Editorial

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El trámite de la ley de presupuesto supondrá una nueva ocasión para superar la discusión de los gastos desde la perspectiva limitada de las cuentas del estado.

Cuando se analicen propuestas de gastar más para atender las siempre crecientes necesidades, se corre el peligro de abordar las propuestas que ya se empiezan a conocer, solo en una perspectiva de balance contable.

En este sentido el gobierno exhibe una preocupación que, en contraste con el anterior, supone un avance: intentar que el déficit se encuentre dentro de límites manejables. No obstante sigue siendo insuficiente; en efecto cabe recordar que puede existir un presupuesto equilibrado con presiones fiscales de 25, 30 o 40% respecto de la producción, y en cada caso se estarían soslayando las discusiones más relevantes.

Si la oposición solo se enoja por defender la inexistencia de déficit, estará haciendo algo, pero poco. Porque las cuentas equilibradas no nos dicen nada respecto de la calidad del gasto, de la lucha por hacer las cosas de otra manera, aunque se gaste lo mismo. En la educación tenemos el ejemplo: proponer gastar más o igual, aun sin déficit, soslayando la discusión sobre el modo de hacer las cosas, sirve de muy poco. Del mismo modo, pensar solo en equilibrar números sin referencia a la presión fiscal que a ello se asocia, al espacio que queda para la actividad libre de la gente, también supone una discusión limitada.

Pero la discusión más relevante, la que debería ser preocupación dominante en la oposición, no consiste solo en mirar balances, déficit, superávit e impuestos. La que más vale la pena dar es la referente a los roles que corresponden al estado y a los privados.

Cuando se propone gastar en esta o aquella actividad, aunque exista una necesidad, primero se debe determinar si corresponde al estado solucionarla, o quizás solo impulsar a que la propia gente lo haga por sí sola: nada menos que el principio de subsidiariedad. Un buen ejemplo de este tipo de abordaje lo da el gobierno cuando propone un nuevo enfoque de coordinación del accionar de todas las empresas públicas, estableciéndoles límites severos en lo económico. No obstante, y siguiendo la realidad de Ancap por ejemplo, lo malo de la gestión de esta empresa no es que pierda plata aun siendo monopólica: eso con ser serio no es lo peor.

Lo definitivamente grave es que se dedica a hacer tareas que nadie le encomendó, y que las hace de modo autónomo e invadiendo áreas que son del sector privado. Ese es el problema: que Ancap tiene su propia política exterior, su propia política energética, financiera y hasta de tierras, habiéndose extralimitado en sus funciones, por sí o a través de sus satélites entre las que destaca ALUR. En esta pasa lo mismo: el problema no es solo su balance; es sobre todo si está bien que haya generado un nuevo monopolio en los biocombustibles, o que se meta en el mundo de la agricultura, del comercio, de la ganadería, etc.

Algo parecido ocurre con los impuestos. Hay un límite a la presión fiscal que no es económico: refiere al derecho de propiedad, porque también se expropia haciendo tributar injustamente, o en una medida insoportable. Y por supuesto: aumentar la presión fiscal no solo puede ser un modo de expropiar sin pagar, sino también, dado el momento del ciclo económico, un riesgo enorme de bajar el nivel de actividad y en consecuencia el empleo.

Finalmente unas palabras sobre la estatolatría creciente de la sociedad uruguaya desde 2005.

El Estado parece haber reemplazado el rol que siglos pasados jugaba la Iglesia. La gente ya no pelea duro mientras pide a Dios por trabajo, alimento, ropa, un techo o salud, sino que redirige sus peticiones al gobierno de turno. El dios estado se supone presente para asistir a los necesitados. Se cree que el Estado detecta a tiempo cada problema y luego actúa en consecuencia. Así el estado es la nueva Iglesia, y el presidente de turno se convierte en ídolo, sobre todo si habla en máximas y responde personalmente a cada pedido o necesidad.

En definitiva la discusión presupuestal debe ser antes que nada institucional. Debe transitar por los roles que se entiende deben tener los diversos actores de la sociedad, en especial determinando a quién corresponde la solución de los problemas.

Y esto debe hacerse sin caer en la demagogia a lo Robin Hood, pensando que hay derecho sin límite a quitar con impuestos a los que han logrado más; sin temor a poner en el banquillo el propio principio de igualdad, contrastándolo con otros que lo anteceden.

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