El espectáculo del parlamento discutiendo acerca de la aplicación del Impuesto de Primaria en el campo es triste. Prevalecen en las discusiones elementos de cálculo político menor, así como expresiones notorias de la más absoluta ignorancia, de la mano de la reticencia a informarse, a consultar números, antecedentes, etc.

Duele particularmente la postura del Partido Nacional, supuestamente mejor intérprete de la realidad rural, a la vez que públicamente comprometido a no votar su recreación en toda la campaña electoral, algo que por lo visto no obliga ni siquiera pocos meses después.

En realidad la extensión del Impuesto de Primaria al agro procede de un análisis mentiroso patrocinado por el gobierno actual. El mismo sostiene que había una tremenda injusticia consistente en que los productores rurales no contribuían con la enseñanza, y que el nuevo gobierno vino a reparar esta injusticia que las administraciones anteriores instalaron.

Esto es simplemente falso, y la aparición de esa creencia justiciera se basa en errores que se pueden fácilmente demostrar. El primero de todos es que es un disparate medir la contribución de un sector económico a cualquier objetivo de gasto público, a través de la consideración de un solo impuesto.

No es por tanto que el campo no quiera contribuir con Primaria, algo absurdo, y que el gobierno frentista, habiendo descubierto esta injusticia se apresta a repararla… Lo que el agro transfiere a la administración de los gastos públicos, para Primaria y todos los destinos que imaginarse quiera, no deriva de un solo impuesto sino de la presión fiscal global. Y aquí sí, no solo es el agro el que más contribuye —y mucho peor en el momento actual— sino que esa misma presión tributaria en los gobiernos frentistas según fuentes oficiales ha crecido más de un 50%. Esa es la realidad.

Por esta razón fue que en 1996, lanzada la mejor reforma tributaria del agro, se derogó apenas nacido este impuesto, en base a consideraciones de justicia —de justicia en serio— analizando la contribución sectorial global al gasto público. Así fue que en medio de la reforma de Rama, y de conflictos muy recordados, el gobierno de la época resolvió con un valiente sentido de justicia, analizar la contribución a Primaria en términos de presión global, y sin reducir un solo peso a la reforma que en aquel entonces se impulsaba a través de ese financiamiento. Dicho sea al pasar, quienes hoy patrocinan la extensión del impuesto estuvieron frontalmente en contra de la reforma que justificaba en aquel momento su implantación.

Admitiendo que la extensión del Impuesto repara una injusticia previa —algo que como vimos es falso— los legisladores ahora rivalizan acerca de cuál es más solidario con los productores pequeños, lo que ninguno retribuirá con simpatía alguna ya que será imposible olvidar que existió un compromiso político de no votar más impuestos, y concretamente no hacerlo con este. No solo por su cuantía sino porque admitirlo es tanto como confirmar que quienes excluyeron al agro del mismo estaban cometiendo una flagrante injusticia para con los niños, legislando para los terratenientes. Es muy burdo.

Y también llama la atención que instalándose una feroz crisis climática en el sur, y de precios de casi todos los productos agropecuarios, los legisladores rivalicen sobre repartos: como aparecer como más interesados en los escolares, como figurar como más preocupados por los productores chicos.

El interés de estos debería motivar otro tipo de reflexiones pensando en los tiempos que vienen. Sería bueno saber, con la leche a casi 20 centavos de dólar, con una sequía inusitada en el sur, con precios de los granos y oleaginosos que se arrastran por el suelo y sin mucha perspectiva, por qué no discuten acerca de cómo actuar para que enormes costos internos rígidos puedan ajustarse a la nueva realidad.

Este nuevo impuesto es injusto y mentiroso en su afán justiciero. Pero además, planteado en este momento implica dar la espalda a una realidad que golpea todos los días en tantos y tantas, por cuyo respeto al menos se debería postergar esta discusión que tiene mucho de bizantina.

En efecto, rivalizar sobre cómo ayudar mejor a la escuela en un contexto de la enseñanza como está, y competir sobre cómo ayudar con mínimos no imponibles a pequeños productores después de ponerles un nuevo impuesto, en medio de una sequía brava y caídas de precios (no de costos internos), esto se parece mucho a las Cámaras de Ellauri.

Editorial