EDITORIAL

La prepotencia de los derechos

Una de las innovaciones que la "ola progresista" trajo a la región fue la instalación del lenguaje de los derechos como forma casi monopólica del discurso político. Hoy es casi imposible leer un documento del partido de gobierno o escuchar a alguno de sus líderes sin toparse decenas de veces con la palabra "derechos".

Lo mismo ocurre en países vecinos. Hasta las decisiones más circunstanciales se justifican recurriendo a este concepto. Parecería que en política ya nada puede ser legítimo si no está conectado con la "agenda de derechos".

El problema no es, desde luego, que el concepto de "derechos" sea malo en sí mismo. Más bien al contrario, se trata de uno de los legados más valiosos de esa admirable tradición que es el liberalismo político. Pero el uso prepotente que se está haciendo del término lo ha convertido en una amenaza para la convivencia democrática y el pluralismo.

¿Cuáles son los principales riesgos que acarrea esta recurrencia obsesiva? En primer lugar, esta retórica tiende a quitar toda legitimidad a quienes discrepan con el discurso dominante. Si yo formulo mi programa político en el lenguaje de los derechos, aquel que discrepa conmigo no es solo alguien que piensa diferente, sino un ser abominable que quiere someter y discriminar al resto. Son los enemigos del pueblo, movidos por la perversidad y el egoísmo. Con gente así no hay que discutir, sino mantenerla bajo control y evitar que llegue al gobierno.

La universalización del lenguaje de los derechos tiende a convertir las discrepancias políticas en un enfrentamiento entre la parte sana y la parte corrupta de la sociedad. Y este camino nos lleva a una situación paradójica: los derechos, que nacieron para proteger a las minorías y a los individuos frente al poder de la multitud y del Estado, terminan justificando la prepotencia de sectores que creen ejercer el monopolio de la decencia política en una sociedad.

Frente a tales excesos, hace falta reafirmar que el auténtico respeto de los derechos empieza por reconocer que, en una democracia, solo una pequeña parte de los conflictos políticos giran en torno a derechos. La gran mayoría gira en torno a la siempre difícil asignación de recursos escasos, a la elección de estrategias para llegar a fines comunes o a la elección entre fines distintos pero igualmente decentes y legítimos. Por eso, quien discrepa con mi programa político no es un ser moralmente repugnante, sino alguien que tiene otro punto de vista.

Un segundo problema generado por la constante apelación a los derechos es que elude todo esfuerzo de argumentación y, en consecuencia, debilita el debate público. La respuesta que se da ante cualquier pedido de justificación se limita a las palabras: "es mi derecho". Pero tener derecho a hacer algo no es lo mismo que tener buenas razones para hacerlo. Todos nosotros tenemos derecho a hacer amigos y a perderlos, a tomar decisiones que mejoren nuestra situación económica o tomar otras que nos arruinen, a cuidar nuestro buen nombre o a desacreditarlo. Pero sería tonto pensar que, porque tenemos derecho a hacer todas estas cosas, entonces debemos hacerlas todas o debemos considerar que es indiferente elegir unas u otras.

Lo mismo vale para quienes ejercen responsabilidades públicas. La calidad de la democracia se destrozaría si los gobiernos se eximieran de justificar las políticas que aplican, limitándose a decir que tienen derecho a hacerlo porque ganaron las elecciones. Y lo grave es que estas cosas están sucediendo. Hace pocos días, la consejera electa por los docentes para integrar el Consejo de Secundaria defendió su extraña decisión de acompañar el paro que hacían los docentes (es decir, aquellos que reclamaban contra el órgano que ella integra) diciendo que está amparada por un derecho constitucional. La permanente apelación al mantra de los derechos encierra la renuncia a todo esfuerzo argumental.

En tercer lugar, este uso excesivo tiende a devaluar la importancia de un instrumento fundamental para proteger las libertades civiles y políticas. La progresiva banalización del término tiende a erosionarlo como mecanismo institucional. Si cualquier reivindicación política o social (incluso aquellas puramente fundadas en intereses, como las salariales) se formula en el lenguaje de los derechos, entonces perderemos nuestra capacidad de alarmarnos cuando ese mismo lenguaje sea utilizado para denunciar atentados reales contra la igual dignidad de las personas.

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