EDITORIAL

La política y la Justicia

El reclamo de dirigentes del oficialismo sobre la “judicialización” de la política desnuda ignorancia republicana, concepciones peligrosas para la democracia y una buena dosis de hipocresía.

Es el latiguillo de moda de parte del oficialismo. Que la oposición busca "judicializar" la política. Más allá de lo horrible de la palabra, una perla más del asesinato constante del idioma castellano al que parece abocada una parte significativa del Frente Amplio, la simple acusación revela un problema alarmante. Veamos por qué.

Para empezar es bueno recordar cual es el motivo por el que tantos hechos políticos, desde el "pufo" en Ancap, hasta el desastre de Pluna, pasando por el Fondes o la compra del avión presidencial, terminan en un juzgado. La razón básica es que en la mayoría de estos temas es el propio Frente Amplio el que ha preferido ese camino, cerrando la vía para comisiones investigadoras parlamentarias con sus mayorías propias. Estamos cansados de escuchar a legisladores oficialistas con tono suficiente, afirmar que si se tienen denuncias sobre hechos irregulares, el lugar en donde presentarlas es en la Justicia Penal.

Esto implica un problema básico. Que la Justicia solo contempla responsabilidades objetivas muy puntuales, conductas que se adapten en forma exacta a un tipo penal. Pero todos sabemos que en la función pública hay acciones que sin entrar en un delito penal, son éticamente reprobables para un político. Por ejemplo, la responsabilidad ética del expresidente Mujica en el descalabro de Pluna difícilmente viole una ley penal. Pero al pueblo seguramente le interesaría saber los tejemanejes que realizó tras bambalinas para generar papelones como el de la subasta trucha con el "caballero de la derecha". Todo eso la justicia no lo analizó, gracias a la "omertá" de Calloia y Lorenzo. Pero podría haber surgido de una investigación legislativa. El Frente lo sabe y por eso no permitió investigar.

Como ese caso hay varios, lo cual deja en evidencia no solo el miedo a que se ventilen a nivel legislativo cosas que en un presumario no se discuten, sino la hipocresía de los dirigentes oficialistas como Mónica Xavier, cuando después se quejan al estilo de vestales mancilladas, sobre la "judicialización" y sostienen que "no le hace mérito al debate político decir que actúe la Justicia para dirimir las diferencias políticas". Xavier debería hablar más con su colega Topolansky, que día tras día invita desafiante a llevar denuncias a la justicia.

Pero hay otro concepto preocupante que se desprende de estas letanías como la de la senadora Xavier cuando se queja de la intromisión judicial en la arena política y dice que "en definitiva la ciudadanía es la que termina votando y resolviendo luego". Y es que se trata de una declaración que pone a su actividad por encima de la ley, una forma un poquito más elegante de repicar el viejo y tan dañoso eslogan mujiquista de que "lo político está por encima de lo jurídico".

Parece mentira que en el año 2017 haya que explicarle a figuras supuestamente centradas y formadas como Xavier, que las decisiones políticas no están por encima de la ley, y que los jueces tienen la obligación de investigar y condenar a los políticos cuando violan las normas, igual que lo hacen con cualquier hijo de vecino. Tal vez el error provenga de no entender bien el concepto de los fueros, o que estos se le hayan "subido a la cabeza". Pero en un país democrático y con un sistema republicano, todos somos iguales ante la ley, y si un político la viola, por más que tenga 3 millones de votos, deberá enfrentar las consecuencias de sus actos ante un tribunal.

Los fueros son una garantía al parlamento para que ejerza su función de contralor sin miedo a ataques de los otros poderes, pero no una carta blanca para ignorar las leyes penales.

Es verdad que todas estas cosas parecen complicadas cuando tenemos un Presidente que considera que en Venezuela hay democracia porque se vota de vez en cuando, y una fuerza política que se sigue babeando ante cada achaque fascista de la dictadura que gobierna Cuba. Repitamos todos juntos: "en los países democráticos los votos no significan vía libre para violar la ley".

Algo parecido ocurre cuando desde algunos grupos se denuncia de manera ignorante una "criminalización de la protesta social" (sí, otra vez contra el pobre castellano). Como si el juntar a 200 personas en una plaza significara que esa gente no debe respetar los derechos ajenos y las leyes generales.

Vivimos en tiempos muy confusos, y tal vez por eso tenemos a dirigentes políticos muy confundidos. Eso si les damos el beneficio de la duda y tomamos sus palabras como exhibición de una ignorancia marcada por la buena fe. La verdad es que la mayoría de las veces, se termina demostrando la otra opción, que saben lo que hacen, pero prefieren hacerse los bobos.

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