EDITORIAL

La política sobre las islas Malvinas

La reciente publicación de los datos de una encuesta sobre la opinión de los uruguayos en torno a la cuestión de las islas Malvinas debió sorprender a nuestro gobierno.

11 mar 2014

Según esa encuesta, la mayoría del país -un 80%- disiente con la política oficial y propicia un acercamiento a las islas y un aumento de las relaciones comerciales con los isleños. Esa misma mayoría discrepa con la decisión gubernamental de cerrar el acceso al puerto de Montevideo a los barcos de las Malvinas y a las naves militares de Gran Bretaña, una opinión que, dato sugestivo, comparten no sólo blancos y colorados sino el 57% de los frenteamplistas.

Esa es la postura dominante pese a que la encuesta ratifica la solidaridad uruguaya con el reclamo argentino por la soberanía de las islas. Al mismo tiempo, curiosamente, una mayoría sustancial reconoce que la decisión final sobre el tema debe quedar en manos de los malvinenses. Al respecto, el 81% de los consultados aplaudió el viaje que los diputados nacionalistas Jaime Trobo y José Carlos Cardoso hicieron el año pasado a Puerto Stanley para actuar como observadores en la consulta que confirmó prácticamente por unanimidad la presencia británica en el archipiélago.

Estos resultados de la muestra realizada por la consultora Factum a fines del 2013 se conocen poco después que una misión parlamentaria integrada por nacionalistas, colorados e independientes visitó las islas para conversar con los dirigentes locales sobre las posibilidades de intensificar el intercambio entre las Malvinas y Uruguay. Un diputado frenteamplista que se disponía a viajar renunció a hacerlo a último momento presionado por su partido. Un veto de la izquierda no bien visto, pues a la luz de esta investigación se infiere que la opinión pública aprobó esta misión que buscó romper el distanciamiento con los malvinenses, acentuado bajo la administración de José Mujica.

Los números crudos de este sondeo de opinión revelan que la política del gobierno hacia las Malvinas opera en medio de un rechazo generalizado. Tan generalizado que haría bien la Cancillería en revisar hasta dónde es conveniente para el interés nacional, perder la posibilidad de comerciar directamente con las islas y de poner a Montevideo en condiciones de servir -como lo hizo durante largo tiempo en el pasado- de puerto de escala para las conexiones entre las islas y el mundo, incluida Gran Bretaña.

Un cambio de política en la materia, no significaría declinar el apoyo que se le brinda a Argentina en el plano diplomático y en los foros internacionales en su histórico reclamo por la soberanía de las Malvinas. Uruguay se ha colocado siempre al lado del vecino país cada vez que en la ONU, en la OEA o en otras organizaciones multilaterales, se ha planteado el tema. Sin embargo, llevar las cosas al extremo de incomunicar a la capital uruguaya con las Malvinas es un exceso de celo, algo que, como decía Talleyrand, es uno de los errores más graves que puede exponer una estrategia diplomática.

Inflamado por la vieja retórica de la fraternidad latinoamericana, la Patria Grande y la lucha anticolonialista, al gobierno del Frente Amplio le cuesta desprenderse de preconceptos y resolver el rumbo de su política exterior de manera pragmática. Esta actitud cargada de ideología y de prejuicios lo ha llevado a equivocarse en el manejo de las relaciones con la Argentina de los Kirchner, cuyo gobierno -como es evidente- ha sabido aprovechar esa debilidad de la izquierda uruguaya por reverenciar los dogmas sin atender a las realidades.

Y las realidades indican que ni en Casa Rosada ni el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, se valoran los sucesivos gestos de buena voluntad emanados de las autoridades uruguayas, incluido el pacto de información tributaria así como la excesiva tolerancia del gobierno de Mujica ante la irrupción de la Justicia argentina en una zona franca uruguaya, ante las dilatorias en relación al dragado del canal Martín García y ante la negativa a publicar los datos de las mediciones sobre la presunta contaminación ambiental provocada por la planta de celulosa en el río Uruguay.

Ninguno de esos gestos fue correspondido, como tampoco lo fue la política solidaria aplicada por Uruguay en el asunto de las Malvinas. Una política que -sin abandonar el apoyo genérico a la causa argentina- debería revisarse de inmediato.

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