EDITORIAL

La OEA puesta a prueba

Es difícil que la Asamblea General de la organización que comienza mañana en Cancún adopte medidas contra Venezuela, pero al menos servirá para mostrar quiénes están del lado de la democracia y la defensa de los derechos humanos.

Mañana comenzará en Can-cún, México, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuyo tema central será, a pesar de su vasto temario, el caso Venezuela. Cancilleres de 34 países acudirán a la cita con la lamentable excepción del secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson que con su ausencia confirmará el escaso interés en América Latina de la administración Trump.

Es difícil que en esa reunión del órgano supremo del sistema interamericano se apruebe la declaración presentada tres semanas atrás por el llamado "grupo de los 14", integrado por Uruguay, que proponía al gobierno de Nicolás Maduro que llamara a elecciones. El problema es que la OEA debe adoptar sus resoluciones por consenso y alcanza con que un país vote en contra para bloquear cualquier resolución. Ya se sabe que en la posición negativa estarán Bolivia, Nicaragua, Ecuador y El Salvador, así como algunos países del Caribe británico con vínculos estrechos con el gobierno venezolano.

El proyecto de declaración presentado en la reunión de cancilleres a fines de mayo y que volverá a estar sobre el tapete expresaba la "profunda preocupación" de los Estados miembros por la dramática situación de Venezuela. Reclamaba además que terminara la violencia, la represión, los arrestos arbitrarios y los juicios de militares a civiles. Pedía también el reconocimiento a las competencias del Poder Legislativo, desconocidas por el gobierno autoritario de Caracas, así como la liberación de los presos políticos. Planteaba, finalmente, la necesidad de que el país caribeño contara con un calendario electoral con todos los pasos conducentes a realizar unas elecciones libres.

Como es notorio el gobierno venezolano rechazó estas iniciativas y criticó duramente a sus proponentes, una lista que, aparte de Uruguay, incluyó a Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Perú, Paraguay y Panamá. Rubén Perina, un ex alto funcionario de la organización, comentó que en el fracaso de esa resolución influyó mucho la postura de la comunidad del Caribe británico, con países que suman unos 17 millones de habitantes contra unos mil millones pertenecientes a países que impulsan la democratización de Venezuela. Según él, las reglas democráticas de la organización (un país, un voto) permitieron que "una minoría demográfica" obstruyese los propósitos de la mayoría.

Parece inevitable que esa situación de bloqueo se repita aunque la propuesta de los 14 sume nuevas adhesiones como se anticipa. Si así fuera sería una nueva demostración de que el sistema interamericano carece de instrumentos para evitar la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de los derechos humanos que actualmente perpetra Maduro y el militarizado elenco que lo secunda. Lo más grave es que además del descaecimiento de las instituciones venezolanas, la población de ese país está padeciendo indecibles penurias. Faltan alimentos y medicinas, hay carencias de todo tipo, en medio de una espiral de inseguridad y represión que hace temer lo peor.

De todos modos, aun cuando la resolución democratizadora no se apruebe, la asamblea servirá como foro para que cada delegación exponga sus criterios respecto a lo que ocurre en el país hermano. Sobre ese particular habrá que seguir con atención la actitud que adoptará la delegación enviada por Uruguay, un país cuyo gobierno oscila entre las críticas —más bien suaves— al autoritarismo de Maduro y el silencio cómplice ante los desbordes del gobierno de Caracas. Una política exterior que es el reflejo de la interna del Frente Amplio, en donde grupos como el MPP y el Partido Comunista, alineados en defensa del mandamás venezolano, imponen sus criterios a la coalición de gobierno.

Prueba de ello fue el reciente plenario del FA en donde más de un centenar de asistentes que representaban a todos los sectores de esa fuerza política produjeron una declaración unánime en la cual no hubo nadie que insinuara siquiera un atisbo de condena a un régimen que ya cosechó 60 muertos en las calles. La única censura que produjo ese organismo apuntó a la actuación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, un excamarada que hoy no hace otra cosa que cumplir con los deberes de su cargo.

En suma, si poco puede esperarse de esa reunión, lo menos que se puede pedir a sus participantes, en particular a los delegados de Uruguay, es que denuncien el carácter antidemocrático del gobierno venezolano así como las privaciones y la represión que sufren los habitantes de ese atormentado país.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)