EDITORIAL

De silencios y negocios

En la reciente reunión del Mercosur el gobierno uruguayo demostró una vez más su oposición a censurar a la Venezuela de Maduro. A esta altura, sus argumentos conocidos no convencen nada. La duda es si hay otros que motivan su actitud.

Cuando se observa la tímida y hasta complaciente reacción del gobierno uruguayo ante la represión desatada en Venezuela por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro (99 muertos al momento de escribir estas líneas y centenares de presos políticos, entre otras lindezas), nos encontramos con una total ausencia de motivos para explicar, por lo menos, la pasividad del presidente Vázquez.

Si a ello se agregan las agresiones recibidas directamente por nuestro país —y a esta Administración— parecería que hay motivos más que suficientes para indignarse y perder la paciencia: el vicepresidente Sendic fue calificado de cobarde por el propio Maduro ("por allá salió un cobarde, a tratar de ganar indulgencia con los gringos") en marzo de 2015, sobre el canciller Nin Novoa dijo (también el propio Maduro) que "agrede a Venezuela, coordina con el Departamento de Estado las posiciones contra Venezuela, coordina con la embajadora de Estados Unidos en Montevideo la agresión contra Venezuela y guarda silencio de las masacres en otros países", en abril de este año. Nunca se retractó y apenas recibió un rezonguito su embajador en nuestro país.

¿Por qué esa pasividad asombrosa que hiere al pueblo venezolano en su lucha por la libertad y a la dignidad del pueblo uruguayo que observa como insultan a sus legítimas autoridades?

No hay necesidad de ser muy mal pensado si además de sobrellevar, pero de ninguna manera compartir, los pusilánimes argumentos del presidente Vázquez ("no podemos aislar al pueblo venezolano"), surge la existencia de alguna cuenta que el partido del gobierno mantiene con el régimen de Maduro. Algo que se conoce en nuestro país como "los negocios con Venezuela" que llevaron adelante un grupo de neoempresarios, vinculados con sectores afines al expresidente Mujica en régimen cuasi monopólico y en sustitución del Estado. Algo que fue presentado como denuncia penal ante la Justicia del Crimen Organizado por los diputados Rodrigo Goñi, Jaime Trobo y Gonzalo Mujica.

Veamos simplemente el caso de Aire Fresco (aunque también están Atlansur, Envidrio y Urutransfor). En el marco de visitas del entonces presidente Mujica a Caracas (2010 y 2011), la Cancillería uruguaya al frente de la cual estaba la dupla Luis Almagro y Roberto Conde, firmaron un acuerdo de "seguridad alimentaria" con el ministerio del Poder Popular para la Alimentación, donde nuestro país vendía a Venezuela 40 mil toneladas de arroz, 20 mil de trigo y 3 mil toneladas de pollo. La misma Cancillería firmó también con el ministerio del Poder Popular para el Comercio un acuerdo para "otorgar hasta mil doscientas (1.200) licencias de importación… las cuales serán mil (1.000) para vehículos de tipo familiar y doscientas (200) para camiones…", producidos en Uruguay.

¿Quién llevó adelante esos proyectos? Aire Fresco por supuesto. ¿Cómo y por qué? Desde Cancillería, nuestra actual Cancillería, se informó que no surgen elementos de que se "haya suscrito un acuerdo con un privado para que represente a la República". En pocas palabras: no tienen la menor idea de cómo apareció Aire Fresco firmando en representación de Uruguay en este combo de alimentos, autos y camiones.

La denuncia penal de los tres legisladores, Goñi, Trobo y Mujica, no contiene acusaciones concretas, sino varias preguntas que apuntan a una urgente investigación para que "se conozca realmente si se cumplió con las normas de actuación pública". A saber:

—¿Quién designó a esta empresa para que firmara como contraparte de empresas estatales venezolanas?

—¿Qué procedimiento se llevó adelante para seleccionarla?

—¿En qué ámbito de la administración del país se elaboraron los textos de los acuerdos, convenios o actas que se firmaron?

—¿Qué autoridad asume la responsabilidad de haber determinado que esta empresa firmara los documentos y por qué razón lo hicieron?

—¿Qué asesores legales ministeriales han actuado y/o opinado?

—¿Qué expedientes administrativos se formaron a nivel de los ministerios intervinientes para documentar todo lo actuado y así tener pleno conocimiento del desarrollo de los acuerdos?

La Fiscalía, a cargo del Dr. Carlos Negro y la jueza Beatriz Larrieu, tendrá una ardua labor que permitirá transparentar estos negocios. Y tal vez explique la pasiva actitud del gobierno del Frente Amplio para con Venezuela. Al fin y al cabo, sigue siendo el mismo partido que está en el gobierno y la garantía máxima vuelve a ser la Justicia independiente para conocer la verdad.

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