EDITORIAL

El uso político del agua

Uno de los mayores compromisos asumidos por el Frente Amplio en el gobierno fue el de preservar la pureza del agua que consumimos. Así quedó establecido en la reforma constitucional que la coalición de izquierda impulsó con éxito en las elecciones de 2004 al grito del "Agua es vida".

Esa reforma, aparte de darle al Estado el monopolio en el abastecimiento de agua, le impuso ciertas obligaciones entre ellas la de realizar una "gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos" con particular atención a "las cuencas hidrográficas".

Tal obligación se incumplió en el primer gobierno del Frente Amplio y buena parte del segundo pues recién en 2013 se elaboró un plan para proteger la cuenca del río Santa Lucía, nuestra principal fuente de agua potable. Ese plan tardío, aprobado cuando redoblaban denuncias sobre las deficiencias del servicio de OSE, se fue cumpliendo con lentitud al punto que muchas de sus medidas están pendientes de concreción. Se trata de evitar el deterioro de una cuenca que suministra agua a casi dos millones de personas según datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Un deterioro causado entre otras cosas por el uso de agroquímicos en campos linderos, la depredación del monte natural y la acción corrosiva de residuos contaminantes de 23 industrias instaladas en las riberas del río.

Al conmemorarse el Día Mundial del Medio Ambiente se llevó a cabo la primera plantación de árboles nativos en la cuenca, un operativo que debió cumplirse una década atrás.

El mismo retraso se constata con otros controles sobre la actividad en los padrones rurales ubicados aguas arriba de Aguas Corrientes y otras zonas como las de Laguna del Cisne. Una lluvia de multas se registra por allí en estos días como si, de golpe, se tratara de recuperar todo el tiempo perdido. Las industrias instaladas en la cuenca también tienen atrasos en su obligación de contar con un sistema de tratamiento de sus vertidos. En suma, la reforma constitucional votada en 2004 estuvo congelada durante 9 años y fue recién a partir de 2013 que diversas instituciones públicas —en particular el ministerio que se ocupa del Medio Ambiente y la intendencia de Canelones— empezaron a cumplirla.

Tanta demora revela una desidia que no condice con el frenesí que acompañó el reclamo de reforma constitucional hace más de una década. Por entonces, el Frente Amplio acompañado de un ruidoso elenco de ONG nacionales y extranjeras desplegó una campaña "en defensa del agua y de la vida" que indujo a casi dos tercios de los ciudadanos a apoyar el plebiscito para incluir en el artículo 47 de la Constitución de la República las normas para velar por la calidad del vital elemento.

En la primera administración de Tabaré Vázquez el tema fue prácticamente ignorado. Al promediar el gobierno de José Mujica, cuando surgieron denuncias sobre el mal sabor y el peor olor del líquido que salía de las canillas, la preocupación por el asunto hizo carne y se elaboró el plan que ahora está en curso de aplicación.

Lo ocurrido con el agua es un claro ejemplo del uso político que la izquierda hizo en nuestro país del instituto del plebiscito como instrumento útil para reclutar votantes. Es un caso evidente en donde el fervor puesto para crear interés en torno a un problema ecológico no fue acompañado de actos concretos para cumplir con el mandato de la ciudadanía plasmado en la Constitución. Y así co-mo los gobiernos del Frente Amplio dejaron una cuenta pendiente en la materia también las ong, que tanto alboroto armaron en torno al asunto, deberían preguntarse ahora a qué se debió su silencio mientras la cuenca del Santa Lucía y otras fuentes se degradaban a extremos nunca vistos.

No hubo en ese lapso ni "una gestión sustentable" ni "la preservación del ciclo hidrológico" ni la primacía de "las razones de orden social a las de orden económico" impuestas por la reforma constitucional votada por el pueblo. Con la excepción de algunos esfuerzos aislados todo quedó a la buena de Dios sin que los compromisos asumidos en la campaña electoral y plebiscitaria del 2004 se cumplieran en tiempo y forma.

Es que aparte de la finalidad política de aquel movimiento también estaba el interés del gremio de funcionarios de OSE, inquieto por las primeras privatizaciones del servicio de agua y ansioso por asegurar el monopolio del tema para el Estado. Aunque lo lograron, no está claro aún que eso fuera en beneficio de los uruguayos.

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