Casilda Echevarría
Casilda Echevarría

Transparencia y corrupción

Compitiendo por el puesto del mejor alumno, Uruguay corre a suscribir acuerdos para pasar los análisis de transparencia frente a la OCDE o frente al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sin importar si las exigencias impuestas por los gobiernos de los demás países son beneficiosas o no para la inversión en Uruguay. Dicho esto, no en contra de integrar los organismos, sino en contra de cumplir, no siendo miembros, con exigencias que no nos son favorables.

Compitiendo por el puesto del mejor alumno, Uruguay corre a suscribir acuerdos para pasar los análisis de transparencia frente a la OCDE o frente al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sin importar si las exigencias impuestas por los gobiernos de los demás países son beneficiosas o no para la inversión en Uruguay. Dicho esto, no en contra de integrar los organismos, sino en contra de cumplir, no siendo miembros, con exigencias que no nos son favorables.

En efecto, otras son las exigencias de tales entidades, para considerarnos aptos para ingresar a su núcleo, que afectan por ejemplo la reforma del estado y de sus empresas públicas, lo que ciertamente sería altamente beneficioso para todos, pero las medidas tocarían intereses de gremios poderosos, al igual que si comenzamos por la reforma de la educación, también requisito de la OCDE, pero parecería que tenemos oídos solo para lo que queremos oír. En otras palabras hemos usado el cuco de la OCDE para llevar a cabo una reforma que estaba en los principios fundamentalistas de ciertos sectores no liberales que desprecian la libertad y la privacidad de las personas y solo desean tener información para aplicar la garra impositiva sobre los bienes de los ciudadanos.

Como si ello fuera poco, hacemos oídos sordos a la falta de transparencia, por llamarla así, en la administración de los recursos públicos: millones y millones se pierden en mala administración o uso indebido de los recursos y solo atinan algunos a intentar derogar cualquier norma penal que pueda llegar a sancionar a quienes impunemente utilizan para su propio bien, el de sus correligionarios, sus amigos o simplemente para malgastar, aquello que ha sido obtenido con el esfuerzo de los contribuyentes.

Lo políticamente correcto solo funciona para quedar bien con los organismos internacionales y los gobiernos que anhelan descubrir los fondos que podrían constituir la base imponible de los impuestos que engrosan sus arcas.

El interés de los gobiernos es aumentar sin límite sus ingresos, pero y ¿cuidar los egresos, como en cualquier administración racional? De eso ni hablar. Estamos en tiempos de discusión de la rendición de cuentas y se alzan voces en contra de la ciudadanía en términos de intentar seguir obteniendo riqueza del único que la produce, el sector privado.

Señores, empecemos por hacer que la educación pública sea eficiente, que los jóvenes se formen para desempeñar tareas más especializadas que no serán desplazadas por nuevas tecnologías, acotemos el gasto público de modo de no asfixiar, mediante impuestos y tarifas públicas, la producción nacional.

Llega la hora de la discusión de las cuentas públicas y la ciudadanía quisiera saber cuántos son los recursos a repartir, de qué impuestos provienen y en qué se gastarán, no en términos de porcentaje del PBI sino en términos de programas debidamente presupuestados.

No trabajemos más para los organismos de fiscalización de los gobiernos extranjeros, gobernemos para nuestra gente, para la prosperidad digna de quienes desean trabajar y hacer de su producido una herramienta para el desarrollo de su familia y no para un flujo hacia estados insaciables. De mantener el rumbo, los ignorantes serán cada vez más ignorantes y los pobres seguirán siendo tales, ante la mirada indiferente de quienes tienen la responsabilidad de cambiar su destino y no lo hacen.

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