EDITORIAL

La trata, una forma de esclavitud

Un reciente informe de Estados Unidos reitera que Uruguay incumple con las normas mínimas contra la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, un delito que debe combatirse en todos los frentes.

El informe anual sobre Trata de Personas redactado por el gobierno de Estados Unidos para el 2017 señala que el gobierno uruguayo "no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas". Informes anteriores del mismo origen así como los elaborados periódicamente por ONU reiteran que Uruguay es "un país de origen, tránsito y destino para hombres y mujeres sometidos a través de trabajo forzado y trata con fines de explotación sexual".

Ante una acusación tan grave que daña la imagen del país a nivel internacional resulta imperioso adoptar diversas medidas para combatir la trata de personas, un crimen execrable que vulnera los derechos humanos de los más desvalidos. Si bien hay normas legales para combatir esta clase de delitos existe la convicción de que deben actualizarse al tiempo de agravar las penas para quienes medran con este tráfico humano.

Desde el año pasado trabaja en el Senado una comisión que ya produjo un proyecto que contiene una serie de medidas para la prevención y el combate de la trata de personas. Esa comisión sigue sesionando actualmente sobre la base de ese proyecto que establece los lineamientos generales de la política pública en la materia, las responsabilidades del Estado, los derechos de las víctimas, la atención que se les debe prestar, la tipificación de los delitos y un conjunto de previsiones para mejorar la investigación en torno a estos delitos.

Uruguay no solo ratificó los convenios internacionales vinculados al tema sino que en 2008 introdujo en nuestro ordenamiento legal la trata de personas como delito penal autónomo. Esas normas no alcanzaron a cubrir los diferentes aspectos del problema por lo que desde hace tiempo se reclama una normativa más completa. Se espera que este año el Senado apruebe el proyecto que cuenta con el respaldo de blancos, colorados y frenteamplistas, coincidentes todos en la necesidad de mejorar la prevención y represión de esta forma de esclavitud.

El reciente informe estadounidense aunque reconoce los esfuerzos hechos por nuestro país expone algunas carencias que deben solucionarse con la nueva ley. Una de ellas es la necesidad de imponer penas "suficientemente severas para los tratantes condenados". Al respecto, el documento del Departamento de Estado recuerda que en 2016 fueron condenadas tres personas por trata con fines de explotación sexual, pero expresa sus temores porque las penas pudieron ser "inadecuadas para disuadirlos de cometer estos delitos". Indica además que "no hubo un sistema para hacer el seguimiento de los casos que se encontraban en la órbita judicial". Prueba de ello es que el año pasado hubo apenas cuatro procesamientos por esos delitos en comparación con los 16 registrados en el transcurso de 2015.

Hay que destacar que el proyecto de los senadores ya denotaba su inquietud por ese tipo de observaciones. Su articulado toma en cuenta las experiencias internacionales pero al mismo tiempo procura crear normas acordes a la realidad nacional. Ese esfuerzo de adaptación se hace patente cuando se advierte que la trata de personas es un fenómeno que en Uruguay afecta especialmente a mujeres adultas, jóvenes y adolescentes. Se advierte además que aunque la trata con fines de explotación sexual "ha sido la más visibilizada en nuestro país" en años recientes "se han constatado casos de trata laboral y aun permanecen ocultas otras formas de expresión" de estos tipos delictivos.

Mientras el proceso legislativo sigue adelante el gobierno no debería descuidar las acciones para frenar la trata de personas. Se sabe que el ministerio del Interior está llevando adelante un plan para capacitar a cientos de policías en la persecución de los responsables de la trata. Prueba de ello es que en los últimos años se desbarataron redes criminales dedicadas a este tráfico humano en el interior del país. Una iniciativa que los informes internacionales sugieren es la de realizar campañas públicas para crear conciencia entre la gente de la gravedad de la trata de personas sobre todo la que supone explotación sexual. Al respecto se detecta en sectores de la población cierta tendencia a tolerarla, una actitud que debe combatirse.

Otro aspecto negativo resaltado por el informe estadounidense es que los servicios de atención a las víctimas de la trata son inadecuados. Sobre ese particular se ocupa el proyecto de ley a debatir en el Senado que le adjudica al gobierno la responsabilidad de velar por la situación de esas personas, víctimas de un delito deleznable reñido con la dignidad humana.

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