EDITORIAL

¿Por qué tantos se quieren ir?

Las excepcionales condiciones externas que nos permitieron crecer a tasas históricas disimulaban los abusos, permitiendo llevar a la práctica insostenibles proyectos de perfil socialista, como el impulsado por el entonces ministro de Salud Pública Daniel Olesker.

La columna del miércoles pasado en esta misma página de opinión, del columnista Álvaro Ahunchain, hablaba de la triste realidad que se desprende de una reciente encuesta del Grupo Radar, para la Revista Pro Universitario, sobre la cual este diario informó hace unos días.

De ella surge que el 60%, nada menos, de los estudiantes terciarios uruguayos, tiene como proyecto emigrar una vez finalizada la carrera. Justamente los jóvenes más preparados, la minoría más calificada de este país, piensa que su futuro está en otra parte. Cuáles son las razones que los impulsan a abandonar su tierra no están explicadas, pero más que pensar en que se trata mayormente del natural fenómeno de la globalización, es muy probable que se deba a la sensación de fracaso que se respira en nuestro territorio. A la impresión de que en nuestra nación se hacen muy mal las cosas, que los gobernantes se equivocan demasiado a menudo y el resultado es un país caro, que no arranca y que por el contrario frena emprendimientos y posibilidades.

La lista de gruesos errores de los últimos gobiernos que venimos padeciendo hace muchos años, es demasiado grande. Las pérdidas de dinero de los contribuyentes en proyectos como el Fondes, la sospechosa mala administración de Ancap, los millones para Alas Uruguay, las leyes mal hechas que terminan en juicios millonarios para el Estado como el actual caso de la Justicia y las obras imprescindibles de infraestructura que en cambio no se han realizado, a pesar de la bonanza económica. El costo que significa la inseguridad, no solo del punto de vista humano sino también del económico, contribuye a que el uruguayo tenga que soportar un enorme costo-país que atenta directamente contra las posibilidades de crecer y competir. Que asfixia con las regulaciones y le mete demasiado la mano en el bolsillo a los ciudadanos, para extraerle recursos destinados a poder sustentar un Estado tremendamente pesado desde hace ya mucho tiempo, pero que sigue haciéndose cada vez más grande.

Basta pensar que con una población económicamente activa (PEA) de poco más de 1.800.000 personas, los empleados públicos (Administración Central, ministerios, Intendencias y entes (¿las colaterales?) ascienden a 300.000. Quiere decir que cada 100 uruguayos, 16,6 viven del Estado. Esta canilla se reabrió con el primer gobierno de Vázquez y así siguió in crescendo hasta hoy, pues cuando asumió en 2005, había en plantilla 231.270 personas. Bajo una política más restrictiva se había producido un paulatino descenso a partir del gobierno de Luis Alberto Lacalle hasta la Presidencia de Jorge Batlle. El despilfarro ha sido una característica de los últimos períodos y las excepcionales condiciones externas que nos permitieron crecer a tasas históricas disimulaban los abusos, permitiendo llevar a la práctica insostenibles proyectos de perfil socialista, como el impulsado por el entonces ministro de Salud Pública Daniel Olesker.

Una reforma llevó a quedar centralizado en el Estado todo el cuidado de la salud. Así como Olesker no dejaba de hablar de la maravilla que sería la creación del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), no faltaron las advertencias de parte de quienes afirmaban que se estaba gestando una maquinaria monstruosa que muy pronto sería deficitaria. Que se convertiría en un pozo sin fondo, tal como ha sucedido en la mayoría de países con sistemas de ese tipo y que los requerimientos de más fondos al Tesoro irían en aumento.

Exactamente lo que hoy ocurre. El déficit del Fonasa en 2016 rondó los $ 15.000 millones, equivalentes a 1% del PBI, superando en más de $ 5.000 millones la previsión del Ministerio de Economía, según la ley de presupuesto. Además, las diferencias entre los cálculos de pérdidas por parte del MEF y la posterior realidad, no es algo nuevo. Se arrastra al menos desde el 2014.

De acuerdo al voluntarismo oficial, y gracias a la reforma, ASSE, (de la cual dependen 40 hospitales), pasaría a atender a mucho menos usuarios ya que más gente se atendería en lo que antes se llamaban mutualistas. Por lo tanto, se produciría una notable mejoría en Salud Pública. Sin embargo, ha quedado demostrado que, o era solo una expresión de deseos o simplemente propaganda. Porque lo cierto es que la atención pública sigue siendo lamentable, (siempre hay excepciones) y los escándalos y las acciones fraudulentas que cada tanto salen a la luz demuestran la alta dosis de incapacidad de gestión.

Por su parte, el sistema mutual se ha resentido aún más. Según el SMU 20% tiene serios problemas financieros.

Los usuarios son las víctimas.

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