Como un sonsonete, cada vez que el Consejo de Ministros se reúne en una localidad del Interior se repite la protesta por el mal estado de rutas y caminos.

La última vez fue en Santa Clara de Olimar donde un productor rural entre aplausos del público le reveló a Tabaré Vázquez que un día antes de su visita, en una acción de cosmética política, habían tapado los pozos más grandes en las principales vías de acceso. Sorprendido, el presidente admitió que la situación vial era "lamentable" y la atribuyó al "incremento del tráfico".

La respuesta no conformó a nadie. Es cierto que el desarrollo de la agricultura y el auge de la forestación multiplicaron el movimiento de vehículos pesados, pero después de casi 12 años de gobierno el elenco del Frente Amplio no puede reaccionar como si el asunto lo tomara por sorpresa. No puede hacerlo un presidente que repite en el cargo y tampoco un ministro de Transporte y Obras Públicas como Víctor Rossi que cumple su segundo mandato.

Lo realmente "lamentable" es que ambos relaten con voz atribulada que recorrieron Treinta y Tres y la ruta 7 dribleando pozos y eludiendo acechanzas del tránsito. Ese gesto de ponerse del lado del denunciante y quejarse junto a él como si ellos no tuvieran nada que ver en la resolución del problema era un recurso que usaba con virtuosismo Mariano Arana cuando le hablaban de la basura de la ciudad y él se quejaba como si fuera un vecino más y no el responsable de limpiarla.

Con esa estrategia, en Santa Clara de Olimar, Vázquez y su ministro aguantaron las mismas críticas sobre el estado de la red vial que escucharon en otros departamentos adonde se reunió el Consejo de Ministros como parte de ese programa que llaman "gobierno de cercanía". Las escucharon, pero nada indica que logren cambiar las cosas pese a que así lo había comprometido el programa del Frente Amplio en la última campaña electoral asegurando que dotarían al país de las "capacidades infraestructurales necesarias para que éstas no sean un cuello de botella sino un motor de impulso".

Hay razones para ser escépticos. En julio del 2015 Tabaré Vázquez anunció que se invertirían 2.360 millones de dólares en infraestructura vial en el quinquenio, "la mayor inversión en la historia del país" pero los números cantan otra cosa. El año pasado sólo se concretaron obras por valor de 180 millones y 2016 cerrará con una inversión de apenas 95 millones, muy lejos de las cifras comprometidas.

El plan presidencial apuntaba a que dos tercios de esa suma provinieran del sector público y el resto del sector privado a través de sistemas de participación público privada (PPP). Sin embargo, al decir del ministro Rossi, el ritmo de la inversión no fue el esperado debido a la lentitud de los trámites burocráticos, a carencias del propio ministerio y de otras instituciones estatales que también tienen responsabilidades en la materia, así como a los plazos requeridos por el sector privado.

Para alguien que estuvo en el quinquenio 2005-2010 sentado en ese mismo sillón ministerial podría decirse que esos problemas pudieron preverse, pero tal parece que no es el caso de Rossi. En vez de explicar por qué su experiencia anterior no le sirvió para encarar con éxito esta etapa o al menos prever las dificultades que hallaría, Rossi prefiere aludir a la herencia que recibió de su antecesor y correligionario, Enrique Pintado, quien más que por su eficacia se hizo célebre por construir un jacuzzi para su uso personal en la sede ministerial. Aunque no la calificó de "herencia maldita" Rossi denunció que recibió "algunos déficits de infraestructura", apelando así a otro antiguo recurso frentista consistente en decir que la culpa la tuvo el otro.

No todo el atraso en la inversión en infraestructura vial se explica por los trámites burocráticos o por culpa de Pintado, porque sabido es que la situación fiscal del país impide que el Frente Amplio cumpla las generosas promesas de campaña realizadas dos años atrás. Claro que lo que llama la atención es que a mediados del año pasado Vázquez, ya consciente de la gravedad de la situación económica, tranquilizara a intendentes y productores rurales desesperados por el estado de la red vial con el anuncio de esa inversión quinquenal de 2.360 millones de dólares que hoy resulta una meta inalcanzable.

Así están las cosas en un tema crucial para el desarrollo económico del país. Ahora, a esperar el próximo Consejo de Ministros en el Interior para oír las mismas quejas sobre el estado de las rutas y las tristes explicaciones del "gobierno de cercanía".

EDITORIAL