La falta de información y transparencia en el manejo de las empresas públicas, permite muchas veces subsidiar otras actividades y un gasto descontrolado que, como siempre, termina pagando el pueblo.

La transparencia no sólo tiene que ver con la conducta de los jerarcas de la Administración Pública; en realidad es la obligación central del sector público para dar cuenta de lo que hace con el dinero de los contribuyentes que tienen derecho a reclamar servicios públicos eficientes.

El razonamiento es muy simple: si pago diez tengo derecho a que los servicios que me presten las empresas públicas tengan una relación adecuada; por tanto, el costo del servicio es la referencia que permite identificar subsidios cruzados o directos en el funcionamiento de la economía. En otras palabras, una relación transparente entre costos públicos, precios y tarifas permite conocer quién subsidia a quién en el aparato productivo de un país.

Sin embargo, el tema está rodeado de un irreversible oscurantismo técnico y político. Más preocupante es cuando la ministra de Industria hace anuncios sobre la baja de algunas tarifas sin ingresar en el meollo de los servicios energéticos, es decir, en la identificación de los costos relacionados con las tres unidades de gestión: Generación, Transmisión y Distribución. Esto requiere de un simple cálculo que descubre si la empresa cobra por encima o debajo de su costo.

La Ministra no ignora esta situación y no quiere presionar a UTE para que divida las unidades de gestión e identifique sus costos por separado. Por eso, elige el camino lateral de la demagogia anunciando rebajas de tarifas divorciadas de todo estudio sistémico. Como se sabe las tarifas son tres: la residencial, la preferencial y la que paga el gran consumidor, y que en la segunda, que pagan más de 120.000 usuarios, el costo es muy inferior a la tarifa aunque ese porcentaje se desconoce, porque ni UTE ni la Ministra están dispuestos a darle transparencia a su política comercial. La razón también es simple: eso sería desnudar una histórica filosofía monopólica que siempre ha sido el refugio de un corporativismo estatal que pagan todos los uruguayos sin la menor explicación.

La Ministra ha hecho público el anuncio de que el Ministerio trabaja en un planteo conceptual a realizar por la UTE para que los "beneficios de la matriz energética sean transferidos a la población", que consistiría en un modelo que, sin afectar las cuentas del Estado, aporte transparencia y traslade mejoras a los sufridos clientes de la UTE.

La Ministra ha descubierto una "concepción nueva que hasta ahora la UTE no ha manejado", basada en el mecanismo de calcular todo con las proyecciones actuales y ajustarlas a la realidad. Y puso como ejemplo el registro de vientos o de aguas, distinto al previsto. La verdad es que nuevamente se le quiere tomar el pelo a la población; es más, se podría decir que esto incluye al propio Poder Ejecutivo que no puede ignorar que este demagógico mensaje público está divorciado de sustento técnico y de la mínima seriedad que la política energética requiere.

Esta "fórmula", ha insistido la jerarca, debe ser trabajada en equipo. Y aunque pueda coincidirse en este aspecto, en realidad el primer paso técnico debería ser transparentar los costos de cada unidad de gestión. Lamentablemente eso no sucederá porque saldrían a la luz los "tejes y manejes" de la Empresa que hacen que la población subsidie injustificadamente otras actividades de la propia UTE y un descontrolado gasto público que requiere de recursos que las Empresas Públicas se ven obligadas a transferir a Rentas Generales.

El Poder Ejecutivo debe ser "creativo" afirmó la Ministra; una consigna para no encarar un proceso de cristalinidad de UTE y que a simple vista se ve como un esfuerzo por distraer a la opinión pública respecto del "manotón" que se le quiere dar ilegalmente al Fondo de Estabilización Energética.

Es tiempo de que los responsables de la política energética dejen de tomarle el pelo al pueblo; este es el único que sin sindicato que lo respalde, se enfrenta al "disparatario demagógico" de las autoridades. La discusión sobre la política de generación energética está ausente. Nos encontramos limitados a expresiones corporativas y a llamativos anuncios para bajar algunas tarifas en función de la coyuntura. O algo a no descartar: intereses electorales propios.

Nos preguntamos: ¿por qué a nivel de gobierno no se impulsa un análisis profundo respecto de las distintas fuentes de generación de energía? La única respuesta es que no hay una posición definida en el gobierno y que la política energética está sujeta a las decisiones corporativas de las empresas públicas que más allá de sus competencias legítimas, pueden interpretar o representar el interés general.

EDITORIAL