EDITORIAL

Los pibes chorros

Debe haber pocas evidencias tan claras para mostrar hasta qué punto el delito no es algo que esté limitado a un submundo particular, sino que infelizmente se sigue extendiendo en la sociedad.

Hay un problema social que el país no termina de enfrentar con decisión: se trata del vínculo entre pobreza, delincuencia y juventud. Sin embargo, importa tener claro que hay datos objetivos que, si hubiera voluntad, permitirían encontrar soluciones alejadas de los prejuicios ideológicos.

En la primavera del año pasado, el semanario Búsqueda dio cuenta de una investigación del sociólogo Luis Eduardo Morás en el libro "Los enemigos de la seguridad. Desigualdades y privación de libertad adolescente". Allí se analizaba, entre otras cosas, el origen geográfico y social de los adolescentes infractores recluidos en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Según esa investigación, los adolescentes infractores provienen mayoritariamente de los municipios A y D de Montevideo, que es donde están algunos de los barrios que concentran la mayor pobreza y marginalidad de la capital, como por ejemplo, Cerro, Casabó, Pajas Blancas, Paso de la Arena, Los Bulevares, Manga, Piedras Blancas, Casavalle o Borro.

La investigación dejaba claro que tres de cada cuatro adolescentes infractores "residían en territorios caracterizados por la acumulación de profundas y persistentes carencias en términos de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, vivienda inadecuada y hacinamiento, desempleo, informalidad laboral y escasos logros educativos tanto de la población adolescente como de los adultos".

Hay allí pues un vínculo estrecho entre pobreza y delincuencia. No porque la mayoría de los pobres sean delincuentes, que eso es enteramente falso y agravia a centenares de miles de uruguayos tan humildes como honrados. Pero sí porque la mayoría de los adolescentes infractores provienen de contextos de pobreza económica. En paralelo a estos datos, también se conoce el perfil de los mayores de edad procesados penalmente, en donde queda claro el vínculo entre delito y juventud.

El anuario estadístico del INE brin- da información inapelable. Primero, el aumento de la cantidad de procesamientos por tipo de delito año tras año, que arroja la friolera de 14.237 casos en total en 2015. Segundo y más importante, la enorme proporción de jóvenes en el total de procesados. En efecto, son 6.045 los procesamientos que abarcan a jóvenes entre 18 y 25 años y son 4.396 los que refieren a jóvenes entre 26 y 35 años. Esas cifras sumadas hacen que el 73% del total de los procesamientos en 2015 hayan involucrado a menores de 35 años. En el mismo sentido, hay dos tipos de delitos que contribuyen muchísimo a la inseguridad que sufre la gente: los hurtos y las rapiñas. Las estadísticas son claras: en ambos casos, la inmensa mayoría de los procesamientos fueron a personas menores de 35 años: 85% en los hurtos y 89% en las rapiñas.

¿Acaso es cierto lo que han transmitido autoridades del gobierno, que es que independientemente de que los delincuentes sean mayormente jóvenes, lo que hay en realidad es una cultura del delito que abarca cierto submundo con sus propios códigos, y que si uno se mantiene alejado de ella no tendrá problemas con la inseguridad?

Las estadísticas muestran que esa idea es completamente falsa: del total de los procesamientos, 6.849 fueron a personas sin antecedentes penales, es decir, prácticamente la mitad del total. En los casos de procesamientos de personas sin antecedentes penales por delitos de hurto y rapiña los datos son elocuentes: 1.283 primarios por hurto y 527 primarios por rapiña.

Esto quiere decir que por estos dos delitos, que sobre todo son cometidos por jóvenes, fueron procesados en Uruguay un promedio de casi 5 personas sin antecedentes penales por día en 2015. Debe haber pocas cifras tan claras como esta para mostrar hasta qué punto el delito no es algo que esté limitado a un submundo particular, sino que por el contrario es algo protagonizado sobre todo por jóvenes y que infelizmente se sigue extendiendo en la sociedad.

Finalmente, con relación a los procesados por homicidios los datos son igualmente alarmantes. En 2015, de los 363 procesamientos por homicidios 232 lo fueron a personas sin antecedentes penales. Eso quiere decir que prácticamente 2 de cada 3 procesados por homicidio empezaron con este delito su carrera criminal. Además, 223 del total de los procesados por homicidio tenían menos de 35 años.

Los vínculos entre pobreza, juventud y delincuencia surgen claramente de estudios técnicos y de estadísticas públicas. Hay que terminar con los discursos ideologizados y huecos de la izquierda y enfrentar con eficiencia este terrible flagelo social.

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