Uno de los problemas de más difícil solución para el Estado es el de los adolescentes que han cometido crímenes graves y que a pesar de su juventud deben estar en prisión.

Sin embargo, por más que el asunto es complicado cuesta justificar el fracaso en la materia de dos gobiernos sucesivos del Frente Amplio. Ahora, con nuevos responsables en el área y una orientación diferente es posible abrigar cierto optimismo siempre y cuando mejoren los procedimientos y exista cooperación de parte del gremio de funcionarios.

Esa cooperación es crucial para la suerte del exSirpa que ahora se denomina Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) dependiente del ministerio de Desarrollo Social. Con algo menos de 800 menores internados y unos 1.700 funcionarios el Inisa propone un camino diferente para lograr la "inserción social y comunitaria de los adolescentes en conflicto con la ley pe- nal mediante un proceso psicosocial, educativo e integral". En esa línea está la presidenta del Inisa, Gabriela Fulco, cuyas primeras medidas recibieron apoyo de los expertos y de diversos sectores políticos.

Sin embargo, su labor enfrenta una firme oposición de parte del sindicato del INAU, el Suinau, según la presidenta denuncia públicamente. Un sindicato acaudillado por Joselo López, aquel dirigente que quedó retratado en un video, impávido y en actitud cómplice mientras iracundos funcionarios apaleaban a dos menores. Procesado por la justicia penal junto con los agresores, López volvió tranquilamente a la jefatura de la actividad sindical para constituirse en uno de los mayores escollos que afronta Fulco.

En efecto, la presidenta del Inisa sostiene que "el sindicato no debería entrometerse en cuestiones de gestión", como intenta hacerlo de modo permanente. El gremio dirigido por López debería cooperar en vez de obstaculizar la acción del directorio como lo hace actualmente, por ejemplo, mediante el abuso de certificaciones médicas. Según Fulco, "cada vez que la gestión avanza con un nuevo plan y ese plan es efectivo" hay un alud de trabajadores enfermos, lo que paraliza o dificulta los nuevos programas. Ella explica además que otra forma de sabotear la acción del directorio es rompiendo las cámaras de seguridad (similares a las que grabaron a López y los suyos) lo que impide controlar la forma en que los funcionarios cumplen sus tareas y en particular si se ensañan con los adolescentes a su cargo.

Situaciones de este tipo no son nuevas bajo los gobiernos del Frente Amplio que, como se sabe, suelen ser complacientes con el poder gremial. Hay casos notables como el de AFE, en donde un minúsculo gremio trabaja desde una década para bloquear los cambios en el ente ferroviario. El Suinau no se queda atrás, no obstante las cuentas pendientes que tiene por aquel video que expuso el maltrato que se les daba a los internos y otras denuncias de las que López y otros gremialistas no salen bien parados.

Esas denuncias recogidas meses atrás por el semanario Brecha —que no es precisamente un medio opositor al gobierno— en una nota titulada "Se derrumba", revelaron el ingreso de familiares de Joselo López al INAU. Lo mismo ocurrió con familiares de otros integrantes de la lista gremial de López, una situación agravada porque esos mismos gremialistas integraban el tribunal que debía seleccionar a los nuevos funcionarios. Así, todo se manejó entre casa con el Suinau haciendo y deshaciendo a su antojo.

Todo eso es parte del "caos" y la "tensión" que heredó el Inisa de las anteriores administraciones según explican sus nuevas autoridades. Un caos que comprende el mal estado de los edificios que sirven como centros de reclusión pese a que en ellos se invirtieron en la última década unos 20 millones de dólares. Brecha señalaba que la investigación de la justicia penal sobre el desastre edilicio se orientaba a indagar una "triangulación del poder" en la que figuraban directivos del INAU, del antiguo Sirpa y, como era previsible, del propio sindicato. Bajo ese poder las obras de infraestructura, adjudicadas la mayor parte de las veces sin licitación, fueron mal terminadas, con incumplimientos de las condiciones estipuladas, lo que determinó que el Inisa estudie llevar el tema a la justicia al tiempo que asume la obligación de restaurar y poner en condiciones las construcciones defectuosas.

En suma, ese pesado lastre y un sindicato que juega en contra conforman la "herencia maldita" con la que deben lidiar los responsables de la compleja tarea de reeducar a los menores infractores. Ojalá tengan suerte.

EDITORIAL