Esta barbaridad se ha difundido poco, pero está sobre la mesa, o quizás debajo de la mesa, en otra afrenta a la institucionalidad. Es otra disposición excepcional y a medida, pero es mucho peor que la del estatuto de zona franca.

Son demasiadas las incertidumbres y los temas que generosamente el país —su sistema político, su mundo empresarial— ha pasado por alto para apuntalar la inversión en la nueva planta de UPM. Pero se acumulan cada vez más dudas que dejan en evidencia un arreglo institucional para la inversión totalmente inconveniente y hay que parar; por un tiempo, pero parar, aun a riesgo de perder una inversión que cada vez se parece más a los regalos del desembarco de Colón.

Ya cuesta mucho admitir el estatuto de zona franca. En condiciones normales, armar un estatuto de paraíso fiscal con nombre y apellido rechina. Pero al hacerlo en un contexto de infierno tributario como el armado por el gobierno, la dificultad conceptual es mucho mayor. En efecto, no solo importantes actividades del país soportan una carga fiscal expropiatoria sin contrapartida de servicios de calidad, sino que hay que tolerar atropellos oficiales inauditos en este tema fiscal. Uno es esa lógica de rascar la lata de esta rendición de cuentas sin reforma alguna del gasto, y apostando a impuestos al juego, a aranceles, todo lo cual es más propio del Chicho del inolvidable Decalegrón que de una conducción seria. El otro atropello se da cuando en este contexto de infierno tributario aparecen jerarcas que profieren amenazas como el subsecretario de Economía, a la vez que el gobierno arma para la empresa finlandesa un paraíso fiscal sin fin, sin límite temporal. Siempre nos hemos preguntado por qué esta empresa no puede ir al régimen general, por qué las grandes inversiones tienen que pasar por la chacra del ex- presidente o por Suárez y Reyes. No debería ser así. Quizás hay que tolerar que lo sea por la amenaza de irse a otro lado. Pero entonces hay que mirar con lupa todo lo demás. Y aquí empiezan a sucederse dificultades más allá del tema del empleo. Una es la del cambio de destino del Fondo Energético. Con cada recibo de luz pagamos una tasa para que no suban las tarifas si falta agua. Luego el gobierno le saca a UTE parte de esos fondos para ayudar al proyecto de UPM. O sea que los contribuyentes estamos subvencionando a UPM, en lugar de reducir la tarifa eléctrica...

Y se ha mencionado un asunto que de confirmarse habría que cortar todo; se trata del estatuto sindical que el gobierno y la empresa están negociando. Por el mismo se reconocerían una serie de procedimientos conciliatorios previos, no solo a la ocupación sino al corte de rutas de acceso. El tema es gravísimo, porque al aprobarse un supuesto proceso se la daría legalidad al derecho no solo a ocupar plantas —rechazado por la OIT— sino a cortar rutas de acceso, acción inconstitucional y delictiva. UPM lograría paz, pero el empresariado nacional de a pie debería aceptar así, la introducción de otras prebendas sindicales —el corte de rutas— o el ya difundido proceso espejo, que consiste en repetir para el despido de empleados, los mismos procedimientos conciliatorios previos, que para impedir cortes de ruta u ocupaciones. Esta barbaridad se ha difundido poco pero está sobre la mesa, o quizás debajo de la mesa, en otra afrenta a la institucionalidad. Es otra disposición excepcional y a medida, pero es mucho peor que la del estatuto de zona franca. Este puede considerarse inconveniente o injusto pero en todo caso no perjudica directamente a nadie, en principio. En cambio, establecer una lógica sindical nueva que fija un precedente para todo el sistema empresarial es motivo suficiente para que sea rechazado.

No cabe duda que el patrimonio forestal del país constituye una oportunidad para la radicación de inversiones. Pero si para invertir hay que lograr excepciones tributarias para siempre; si para instalar una fábrica hay que establecer un subsidio como el del fondo de la UTE; si para mejorar la infraestructura de carreteras y ferrocarriles hay que oír la solicitud de finlandeses y no el grito de miles de empresarios; si para lograr la paz sindical no se puede aspirar al cumplimiento de la ley y hay que hacer reglas a la medida del Pit-Cnt y de Murro que legalizan los atropellos de estos años… si para invertir queda claro que solo se lo puede hacer —para rentabilidades moderadas— sin pagar impuestos, si todo esto es así, hace falta una pausa. Pero esta debe rellenarse con un tratamiento de la información mucho más difundido de la que ha habido. Es cierto que hay un momento para la negociación en reserva; pero hay otro muy anterior al acuerdo final, que tiene que ser totalmente público. De lo contrario, lo que hoy es un pedido de pausa se convertirá en un rechazo generalizado.

EDITORIAL