipartidario.

Hay por lo menos tres áreas de discusión. Una primera es la de las exenciones tributarias. Las anteriores papeleras han disfrutado de un estatuto de zona franca, es decir de amplias exoneraciones y beneficios como si no estuvieran dentro del país. Estos beneficios que son permanentes, si tuvieron alguna vez razón de ser, ahora es muy probable que la hayan perdido.

Los beneficios dentro de ese estatuto no tienen fecha de caducidad, lo que francamente se debe justificar muy bien frente a una sociedad que soporta un gasto público que bien medido es el 37,5 del PIB, que deriva en una presión fiscal que vuelve casi imposible la inversión extranjera y obviamente la nacional, que de a poco empieza a utilizar opciones fuera de fronteras, sin ir muy lejos a Paraguay.

Dicho sea al pasar, la renuncia de un asesor del gobierno a causa de este acuerdo hace mucha gracia que se plantee como resultado de su pertenencia a un grupo de "duros" en el Ministerio de Economía. La verdad que si con duros llegamos a un déficit de 3,6% del PIB y un gasto del 37,5%, hace rato que se tendrían que haber ido todos. En consecuencia, con la presión fiscal que soporta el país, en esta situación los paraísos fiscales discutidos pico a pico deben ser sujetos de análisis de más gente.

Otro tanto pasa con los compromisos de gestión, como por ejemplo los de hacer carreteras o vías férreas. En efecto, un gobierno que no puede gestionar el corredor Garzón, o que no puede organizar la venta de unos kilos de marihuana, no parece dar garantías de gestionar la realización de cientos de kilómetros de vías de comunicación. En este caso la pregunta clave de todo es qué penalidades o seguros, cuáles las multas que se comprometen en nombre de Uruguay para compensar a UPM, en el más que probable escenario de dificultades en la gestión.

Queda en tercer lugar el acuerdo sindical. De por sí molesta bastante que haya que generar acuerdos laborales específicos que terminan legitimando la intervención de gremios como si fueran casi un estado parte. Según trascendió, y ante las permanentes paralizaciones de otras empresas, UPM con toda lógica desea lograr seguros para que los trabajos no se detengan.

El problema es que como pasó por ejemplo con la ocupación de plantas, al establecerse por decreto las condiciones para evitarla, de hecho se le dio rango jurídico como facultad —la de ocupar— cuando según tantos se trata de una violación legal clara. Se señala en este sentido que UPM estaría buscando una regla para evitar cortes de ruta. Y aquí —otra vez— si se regula cuándo se puede cortar y cuándo no, nuevamente de hecho se estaría reconociendo un derecho que no puede aceptarse, ya que se trataría de regular nada menos que la libre circulación. Lo mismo pasa con los despidos: si se establece algún acuerdo con participación oficial, de hecho se estarían modificando condiciones que podrían extenderse al resto de las empresas.

En definitiva la propuesta del Partido Nacional, que a lo mejor no era necesaria al comienzo de todo, hoy lo es sin ninguna duda. Las ventajas tributarias, los seguros y multas a cambio de una gestión que nadie puede asegurar pueda concretarse en tiempo y forma, y la transferencia de más poder a corporaciones sindicales, tornan muy conveniente la intervención multipartidaria, que también podría ser reservada.

La desconfianza que se va generando dentro del propio gobierno, la derrota notoria que dentro del mismo padecen los que al menos en el verso parecen más cuidadosos del gasto, todo ello no hace más que alentar sospechas, reducir la confianza. Es más, si se sigue adelante hasta el final sin dar demasiadas explicaciones, la empresa se compra un problema enorme a futuro. Finalmente y aunque parezca utópico, vale la pena pensar también para los negocios, en una institucionalidad impersonal, general, sin excepciones. Que no tenga que hacerse pico a pico, mano a mano, construyendo estatutos que nadie tiene.

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