Las expectativas económicas de empresarios nacionales y extranjeros son determinantes en sus decisiones, en particular, en estos tiempos en que las cadenas de producción incorporan bienes y servicios en varios países.

Por esa razón, los agentes económicos dan cada vez más importancia a la seguridad jurídica y a las relaciones laborales con las corporaciones sindicales; en otras palabras, sus decisiones se toman básicamente en función del costo "Estado" que asumen y del nivel de conflictividad que sufren, en el marco de un "ambiente de negocios" en el que participan diversas variables.

Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo se argumentó en estos días que las inversiones que dejan el Uruguay para radicarse en Paraguay lo hacen debido a la ausencia, en ese mercado, de una efectiva protección de los derechos de los trabajadores. Lamentable y falaz argumento, que muestra otra vez que el gobierno se sigue alimentando de medias verdades. Pero más lamentable aún, cuando es el primero que sabe, que aunque el tema laboral tiene su importancia, los que afectan la competitividad del sector productivo y su inserción en el mercado externo son centrales y son los que realmente cuentan. ¿Puede ignorar el Frente Amplio que la presión tributaria y el nivel de las tarifas y precios públicos hacen a la estabilidad de las reglas de juego, y que en nuestro país estas no son predecibles, ni transparentes, ni razonables? ¿Cree que es lo mismo pagar en Paraguay un 10% de IVA, IRPF y de IRAE que lo que se abona por estos tributos en nuestro país, incluidos los aportes laborales? ¿Puede sostener que no afecta la competitividad el deterioro del tipo de cambio real que venimos sufriendo con nuestros vecinos, en especial con el Brasil? ¿Piensa que es lo mismo negociar con una fuerza de trabajo joven, que con sindicatos ganados ideológicamente por el principio de la lucha de clases? ¿Puede defender una pauta salarial como la que reclama en el mercado interno, con una tasa de inflación el doble de la que registra la economía paraguaya?

Las respuestas son obvias. Pero el Frente Amplio actúa en los dos escenarios, ya sea cambiando las reglas tributarias por falta de voluntad política para controlar el gasto público, ya sea aumentando la presión sindical basada en un planteo de "lucha de clases" que compromete la gestión, desconoce la separación de poderes y perjudica fundamentalmente al consumidor. El único que no tiene sindicato que lo defienda.

La verdad es que para la ortodoxia marxista o socialista, quien tolera al enemigo de clase es considerado un hereje. Lo vemos cuando nuestros sindicalistas, con métodos diferentes nos recuerdan a los comisarios soviéticos que en tiempos del Ejército Rojo portaban miles de sentencias de muerte firmadas en blanco por Lenin, para eliminar las voces discrepantes. Eso es parte de la realidad que vivimos en el Uruguay que tiene en el sector sindical la traba más importante para incorporar la productividad a las negociaciones salariales. Pero que además, en sus dos brazos, tanto público como privado, exige que el Estado gaste más, aunque el déficit fiscal ronde el 4%. Y hace del conflicto y la movilización un medio indirecto que alienta la salida del país de muchos empresarios.

Aunque quiera ocultarlo, el Pit-Cnt desprecia la democracia liberal y hace de la intolerancia un estilo de relacionamiento. Y sabe, pero no le importa, que en tiempos de recesión la caída de la productividad afecta el empleo y que los costos internos de cualquier empresa son los que determinan su permanencia o traslado a mercados más amigables.

Por otra parte, desconoce intencionalmente, que en el sector público el "patrón" es el pueblo; el mismo pueblo al que pertenecen los funcionarios públicos que no son otra cosa que empleados del Estado, que se financia con el aporte de toda la ciudadanía. Pero además atribuyéndose, sin respaldo constitucional alguno, un rol de policía ideológica sobre el gobierno, al amenazar con que no permitirá ninguna orientación que signifique, según su criterio, un giro a la "derecha" del Poder Ejecutivo.

Frente a eso, el ministro de Trabajo responde que los reclamos empresariales son corporativos. El cinismo sindical encuentra socios en el Poder Ejecutivo que detrás de una cortina ideológica miran con un solo ojo las verdaderas fuerzas que inciden sobre las expectativas del sector privado. Exhibe una falsa visión integral para hacer del empresario un permanente villano que se resiste a aceptar el peso de un Estado depredador y las exigencias de su "enemigo de clase". Y en lugar de levantarse contra el despilfarro, la corrupción, la hipoteca sobre el futuro de varias generaciones, ejerce una dictadura sobre la que la historia ya se pronunció. Lamentable.

EDITORIAL