Editorial

La Suprema Corte y la vestimenta

El presidente nos recibió ataviado con ropas deportivas viejas y manchadas, y calzado deportivo agujereado", recordaba hace poco un periodista argentino en La Nación de Buenos Aires refiriéndose a una entrevista con José Mujica. Agregaba que esa vestimenta no era fruto del azar sino de una elección cuidadosa pues "Mujica resolvió mantener su aspecto en todo lo posible parecido al uruguayo de a pie" como una forma de "ganarse la confianza de la gente", según él mismo explicó.

No cabe duda que esa estrategia marketinera le dio buenos resultados al presidente de la República en su carrera política, pero es de esperar que no contagie demasiado a otros políticos y gobernantes. En Tabaré Vázquez, por ejemplo, un atuendo astroso sería inconcebible pues en materia de guardarropa es algo así como la antítesis de su correligionario frentista. Tanto lo es que en una de las reuniones con los miembros de su futuro gabinete ministerial les reclamó que cuidaran su indumentaria, una orientación para la cual él marcó el camino al presentarse inmaculadamente vestido en sus primeras apariciones como presidente electo.

Si bien es cierto que, como dice el refrán, el hábito no hace al monje, está claro que algo ayuda. Sobre todo si en vez de un simple monje se trata de autoridades que representan al Estado y lo hacen imbuidos de aquello que los romanos denominaban "gravitas", o sea actuar con la dignidad, la seriedad y el sentido del deber que las tareas públicas imponen. En vez de buscar ganarse de manera facilonga las simpatías del común de la gente lo que corresponde es cumplir respetuosamente con las obligaciones del cargo.

Con ese criterio la Suprema Corte de Justicia acaba de difundir un "reglamento sobre indumentaria" en donde establece pautas para los jueces, funcionarios y público en general. A los primeros no les exige como ocurre en algunos países- el uso ceremonial de uniformes, delantales negros, birretes o pelucas empolvadas, sino sencillamente les indica que se vistan correctamente, lo menos que puede pedirse en un país republicano. A los demás les reclama que concurran a juzgados y tribunales "debidamente aseados y vestidos", adjuntando además una lista quizás demasiado detallista- de prohibiciones de usar bermudas, chancletas, camisetas con imágenes ofensivas, gorros, etcétera.

La Corte explica que estas medidas son una reacción ante "los rápidos y profundos cambios socioculturales experimentados en los últimos años que han acompañado el transcurrir de la moda y los valores de la modernidad" y que generaron que "el público se volcara hacia usos más despojados e informales". Lo que trata es de preservar en el ámbito de la Justicia unas pautas de decoro que siempre existieron y que en los últimos años fueron quedando desplazadas por esa línea que encarna el "vale todo" propagado intencionalmente por Mujica.

Un "vale todo" llevado a extremos indecibles como aquella vez en que el presidente participó en la ceremonia de asunción del ministro de Economía, Mario Bergara, luciendo unos pantalones "pescador" y unas viejas sandalias por las que asomaban uñas que, por su tonalidad, un periodista extranjero comparó con "mejillones". Es posible que con ese acto Mujica, fiel a sus principios de marketing político, haya ganado ciertas simpatías populares, pero es claro que con su exabrupto dejó impresa una mancha difícil de borrar en la jerarquía de la institución presidencial. Se ha dicho con razón que con esas actitudes se desvaloriza la investidura que se ostenta porque es en atención a ella que deben guardarse las formas. Los funcionarios que no las respetan exponen un talante egoísta porque privilegian sus características personales por encima de los deberes del cargo. Alegan que lo hacen por humildad cuando en verdad lo que quieren es sobresalir, llamar la atención a toda costa. Y lo que es peor trasmiten hacia abajo la idea de que las formas no importan, que un gobernante puede hablar mal, vestirse mal y pasarse por el moño las reglas establecidas.

Los efectos de ese tipo de actitudes no tardan en notarse en el seno de la sociedad que empieza a preguntarse en qué momento perdió pie en su escala de valores.

Contra esa tendencia decadente es que reacciona la Suprema Corte de Justicia. Podrán discutirse algunas de las reglas impuestas en las sedes judiciales, pero su orientación es correcta.

El respeto a las normas y formalidades es esencial en todo país en donde rija el Estado de Derecho. Desconocerlas es una regresión y, en definitiva, una amenaza a la convivencia civilizada.

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