EDITORIAL

Registro de violadores en debate

Han pasado nueve años, o 3.285 días, en los que los violadores han podido continuar con sus aberraciones y asesinatos favorecidos por el anonimato, dado que el proyecto de ley sobre un registro de violadores, del senador Luis Lacalle Pou, no fue acompañado por el oficialismo.

Fue en el 2008. O sea que han pasado nueve años, o 3285 días, en los que los violadores han podido continuar con sus aberraciones y asesinatos favorecidos por la impunidad, dado que el proyecto de ley sobre un registro de violadores, presentado por el senador Luis Lacalle Pou en ese año, no fue acompañado por la bancada oficialista. Insistió con él en el 2010 y en el 2015 terminaron archivándolo. Recién ahora, luego de la sacudida social provocada por dos horrendos sucesos ocurridos en estos días, el segunda vez presidente, Tabaré Vázquez, ha manifestado que puede ser que exista la posibilidad de sancionar una ley de esas características. Pero claro, no vaya a ser que se vote una ley cuyo autor, quien tuvo la visión de presentarla hace tanto tiempo, no pertenezca a la cofradía frentista.

Actitud que recuerda lo sucedido con otros proyectos suyos de vanguardia, como el del autocultivo de marihuana. En ambos casos, el Frente Amplio se empeña en ser el padre de la criatura. Lo hizo con lo del cannabis, al presentar más adelante algo de inocultable parecido, aunque menos acertado.

Ahora, la senadora frenteamplista Daniela Paysée habla de que luego que el Parlamento sancione la ley contra la violencia hacia las mujeres basada en género, votada en la Cámara Alta el 14 de noviembre, una vez lo sea también en la Cámara de Representantes, se le puede introducir algún complemento normativo para crear un registro de abusadores. Según se ha dicho, hay un artículo que "implícitamente" incluye esa posibilidad. Si bien reconoció que en la Comisión del Senado que ella integraba, donde se estudió la ley el año pasado, no se profundizó en cómo reglamentarlo.

Al tiempo que los padres de las dos niñas, Brissa y Valentina, padecen el martirio de haber perdido a sus hijas a manos de asesinos depravados, ha vuelto a la palestra pública el debate sobre el registro de violadores. El común de los mortales no deja de asombrarse ante las disquisiciones piedeletristas de varios abogados. Frente a las posturas garantistas a favor del delincuente, los pruritos manifestados delante de quienes esperan que, de votarse ese registro, este resulte lo más efectivo posible. Y que por lo tanto no sea de acceso restringido, sino público. Para que como sucede en Estados Unidos, por ejemplo, una persona antes de tomar la decisión de mudarse a algún barrio, pueda consultar si en el vecindario vive algún pedófilo, violador o abusador. Por supuesto que la oportunidad de consultar dicha lista la deben tener los clubes, los centros de enseñanza, la policía y la justicia, pero no parece razonable tanta preocupación por preservar el nombre (¿buen nombre?) de estos individuos, que tal como lo han afirmado uno y otro especialistas en Psicología y Psiquiatría, estas perversiones no tienen cura. Ni tampoco parece de mucho sentido común que se abogue, como lo hizo un conocido constitucionalista, porque la inscripción no sea perpetua sino por solo un plazo. Tras hacer la salvedad de que se podría volver a registrar a la persona en caso de ser nuevamente condenada por un hecho similar. Dicho en otras palabras, darle la oportunidad al individuo de perpetrar otro crimen de esta naturaleza, amparado por el anonimato. ¿Y la nueva víctima qué? ¿Muerta, abusada, violada?

A consecuencia de estas atrocidades —y que no son ciertamente las únicas puesto que antes de que finalice el año Uruguay cuenta con la infamante suma de 28 femicidios— la sociedad reclama acciones y mano firme.

Pero el ministro Bonomi, en una actividad organizada por Somos, al hablar de su gestión a la cabeza del Ministerio del Interior y sus resultados, parecía Alicia en el País de las Maravillas. Se felicitaba, sin rubor alguno, por haberle cambiado el ADN a la policía y por el descenso del delito bajo su mandato, aunque luego, inesperadamente, avaló la información de Fundapro que muestra un aumento de los asesinatos en noviembre del 58%. Treinta homicidios en un mes, en la desparecida "Suiza de América". Y en este enrarecido clima, en el que el gobierno aparece en cortos en la TV con mensajes para convencer a la gente de que estamos mucho mejor, mucho más seguros (por algo será) se ha empezado a reclamar por la cadena perpetua y hasta la pena de muerte.

Pero eficiente sería empezar por algo más simple: que se cumplan los castigos. Experientes penalistas aseguran que casi no existen casos en que el reo haya cumplido la pena máxima, la que podría llegar a 45 años. Desde la Ley de Humanización en 2005 se hizo imposible, y con el nuevo CPP, menos. Un imputado con 45 años podrá salir a los 20 años. Y las contradicciones entre el nuevo CPP y el CNA acaban de verse en Paysandú, con el sospechoso de asesinato libre en la calle.

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