editorial

La sangre y el río

Si se analiza la posición del gobierno en este fin de semana, parece que la sangre no llegó al río en la crisis con los sindicatos de la educación. El ministro Murro mostró el camino de entendimiento con su satisfacción por la primera declaración, del sábado, que fue de la asamblea de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM). Ella expresó que a cambio del levantamiento del decreto de esencialidad, FUM se comprometería a "considerar en sus Asambleas el restablecimiento de los servicios".

La ministra Muñoz por su parte recordó en un comité de base que el gobierno no quiere derrotar a los sindicatos. Dejó también claramente el camino marcado para lo que terminó sucediendo ayer en las demás reuniones y resoluciones de sindicatos vinculados a la educación.

Hablando de la esencialidad, recalcó que "si se retira todo no habrá ninguna sanción, eso lo ofreció el presidente por el incumplimiento de la esencialidad, entonces estamos a la espera de alguna mejora para instalar una mesa de diálogo".

Las señales funcionaron bien. De alguna forma, la unidad del bloque progresista, político y sindical, no se rompió.

Hubo un decreto de esencialidad sí, pero también es cierto que no se sancionó a nadie por su incumplimiento, y ahora se quiere hacer creer a todo el mundo que la sangre no llegó al río. Sin embargo, la realidad no es esa.

La verdad es que hubo un desafío contundente a la autoridad presidencial. Por parte de los sindicatos, que a pesar de la esencialidad decidieron continuar con los paros. Por parte de la central de trabajadores, que a pesar de amagues de intermediación entre el Ejecutivo y los sindicatos de la educación, terminaron alineándose en el extremismo de las posiciones más radicales, al punto de plantear una denuncia a la Organización Internacional del Trabajo contra el Ejecutivo, por considerar que impidió con su decreto de esencialidad el ejercicio del derecho de huelga. Y finalmente, por parte de los diputados del Frente Amplio, que en comisión en el Parlamento pidieron a Vázquez que diera marcha atrás, y de sectores importantes del partido de gobierno, como el Movimiento de Participación Popular de Mujica con su enorme bancada, que también quitó apoyo a la decisión presidencial.

Quien terminó cediendo entonces fue el gobierno. Quien perdió la pulseada fue Vázquez. Cumplió con su palabra empeñada en campaña electoral de declarar la esencialidad de la enseñanza pero no pudo implementarla. Pasaron los días y las huelgas siguieron.

Es cierto que ellas no contaron con apoyo mayoritario: según datos de la Administración Nacional de Educación Pública, el pasado jueves 27, que fue el día de mayor movilización de estos sindicatos, faltaron a clase menos del cuarto de total de los maestros. En cifras: del total de 25.448 maestros que debían dictar clase ese día, faltaron 5.888. En secundaria, acostumbrada al ausentismo docente, los profesores que no se presentaron a trabajar representaron un porcentaje bastante mayor. Pero sumadas ambas ramas de la educación, la adhesión docente al paro siguió siendo ampliamente minoritaria.

En este contexto, levantar la esencialidad como condición previa a la decisión de los sindicatos de levantar las medidas de fuerza es una derrota política grave. Es el triunfo de los sindicalistas. Hay que admitirlo: Vázquez quedó solo.

Este fin de semana sus ministros intentaron disimular esa debilidad. Pero cualquiera se da cuenta de que los sindicatos lograron su objetivo de quitar la esencialidad, retomar el protagonismo de la negociación sobre el presupuesto y, además, dejar intacto el instrumento de presión de las huelgas que distorsionan severamente el servicio de enseñanza. La propia FUM, por ejemplo, habilitó a su secretariado para fijar un paro de 24 horas ya para esta semana.

La sangre llegó al río. En un futuro y frente a una sucesión de paros dispuestos por la minoría sindicalista de este país, en cualquier sector público o privado, ¿a quién se le puede ocurrir que Vázquez firme nuevamente un decreto de esencialidad luego de esta abrumadora derrota? Tan temprano como a los seis meses de iniciado su segundo gobierno, quedó claro que Vázquez fue arrinconado y tuvo que ceder ante la terrible presión sindical asociada a una parte mayoritaria del Frente Amplio.

Esta grave devaluación del poder presidencial es, en sí, una pésima noticia para la salud institucional del país. Más aún, si se tienen en cuenta los difíciles tiempos económicos y sociales que se prevé que vendrán.

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