EDITORIAL

Uber, la IMM y los dinosaurios

El arribo de la aplicación tecnológica Uber ha generado una tormenta en la aldea capitalina.

Se trata de un servicio que permite a usuarios conectarse con choferes independientes para combinar un servicio de transporte por fuera de reguladores, corporaciones, sindicatos. Por todo lo cual suele ser una pesadilla para el mercado establecido en la materia.

Como era previsible, tanto desde la patronal del taxi, como desde su principal socia, la intendencia de Montevideo, se ha puesto el grito en el cielo. El empresario Oscar Dourado ha dicho que habilitar este tipo de servicio implica adoptar la "ley de la selva", ya que el mismo opera por fuera de reglamentaciones y regulaciones municipales. Su argumento es que este tipo de empresas se quedarían con el 20% de las utilidades de quienes efectivamente trabajan sin aportar nada. Y ha llegado a sostener que "¿Queremos estar en el África donde no hay reglas de juego?".

Por su parte el nuevo intendente de Montevideo, Daniel Martínez, ha esbozado un discurso muy similar, afirmando que "la Intendencia de Montevideo tiene la responsabilidad de ser el organismo regulador de todo lo que hace al transporte público y de dar garantías. Todo tiene que pasar por la normativa". Y agregó que "hay una sala de abogados dentro de la IMM para ver qué medidas pueden tomarse en este tema", porque "no puede haber un sistema de transporte que esté por fuera de la regulación y el control de la IMM", explicó.

Como se ve, la reacción del establishment es una mezcla de furia e indignación. La pregunta que le queda al ciudadano es ¿Por qué?. Porque si vivimos en un ambiente tan perfecto, con regulaciones maravillosas, servicios óptimos, ciudadanos felices, ¿quien querría viajar en un servicio que está por fuera de este edén? ¿Quién quiere vivir en África?

Y la realidad es que el avispero se ha agitado porque ese paraíso del que hablan Dourado, Martínez, y quienes manejan los distintos servicios de transporte hoy en la capital, es una gran mentira.

Según una encuesta reciente, más de un 70% de los montevideanos tienen una visión crítica del sistema de transporte público en la capital. Un sistema caro, ineficiente, lento, de mala calidad, con unidades sucias, de tamaños inapropiados. Con conductores prepotentes y maleducados para quienes las reglas de tránsito son una frivolidad que solo debe afectar a los vehículos "civiles". Y esto se extiende también a los ómnibus. Otro monopolio de hecho, amparado por la IMM en perjuicio de sus ciudadanos, que deben viajar en condiciones deplorables, apretados, parados, tolerando vendedores y cantantes de ocasión, con horarios que nunca se cumplen, y conductores que se sienten los reyes del mundo, en vez de servidores públicos. Con otro agravante, el costo del transporte público en Montevideo es en proporción, de los más caros del mundo.

Esta es la realidad actual. Una realidad a la cual esa entidad reguladora y maravillosa de la que habla el intendente Martínez es cómplice desde hace años, ya que no cumple con la tarea básica de velar por el interés de los ciudadanos, sino que siempre está del lado de los empresarios que generan ganancias fastuosas con un servicio deplorable. Y sino, basta ver cómo maneja la concesión de matrículas de taxi. En un país donde es imposible encontrar un vehículo a las horas pico, desde hace años que la IMM se niega a licitar nuevas matrículas, porque cada vez que amaga a hacerlo, recibe presión de los empresarios, y enseguida se termina todo.

Esa es la realidad de fondo. Más allá de que estamos en el inicio de una revolución tecnológica que presenta desafíos tremendos a nuestro esquema de negocios histórico (y vaya si los diarios sabremos del tema), acá lo que pasa es que la gente ve en la llegada de Uber una chance de golpear un status quo donde sus intereses son siempre los últimos en atenderse. Donde los choferes de taxi ganan una miseria y trabajan horarios maratónicos (por eso ya hay 2.500 aspirantes). Donde los clientes soportan servicios africanos a costos suecos. Y donde la IMM jamás ha regulado, no ya las condiciones mínimas del servicio, sino que los vehículos de transporte público cumplan con las mismas normas de tránsito básicas que el resto de los ciudadanos. Cosa que no hacen, de la que puede dar fe, cualquiera que circule por la calle.

En ese sentido, si la llegada de Uber logra que la amenaza de competencia mejore en algo cómo se trata al consumidor en el transporte capitalino, habrá hecho un servicio a la gente, mucho mayor al que haya hecho ninguno de los intendentes que han pasado por el palacio Municipal en décadas.

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