EDITORIAL

Transparencia y financiación partidaria

Actualmente el sistema electoral en Uruguay está diseñado para fomentar el oscurantismo. La legislación sobre el financiamiento en todas las etapas debe asegurar una competencia equitativa y justa.

La democracia no es viable sin instituciones sólidas. La Constitución es el marco legal que garantiza la vigencia de derechos fundamentales y regula el sistema de pesos y contrapesos que Montesquieu definió como el principio de separación de poderes. El incumplimiento de estas normas no solo afecta el sistema republicano sino que instala la desconfianza en esas reglas de juego que tienen su origen en la soberanía popular.

Por otra parte, una democracia representativa tiene como pilares básicos a los partidos políticos y si estos no gozan de legitimidad, la defensa de ideas y opiniones propias del pluralismo no podrá ejercerse con la debida autoridad moral de cara a la opinión pública.

Por tales razones, se necesita dotar de credibilidad al sistema democrático y a su institucionalidad para que la demagogia y la corrupción no derramen sus efectos disolventes en la sociedad al mezclar clientelismo con corrosivas prácticas de gobierno.

La primera, se pone de manifiesto cuando los programas partidarios y sus candidatos comprometen su acción de futuro mediante propuestas que desaparecen como por arte de magia luego de cada elección

La segunda, es más grave, porque la corrupción atenta contra la integridad ética de las personas y los valores de la sociedad. El corrupto se maneja con prác-ticas que van desde la comisión de deli-tos en el ejercicio de la función pública para enriquecerse personalmente, hasta la utilización de medios orientados a financiar las actividades de sectores y de partidos políticos a cambio de la venta "de influencias".

La honestidad no puede definirse como una virtud. Una sociedad funciona mal cuando la integridad moral se percibe como una excepción y no como la regla que debe marcar las conductas de los que administran recursos públicos.

La ley es la que tiene que combatir todo acto de corrupción. Y para eso debe tener en cuenta la variedad de instrumentos destinados a obtener recursos de dudosa procedencia, como se comprueba en los escándalos surgidos en el Uruguay y en todos los continentes por la acción de poderosas empresas y empresarios que condicionan la conducta de los gobernantes a cambio de sus contribuciones para sus campañas políticas.

Por otro lado, una corrupción más difusa se vincula con la financiación de los partidos políticos asociada al oscurantismo de sistemas electorales como el nuestro. Veamos: las elecciones internas en que se decide quiénes serán candidatos a la Presidencia por cada partido no están regidas por el voto obligatorio y tampoco por normas que controlen la financiación de campañas. Sin embargo, luego, en las elecciones nacionales, el voto es obligatorio y el Estado aporta recursos para facilitar que partidos y candidatos hagan conocer públicamente sus propuestas y equipos de gobierno.

El sistema es tan absurdo como inequitativo, porque es en las elecciones primarias donde los recursos adquieren mayor importancia, ya que, al no ser el voto obligatorio solo votan los que tienen interés en decidir quiénes serán sus candidatos al tiempo que no todos los que compiten acceden a los mismos medios y recursos en un marco de igualdad.

Una moderna legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos debe ser aprobada cuanto antes. No es posible continuar con este germen de compromisos que termina en escándalos políticos y judiciales que erosionan la confianza en las figuras públicas y condicionan la eficacia de toda gestión de gobierno; más todavía, cuando con fines electorales existen nuevas modalidades practicadas por algunos jerarcas de empresas estatales, que amparados en sus prerrogativas gastan millones de dólares de los contribuyentes en publicidad, eventos y hasta proyectos faraónicos fugados de los mínimos controles institucionales.

La transparencia es un objetivo que el sistema democrático debe perfeccionar basada en la igualdad de competencia, eje principal del sistema democrático, lo que hace necesario conocer el origen y registro de los recursos que se destinen a los partidos políticos en todas las instancia en que la ciudadanía deba pronunciarse.

Las normas que se aprueben tienen que asegurar detalladamente el con- trol del Estado para evitar que los principios republicanos deriven en una mas-carada plagada de compromisos que actúen como antesala de una corrupción generalizada. Alcanza con echar una mirada en la vecindad y en el escenario global para darnos cuenta que la transparencia es el valor primero que una democracia debe exhibir. Una ley en ese sentido llama a responsabilidad a todos los partidos políticos.

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