EDITORIAL

Aquel "país de primera"

El eco de los balazos en el barrio Marconi terminó de sepultar las esperanzas de que "el país de primera" no hubiera sido una mera promesa de campaña electoral.

Un vecindario copado por delincuentes, que se levanta en armas para resistir un operativo policial, quema vehículos y siembra el terror se parece más a un episodio medieval que a la vida de un país culto y civilizado del siglo XXI.

Ya había muchas señales de que aquella frase era solo producto del astuto imaginario de un publicista y lanzada impiadosamente con el único propósito de engañar a los ciudadanos para lograr su apoyo, pero que estaba muy lejos de convertirse en realidad. Y lo peor, que no había mayores intenciones —mucho menos capacidad— para andar el camino que pudiera concretarla. "Un país de primera" no permite que sus calles y barrios sean invadidos por delincuentes a cualquier hora como tiene el Uruguay, no brinda a sus jóvenes el espanto de educación que tiene el Uruguay, no ofrece el patético servicio de salud que tiene el Uruguay, no presenta el horror de carreteras y puentes que tiene el Uruguay, no exhibe la mugre y el abandono que tiene la capital del Uruguay. Y no desperdicia diez años de un formidable auge económico —con mayoría absoluta en el Parlamento a la hora de promover y aprobar a su antojo las leyes que se quieran— para derrocharlo todo y mal, y luego castigar con más impuestos a sus ciudadanos, como ocurre en el Uruguay.

Esa es la más cruda realidad en este Uruguay de primera: con el telón de fondo de los balazos del Marconi y el ajuste fiscal, el país debe asumir que la bonanza pasó, no dejó nada y que la alternativa del momento es ajuste fiscal o desbarajuste total. Que el crecimiento "a tasas chinas" como decían los gobernantes hace bien poquito, no fue más que un espejismo en los bolsillos de los ciudadanos; el país nada mejoró y, en cambio ahora también tiene incrustadas a las bandas de narcotraficantes.

¿Cómo se llegó a esto? Sin lugar a dudas que hay muchas causas y otras tantas explicaciones, pero ninguna de ellas puede soslayar la tragedia que significó la presidencia de José Mujica. Mujica destrozó a este país, lo despojó de todos sus valores, los minimizó y los pulverizó. Convirtió la banalidad, la chabacanería, la improvisación, el lenguaje soez, el doble discurso y el irrespeto por el Derecho, en emblemas de su gobierno. Vació a las instituciones de contenido y, como si fuera poco, en el manejo de la cosa pública, vació al Estado de sus dineros, porque los millones de dólares "volaban" como papel picado.

Ahí está el caso de Ancap, el emblema de su administración. No fue solo una "chambonada", como dijo; fueron muchas y todas graves. En cinco años Ancap perdió muy feo en todos sus "proyectos"; no solo emprendió obras faraónicas, sino que gastó invariablemente por encima de lo que se había estimado y presupuestado. Algunos ejemplos son muy ilustrativos:

—La Planta Desulfurizadora de La Teja (que fuera inaugurada por la presidenta Cristina Kirchner y los muchachos de La Cámpora) costó 421 millones de dólares, El estimativo de costo era de US$ 90 millones (es decir, cuatro veces más de lo que se proyectó).

—Para las plantas de Cemento Pórtland en Paysandú y Minas, se elaboró un plan estratégico por el que se invertirían 118 millones de dólares —parece bastante dinero— en reformas y mejoras. Pero… lo que se gastó en realidad fueron 251 millones de dólares. Más del doble.

— La planta de cal en Treinta y Tres: la inversión estaba estimada en US$ 45 millones. Los costos finales fueron superiores a US$ 120 millones. Trabaja a pérdida y, además, se han pagado varios millones de dólares por concepto de multas (se entregó material de distinta calidad al contratado)

—La planta de bioetanol de ALUR en Paysandú: los US$ 80 millones iniciales, terminaron costando US$ 147 millones por las obras llamadas periféricas.

A ello podríamos agregarle los 300 millones de dólares que costó la aventura de Pluna, los US$ 40 millones del Fondes para "prender una velita al socialismo", los US$ 100 millones que costará el capricho del Antel Arena o todo lo que significa haber aumentado el número de funcionarios públicos —en plena era digital donde las computadoras hacen gran parte del trabajo— de 230 mil a casi 300 mil. ¿Quién paga todo eso?

Y bueno, la respuesta es simple porque el gobierno no es de sudar mucho para que se le caiga una idea: pagan los ciudadanos (incluidos aquellos que ya no trabajan porque están jubilados) y las empresas privadas. Así va "el país de primera".

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