EDITORIAL

Los presos y los DDHH

La sensibilidad de los especialistas gubernamentales en DDHH en realidad está referida siempre a cuestiones del pasado. Esa es la pura verdad de la preocupación sobre DDHH del Frente Amplio.

No es un tema prioritario de las instituciones que se dedican a los Derechos Humanos (DDHH) creadas por el Frente Amplio en el gobierno estos años. Sin embargo, es un tema gravísimo que debería de llenarlas de vergüenza y hacer reaccionar a la sociedad.

Periódicamente la situación en las cárceles es noticia y casi siempre para mal. Cuando no son asesinatos —ya que allí se registran 20 veces más homicidios que en la sociedad en general— son denuncias de malos tratos y torturas entre presos o de parte de las autoridades contra los presos. Cuando no es el hacinamiento, es la incapacidad para generar caminos de inserción social que rehabiliten a quienes cumplieron su condena. Y por supuesto que las malas noticias no conciernen solamente a los presos adultos: también el sistema penal adolescente es un infierno.

En su informe anual presentado al Parlamento, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Petit describió el duro panorama de las prisiones en el país. En el 33% de los centros carcelarios hay "trato cruel, inhumano o degradante" de acuerdo a las normas internacionales que fijan los criterios en la materia. Es decir: en un tercio del total de las cárceles del país se violan los DDHH.

En particular en los módulos 8, 10, 11 y 12 del Complejo Penitenciario Santiago Vázquez (Comcar) los presos pasan semanas encerrados sin salir al patio, sufren hacinamiento y no tienen talleres educativos. Conviven en la violencia, los intentos de suicidio, las extorsiones y el consumo de drogas. Incluso Petit debió presentar hace algunas semanas un recurso de amparo por siete reclusos del módulo 8 del Comcar que estaban desnutridos: uno de ellos, por ejemplo, medía 1,81 metros de altura y pesaba 55 kilos; otro, de 1,70 metros, pesaba 47,3 kilos.

Si se suma a este cuadro feroz el hecho de que otro 41% de las cárceles del país no presentan condiciones suficientes para la rehabilitación del delincuente, es fácil darse cuenta de que la gran mayoría de los casi 11.000 presos en total vive un infierno cotidiano del que poco se puede esperar para el bien de la sociedad toda. Porque la clave es entender que los presos, algún día, terminan cumpliendo su pena y vuelven a la sociedad.

Y allí los datos tampoco son positivos. De los 6.500 que aproximadamente salen en libertad todos los años, se calcula que unos 4.200 vuelven a delinquir. El sistema de rehabilitación falla estructuralmente: las cárceles terminan siendo posgrados en delitos. El gobierno, responsable de las cárceles, no logra reencauzar a una población de presos cada vez más numerosa: son solo 2.150 los presos que estudian, por ejemplo.

¿Qué decir de la situación de los adolescentes privados de libertad por razones penales? A fin de junio la coordinadora de Derechos del Niño de la Organización Mundial contra la Tortura visitó Uruguay para evaluar el cumplimiento de varias recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas había hecho hace dos años. Constató que se mantienen los malos tratos.

Luego de recorrer varios centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente declaró que "todos los centros de detención en los que estuvimos constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes, aunque no se haga nada, aunque no se produzca un hecho de violencia, sólo por las condiciones en las que están viviendo los jóvenes, por las condiciones edilicias, por las horas de encierro, por la situación en la que están, sin un plan, sin nada, por las condiciones en que duermen, por cómo son tratados; hay centros en los que nos dijeron que hay celdas de aislamiento".

Así las cosas, todos aquellos actores nacionales e internacionales que cumplen la tarea de seguimiento de la situación de los centros de reclusión de mayores y de los de adolescentes infractores coinciden en lo mismo: se violan allí los DDHH más elementales. Además, es imposible que en este contexto general alguien pueda salir rehabilitado de su pasaje por esos centros.

Luego de doce años de gobiernos con mayoría propia en el Parlamento, con el período de crecimiento económico más extenso y con los recursos presupuestales más importantes de los que se tenga memoria, la izquierda en el poder ha preferido convivir sin inconveniente alguno con las torturas más atroces en las cárceles del país.

La sensibilidad de los especialistas gubernamentales en DDHH en realidad está referida siempre a cuestiones del pasado. Esa es la pura verdad de la preocupación sobre DDHH del Frente Amplio.

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