EDITORIAL

El problema con UPM

El secretismo y la manipulación mediática que está haciendo el gobierno con este tema alienta las visiones conspirativas y atenta contra la representatividad democrática en el país.

Es cosa de horas. Esa es la versión que surge cada día de boca de distintos voceros del gobierno sobre el acuerdo para la instalación de la nueva planta de UPM. Pero el secretismo, las versiones inexactas, y el pésimo manejo mediático que el gobierno está haciendo de este tema solo alimenta visiones conspirativas y vulneran la representatividad democrática del país.

Empecemos por lo primero. La inversión de UPM puede llegar a ser la más grande de la historia del país. Los finlandeses son vanguardia mundial tanto en la industria de la celulosa como en protección del medio ambiente. Y si se cumple con los pasos elementales, una definición positiva sobre la inversión es una excelente noticia para el país. Es la confirmación de que la política forestal impulsada por blancos y colorados y continuada pese a titubeos previos por el FA, sigue su sano desarrollo en el país.

Otro detalle. Basta de paranoias y versiones absurdas sobre que el polo forestal no deja ganancias al país. Son miles de puestos de trabajo genuinos, y es desarrollo tangible para grandes zonas del país que han estado por décadas entre las más abandonadas por el Estado.

Ahora bien, eso no quiere decir que haya que firmar cualquier cosa y que la promesa de millones tape el juicio razonable del gobierno. Lamentablemente, eso parece ser lo que está pasando.

Para empezar, ha sido notoria la división en el gobierno sobre los términos de ese acuerdo. A esta altura parece innegable que hay un sector importante dentro del oficialismo que cree que el ansia del presidente Vázquez por firmar a cualquier precio, conspira contra los mejores intereses nacionales a largo plazo.

También parece claro a esta altura que ni el gobierno ni la empresa han mostrado a la ciudadanía estudios suficientes de impacto ambiental como para llevar tranquilidad a las personas razonables de que tamaña inversión, sobre un río interior como el Negro, no implicará un daño significativo al ecosistema nacional. Hablamos de las personas razonables, porque hay un sector pequeño pero muy ruidoso al que se sabe que ni que viniera Al Gore a bendecir el proyecto los convencería.

A todo esto hay que agregar otro problema, y es que el gobierno se niega a informar siquiera al Parlamento sobre las condiciones del acuerdo. Se ha suspendido una comparecencia clave al respecto, y se ha llegado a sugerir que solo se informará a los representantes del pueblo, una vez que ya se haya firmado un contrato que comprometerá varias administraciones a futuro.

La primera cosa que este dislate hace preguntarse es por qué tanto secretismo. Está bien que la empresa demanda un "pacto de silencio" mientras dura la negociación. Pero en ningún país del mundo eso significa que no se pueda informar a los partidos que representan a la mitad del país, ni que un presidente temporal se abrogue el poder para definir algo tan trascendente por si y ante sí, que el mundo ha evolucionado bastante desde Luis XVI, y que en una república hay pesos y contrapesos que deben funcionar para que las decisiones de un gobierno tengan legitimidad.

La segunda crítica que hay que hacer es sobre la pésima política de comunicación que está teniendo el gobierno. No ha habido ninguna información oficial sobre los estudios de impacto ambiental, no ha habido ninguna explicación clara sobre el lugar que se ha elegido ni sobre el alcance de las inversiones públicas que se están ofreciendo como contrapartida. Así no se hacen las cosas.

Como si no se hubiera aprendido nada de lo que pasó hace algunos años, estos misterios absurdos están generando una inquietud creciente tanto sobre el impacto de la obra en sí, como desconfianza en las concesiones oficialistas, y una ola de especulación inmobiliaria y comercial que solo redundará en irritación y protesta una vez que se definan los detalles finales del proyecto.

Está claro que una empresa como UPM no comete este tipo de errores infantiles. Y que lo que hay es un absoluto desmanejo e improvisación de parte del gobierno a la hora de manejar el aspecto comunicacional de un tema tan importante. Y no será por falta de asesores en la materia, donde por ejemplo la OPP (encargada al parecer de la negociación) viene gastando mucho dinero de los contribuyentes para potenciar la imagen del aspiracional presidenciable Álvaro García. ¿No pueden derivar un poco de energía en explicar esto bien a la gente?

Todo una serie de errores absurdos y paranoias injustificables que, es de esperar, no sean una muestra representativa de la inteligencia que está aplicando el gobierno para negociar con los finlandeses.

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