Tenemos 800 policías amenazados por la delincuencia. No se puede seguir mirando para el costado. Hay que apoyar institucional y socialmente a quienes cumplen con la obligación de defender la libertad en el orden.

Hay realidades que están a simple vista pero que la sociedad prefiere eludir. Una de ellas, muy grave, es la falta de capacidad efectiva que tenemos para defendernos de la delincuencia. Porque la verdad es que la policía no cuenta con el apoyo institucional y social para cumplir con su tarea.

La afirmación es fuerte y merece ser argumentada. En primer lugar y el más grave de todos, está la situación social de los policías. Todos sabemos que muchísimos de ellos viven en viviendas precarias en asentamientos y que hace años que no encuentran respuestas para una mejora estructural que les permita salir de esa situación de abandono. Así las cosas, muchas veces el policía que tiene la tarea de estar en primera línea protegiendo a la sociedad de los delincuentes, termina su trabajo y vuelve a su hogar amargado, sabiendo que no recibe el apoyo institucional-social para salir adelante y obtener una vivienda digna.

En segundo lugar y vinculado al primero, cada tanto se informa de que algún policía tuvo que abandonar su hogar o que fue atacado por ser integrante de esa fuerza estatal. Quizá uno de los casos recientes y más luctuosos fue el de la joven policía Ingrid González Martínez, quien a inicios de este año sufrió un atentado incendiario con bombas molotov, a altas horas de la noche, contra su apartamento del Block H del complejo de Aparicio Saravia y San Martín, en barrio Borro, donde residía con su familia. Murió trágicamente a manos de una delincuencia que ya la tenía amenazada.

La situación en este sentido es muy grave. Según informó al Directorio del Partido Nacional el sindicato policial la semana pasada, son aproximadamente 800 los policías en total que han sido amenazados por la delincuencia en sus hogares. ¿Cómo se puede pretender que el policía cumpla con su deber si tiene a su familia amenazada por delincuentes que saben dónde vive y que, siendo a veces sus propios vecinos, pueden matar a sus hijos en represalia? ¿Qué pasa por la cabeza de ese funcionario policial subalterno que tiene que enfrentar a la delincuencia sabiendo que su familia está desamparada, conviviendo en el mismo barrio en el que residen muchas veces los malvivientes y sus cómplices que él debe apresar?

En tercer lugar está la falta de apoyo simbólico-institucional, que es también muy importante. Muere un policía a manos de la delincuencia, y en vez de acudir a su velatorio y apoyar a la familia policial en tan dramática circunstancia, las autoridades políticas del ministerio una vez sí y otra también ponen en tela de juicio la actitud del policía caído en el cumplimiento de su deber. El último trágico ejemplo fue el de hace un par de semanas, con el policía asesinado en una pizzería de Pocitos: en vez de reconocer el coraje del funcionario por parte de la autoridad, se escuchó el reproche menor, administrativo, mezquino, que quiso desmerecer la tarea de un padre de familia que procuraba, simplemente, llevar más dinero a su casa trabajando más. ¿Cómo pretender que la policía arriesgue su vida defendiendo a la sociedad si ni siquiera se le reconoce el espíritu de sacrificio y el coraje que implican cumplir con su tarea?

El problema es que el Uruguay ya pasó por todo esto. A fines de los años 60 e inicios de los 70, las autoridades que hoy están al mando del Ministerio del Interior formaban parte de grupos guerrilleros que se alzaron contra la autoridad del Estado. Para lograr sus objetivos y enfrentar a la policía que hacia 1971 los tenía completamente acorralados, sembraron el terror con infames acciones directas.

No solamente mataron por la espalda a policías que se ocupaban de la represión del delito, sino que amenazaron a las familias de los agentes y atacaron con bombas molotov y con disparos en la noche a los hogares de varios policías. Por supuesto, la versión edulcorada y pro-tupamara de la historia reciente del país ha olvidado convenientemente estos atentados que, en algunos casos, incluso, costaron la vida de policías subalternos que custodiaban las casas atacadas. Y por supuesto también, nadie recuerda hoy que ese clima de inseguridad y violencia contra la sociedad y contra la policía fue el que terminó abriendo la puerta a un mayor protagonismo militar en la represión contra la delincuencia guerrillera en 1971- 1972.

Tenemos 800 policías amenazados por la delincuencia. No se puede seguir mirando para el costado. Hay que apoyar institucional y socialmente a quienes cumplen con la obligación de defender la libertad en el orden.

EDITORIAL