En primer lugar es evidente que todo esto termina por conformar una especie de bomba de tiempo de odio y resentimiento en los estamentos sociales más vulnerables cultural y económicamente. En segundo lugar están las consideraciones que refieren a la sociedad toda.

No es un tema de los más populares para tratar. Pero es un tema de los más graves que siempre tenemos pendiente, porque de no resolverse bien y pronto, seguiremos teniendo en reclusión penal a jóvenes que al salir de la cárcel reincidirán en el delito.

Las advertencias y los diagnósticos de situación hace mucho tiempo que se acumulan. Todos sabemos que tenemos la mayor cantidad de presos cada 100.000 habitantes de toda Sudamérica; que nuestra población carcelaria es mayoritariamente joven, masculina, poco instruida y proveniente de los barrios con mayores necesidades básicas insatisfechas de la periferia de Montevideo; que las inversiones en infraestructura para enfrentar el aumento de población carcelaria de los últimos años han estado lejos de ser suficientes; que el hacinamiento sigue siendo grave y abarca a más de un tercio del total de los más de 10.000 presos del país; que hay tráfico y consumo de estupefacientes y se forman bandas criminales en torno a estos flagelos; que los presos viven un calvario hecho de ocio, violencia cotidiana y falta de formación para poder reintegrarse con éxito en la sociedad; y que hay centros de reclusión en donde se violan todos los días los más elementales derechos humanos, tanto a nivel de cárceles de mayores como a nivel de centros de reclusión de menores infractores.

Como país hemos reinstaurado la pena de muerte en las cárceles, salvo que ella ahora no es el final de un juicio justo y con garantías, sino que es el resultado de alguna reyerta carcelaria que se termina resolviendo en enfrentamiento armado. Este año viene siendo el del récord de muertes en nuestras cárceles por causa de homicidios entre presos: 15 casos en total hasta ahora, lo que implica que se trata de la mayor causa de muertes. Pero el fenómeno no es nuevo: en esta década frenteamplista hubo un promedio de 10 muertes de este tipo por año.

Hay una posición fácil que infelizmente va ganando a nuestra sociedad que sufre cada vez más la inseguridad. Parecerá una descripción caricatural, pero no lo es: ella dice que si esa gente está en la cárcel es porque cometió algún delito; que si pasa mal allí que se arregle como pueda, porque afuera de la cárcel también hay mucha gente pasando mal; y que si se muere en prisión es un problema menos para la sociedad toda. Esta forma de ver las cosas no tiene como prioridad alguna invertir en el mejoramiento de la situación general de las cárceles, desde brindar allí educación para formar a los presos en trabajos útiles hasta mejorar sus infraestructuras para asegurarles un mínimo de vida digna, ya que los centros de reclusión son considerados poco menos que una especie de depósito en donde alojar malas personas que se merecen lo peor.

Más allá de las consideraciones morales que este razonamiento conlleva y que no vienen al caso discutir aquí, hay al menos dos consideraciones menos teóricas y más utilitarias que dejan ver hasta qué punto toda esta visión que se ha ido extendiendo en nuestra sociedad es un tremendo error.

La primera consideración es la que refiere al entorno social de los presos. Entre sus padres, parejas, hermanos e hijos, estamos hablando de no menos de 60.000 personas que giran en torno a esta terrible realidad cotidiana de nuestras cárceles. Ellos ven todos los días como se maltrata a la población carcelaria del país. Sin contar, por supuesto, con las terribles y humillantes situaciones que deben vivir periódicamente esos familiares para asistir a las visitas de cárceles, algunas de las cuales describiera en esta página hace poco con desolación Juan Martín Posadas.

Es evidente que todo esto termina por conformar una especie de bomba de tiempo de odio y resentimiento en los estamentos sociales más vulnerables cultural y económicamente.

En segundo lugar están las consideraciones que refieren a la sociedad toda. Porque hay como una ceguera colectiva que no quiere ver que los presos, todos, en algún momento salen de las cárceles. Si nuestro sistema de reclusión es así de infame, es evidente que cuando ocurra esa salida la reinserción social del preso, cuando exista, será escasa y además muy frágil. Y en la mayoría de los casos, simplemente saldrán delincuentes prontos para cometer un nuevo delito contra la sociedad tan o más grave que el que cometieron antes.

No conviene a nadie tener estas cárceles cada vez más pobladas, en las que se violan los derechos humanos y que son posgrados del delito. Pero infelizmente este es otro de los nefastos legados del Frente Amplio gobernante.

EDITORIAL