El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social declaró "esenciales los servicios correspondientes a los Centros de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Educación Técnico Profesional y Centros de Formación Docente", que ha sido rechazada por los gremios de la enseñanza.

El viernes 21 de agosto, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU), en presencia de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, suscribieron el Acta Final de las Instancias de Negociación. Es un documento de doce artículos que trata de un conjunto de temas clave, incluyendo los ajustes generales de sueldos, la reducción de inequidades salariales, y la partida presupuestal por presentismo.

En el Acta se deja constancia expresa de que quienes la suscriben "arriban a la siguiente propuesta a ser considerada por los órganos competentes de cada parte". No es, por lo tanto, el acuerdo final o definitivo.

En los días siguientes el proyecto fue rechazado por las asambleas de las gremiales de la enseñanza que optaron por continuar en su camino de nuevos paros y reivindicaciones que no están de acuerdo a lo convenido en el Acta. Ello sugiere que las diferencias de opinión no existen solamente entre el gobierno y los gremios, sino que en el seno de estos últimos las cosas también están divididas.

El 24 de agosto, el Ministerio de Trabajo emitió una Resolución donde declara la esencialidad de "los servicios correspondientes a los Centros de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Educación Técnico Profesional y Centros de Formación Docente" por un término de 20 días.

La Resolución invoca, entre otros fundamentos, que "las medidas adoptadas hasta el momento han provocado la pérdida de una significativa cantidad de horas docentes y de servicios de alimentación en escuelas de todo el país". También aclara el alcance del Acta suscrita el viernes. En este documento, dice, "se alcanza una propuesta de acuerdo a ser considerada por los órganos competentes de cada parte, la que una vez ratificada sería incorporada al Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional".

La declaración de esencialidad, en lugar de generar un período de tregua, propicio para las conversaciones y negociaciones, hizo escalar el diferendo a un nuevo nivel de radicalización. La medida fue respondida por el abierto desafío de los gremios de la enseñanza y el Pit-Cnt decidió un paro general parcial para ayer, jueves. Sin embargo, e independientemente de la naturaleza del Acta, llama la atención que quienes estuvieron dispuestos a suscribirla el viernes, se opongan a ella el miércoles siguiente.

¿Cuáles son las diferencias básicas entre la propuesta del gobierno y las aspiraciones de los maestros y profesores que rechazaron el Acta?

El primer punto contencioso es el monto del aumento, que es considerado como insuficiente y alejado de los reclamos de los maestros y profesores. En respuesta el ministro de Economía afirmó que en la última década, mientras los salarios del país aumentaron en términos generales un 47%, el de los docentes creció 64%. El ministro agregó que ese mayor aumento relativo, revela un gran esfuerzo "como el que está contenido en el acuerdo que se firmó el viernes pasado, que prevé un aumento de 3,5% por año en términos reales".

Pero también existen discrepancias sobre otros aspectos contenidos en el Acta que tienen enorme importancia.

En el Acta se estableció, primero, que las partidas salariales se habrían de otorgar "conforme se cumpla con los cronogramas establecidos en los calendarios dispuestos en los respectivos planes y programas de estudio de la ANEP"; segundo, el incentivo por el "presentismo"; y, tercero, el compromiso de "no realizar acciones que contradigan lo pactado ni aplicar medidas de fuerza de ningún tipo por este motivo" (con la excepción de las medidas sindicales convocadas con carácter general por el Pit-Cnt). Estas cláusulas encierran aunque sea el embrión de un intento para mejorar el sistema de la enseñanza pública.

Lamentablemente, los gremios consideran que una "cláusula de paz" es inaceptable, y se oponen a establecer un vínculo entre mejorar la calidad de la enseñanza y las remuneraciones. Esto es considerado como anatema o, peor aun, como una medida "neoliberal".

La idea dominante es, entonces, gastar aun más en lo mismo.

Editorial