EDITORIAL

Solidaridad frenteamplista

En nombre de la solidaridad, amplias mayorías populares han beneficiado en silencio a grupos de privilegiados. Abundan los ejemplos que van desde el precio del boleto hasta las inversiones extranjeras, pasando por el Fondes, la bancarización y otras yerbas.

Hay una idea muy común según la cual ser solidario con el que menos tiene es sinónimo de ser de izquierda. Sin embargo, por lo menos aquí en Uruguay, esa definición no se ajusta a la verdad.

No habrá politólogo compañero, ni organización social comprometida con la realidad de los más necesitados, ni líder de opinión que aparente cierta objetividad en tiempos electoralmente calmos que lo explique. Nadie lo dirá porque es una verdad incómoda para la moral izquierdista. Pero lo cierto es que bajo estos gobiernos del Frente Amplio la solidaridad social no ha fluido desde el que más tiene al que más precisa, sino que por el contrario, muchas veces ha provenido de las amplias mayorías populares y beneficiado en silencio a grupitos de privilegiados, como lo muestran los siguientes ejemplos.

El boleto en Montevideo está a $ 33. Es un precio caro que incluye el costo de salarios a los trabajadores del transporte, dentro de los cuales está el inefable guarda de ómnibus cuya tarea a esta altura del siglo XXI es realmente de museo. Pues bien, si se midiera el promedio de ingresos de quienes utilizan ómnibus y se lo comparara con el salario promedio del guarda, el resultado no dejaría la más mínima duda: el guarda gana mucho más que la gran mayoría de quienes usan los ómnibus. Con el boleto a $ 33 y soportando en demasiadas unidades al inamovible guarda, lo que está operando en realidad es la solidaridad frenteamplista: los más pobres financian a un grupito de privilegiados.

El Fondes apoyó varios proyectos llevados adelante por trabajadores que intentaron su suerte empresarial y a los que, en general, les fue muy mal. Así se perdieron cerca de 70 millones de dólares. ¿De dónde salió el dinero del Fondes? De las utilidades del Banco República, que gana mucho dinero otorgando préstamos sociales a los jubilados más pobres. Funcionó aquí también, por años, el mecanismo de la solidaridad frenteamplista: los jubilados más pobres, con sus préstamos pagados religiosamente, fueron los que colaboraron en generar las ganancias que fueron a parar a préstamos fáciles, nunca devueltos, que beneficiaron a trabajadores compañeros que ganaron por mes, siempre, mucho más que esos jubilados endeudados.

El gobierno ha fijado como prioridad la bancarización de la economía. Eso implica la generalización del uso de tarjetas, sobre todo de débito, con el beneficio que ello trae a los bancos en general, ya que ganan por más actividad y nuevos clientes. Sin embargo, el trabajador que ahora está obligado a tener una cuenta bancaria no puede disponer gratuitamente de sus ingresos. Después de varios retiros por cajero, por ejemplo, su banco le cobra por la siguiente extracción. Tampoco puede girar dinero de un banco a otro sin costo. Estamos aquí ante otra muestra de la solidaridad frenteamplista: esta vez, es el conjunto de los trabajadores que beneficia el negocio y las ganancias de los bancos que además, en la mayoría de los casos, están ligados a capitales trasnacionales.

Con el mismo objetivo de quitar dinero líquido de la economía, el gobierno ha favorecido a las tarjetas de crédito. Así, esas grandes empresas financieras han ganado miles de nuevos clientes, pero no han bajado sustancialmente el costo de las operaciones de sus transacciones. Es así que para no perder clientela, miles de pequeños comerciantes han debido habilitar el uso de tarjetas de crédito y ahora también deben compartir sus ganancias con esos intermediarios que les cobran un porcentaje por sus servicios. La solidaridad frenteamplista impone aquí que los pequeños comerciantes beneficien así a las grandes financieras que manejan las tarjetas de crédito.

Para atraer inversiones extranjeras la izquierda ha multiplicado las zonas francas. Incluso es su gran argumento ahora para convencer a UPM de Finlandia de instalar una nueva planta industrial. De nuevo aquí se ve la expresión de la solidaridad frenteamplista: de forma general, los inversores nacionales son quienes pagan impuestos y colaboran así con el funcionamiento del Estado, y es desde ese Estado que se beneficia con exoneraciones fiscales a los capitales internacionales más poderosos del mundo.

Tras el discurso de la izquierda de preocupación por los más pobres, la realidad es que varias definiciones de políticas públicas esenciales de estos gobiernos han hecho que los menos poderosos sean los que terminan beneficiando a trabajadores o empresarios relativamente más privilegiados. Así funciona, en verdad, la solidaridad frenteamplista.

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