Editorial

La obligación del Presidente

Ni lo político, ni lo gremial están por encima de la Constitución. Y la Constitución dice en su artículo 70 que "Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial (…) La ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones".

Este mandato no sólo es el derecho y el deber de los padres de velar por "el cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social" (artículo 41), sino que impone al Estado la obligación de crear, administrar y defender un servicio que haga posible su cumplimiento. El Estado no sólo debe preocuparse de que los niños asistan a sus clases, sino que, primero, debe asegurar que existan clases y que existan docentes que enseñen a esos niños. De lo contrario, la obligatoriedad constitucional se vuelve una farsa.

Hace años que el país sufre la soberbia de los sindicatos de la enseñanza, que no reparan en daños ni en niños a la hora de plantear sus reclamos y los métodos que eligen para presionar. Siempre nos rechinó que la forma que tiene un docente para "defender" la Enseñanza y pedir mejores salarios sea indefectiblemente dejar a sus estudiantes sin clase. Si poco sabían los chicos, menos van a saber. Tan grave como ello es el perjuicio para la familia y la sociedad: solo en Secundaria son unos 300.000 alumnos de entre 12 y 18 años que, mientras duren las medidas "reivindicativas" se quedarán encerrados en sus casas o vagando por las calles para matar el tiempo, una alternativa que promueve el desaliento a sus obligaciones y resulta muy peligrosa por sus eventuales derivaciones. En Primaria bordean los 350.000 y en la Educación Inicial unos 80.000. De esos totales, hay además unos 200.000 niños que reciben alimentación.

Ni hablar del derecho a estudiar, el derecho a la educación, que tienen los jóvenes. Esos derechos nunca fueron tenidos en cuenta.

El estudiante ha dejado de ser la prioridad. No importa que estemos hablando de un universo de 800.000 niños y jóvenes. Ahora lo que interesa son las cuotas de poder o el porcentaje del PBI que debería dársele a la Enseñanza: de resultados, de una mejor calidad de la educación, nada. Que la culpa la tiene el Frente Amplio porque cobijó y utilizó el movimiento sindical como socio en el poder, es absolutamente cierto. Pero si por un momento hay alguien que quiere cambiar esa ecuación, bienvenido sea.

Al Presidente de la República lo elige el pueblo mediante voto secreto y obligatorio. Tabaré Vázquez reunió prácticamente el 50% del respaldo de todos los uruguayos. A los dirigentes sindicales los eligen sus afiliados. Muchísimos menos. ¿Puede dudarse de quién tiene mayor legitimidad a la hora de imponer sus decisiones? El Presidente de la República jura defender la Constitución, lo que implica velar por la totalidad de los ciudadanos. ¿Tiene la obligación de defender y asegurar la educación de los menores o debe ceder ante las presiones políticas o gremiales que se planteen?

Al Presidente de la República no se lo elige para ser simpático, no tiene por qué serlo. Simplemente se lo elige para que sea Presidente y el Presidente manda. Si no lo entiende así, si piensa que está en el primer cargo del país para caerle bien a tirios y troyanos, para decir frases ocurrentes o para discurrir, como hizo su antecesor, sobre la necesidad de "juntarse y hacer mierda a los gremios (de la enseñanza), no queda otra. Ojalá logremos sacarlos del camino", pero nada hizo, el resultado va a ser el fracaso. El más estrepitoso fracaso. No habrá cumplido con el mandato que le dio el soberano.

El Presidente de la República había anunciado durante la campaña electoral que su objetivo en materia de educación era asegurar un mínimo de 200 días de clase, y advirtió que si era necesario aplicar la esencialidad para lograrlo, no le iba a temblar el pulso. Advirtió y cumplió. ¿Dónde está la sorpresa? ¿Acaso debe seguir el camino de negar posibilidades de educación a niños que les afectará en su inserción en la sociedad y en el mundo globalizado en que vivimos? ¿Debe pagar ese precio para mantener la paz sindical y las "lealtades" oportunistas de los compañeros de partido?

La conducta de Vázquez ha sido ajustada a derecho y ajustada a sus responsabilidades como Presidente. Discrepar con la medida es hacer uso de la libertad de pensamiento y de expresión. Cuestionarla y presionar para torcerla, es buscar despojar al Presidente de su autoridad y puede llegar a afectar la institucionalidad del país.

Si el Presidente no manda, ¿quién manda?

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