EDITORIAL

El nuevo boom inmobiliario que llega a Maldonado de la mano del intendente Antía, vuelve a plantear el tema de la alevosa carga impositiva que asfixia cualquier emprendimiento que no disfrute del régimen de exoneraciones.

Los últimos años fueron duros para la zona turística del este. La incertidumbre en Brasil y Argentina, sumado al aumento disparatado de costos de la construcción en Uruguay y a los efectos nefastos del acuerdo de información tributaria firmado en su momento con el gobierno kirchnerista, fueron un mazazo tremendo para esa zona del país.

El aumento del desempleo y la falta de respuesta del entonces gobierno municipal del Frente Amplio, fueron determinantes para que hubiera un cambio de gestión. Un cambio que parece estar dando señales positivas.

En una entrevista publicada días atrás por El País, el intendente Enrique Antía exhibió cifras que parecen mostrar un resurgimiento interesante de la industria de la construcción en Maldonado. Antía anunció que la industria de la construcción en ese departamento generará este año más de dos millones de jornales y una inversión mínima superior a los US$ 800 millones. Según Antía, "es un acto de confianza de los inversores hacia el país y hacia Maldonado. Yo tengo una interpretación a partir de haber hablado mucho con los inversores, y es que después del episodio del blanqueo en Argentina instrumentado por el presidente Macri, hubo como una vuelta de la confianza de los argentinos en Punta del Este".

Vale señalar que esta medida de Macri, sumada a la eliminación de las trabas al movimiento de moneda extranjera han sido un gran revulsivo para la industria turística uruguaya. Y pensar que en este gobierno hay gente que sigue apostando al regreso de la señora Kirchner, la mayor enemiga que haya tenido en décadas Uruguay en la Casa Rosada.

Pero volvamos a Maldonado. Porque hay un dato que aporta la entrevista con Antía que resulta ilustrativo de dos cosas trascendentes. Y es cuando habla de las exoneraciones tributarias.

"Las exoneraciones de apenas diez edificios que fueron aprobadas durante mi primer gobierno y que tanta polémica causaron, generan ahora 500 puestos de trabajo en baja temporada y otros 1.200 en el verano. En la planta de UPM trabajan 500 durante todo el año. Diez edificios de Punta del Este generan el mismo empleo que la pastera", afirmó. "Con una diferencia: estos diez edificios pagan por año entre US$ 6 millones y US$ 7 millones de impuestos municipales. Esto sin contar los sueldos, aportes al BPS y otros gastos que generan", indicó. "Y otra diferencia: estos edificios no requieren nada del Estado. No le cuestan nada al país. Pagan todo. No hay que hacerles vías de tren ni nada".

Lo primero que deja en evidencia esta afirmación, contrastable con números, es el peso que tiene la industria turística comparada con otras que suelen recibir mucha más publicidad y apoyo del Estado. Por ejemplo, esto nos permite recordar el papelón protagonizado por el ex presidente Mujica, cuando recorría las cumbres internacionales con un mapita rutero de Ancap, intentando vender un puerto de aguas profundas en plena costa de Rocha, en una zona de enorme potencial turístico y sin el más mínimo estudio de impacto ambiental. Todo basado en un impulso desarrollista cantinflesco, que como era obvio no llegó a ningún lado, pero de camino generó incalculables pérdidas en materia inmobiliaria y un daño significativo a la imagen de seriedad del país.

Volviendo a la cuestión de la exoneración tributaria a proyectos de construcción, esto revela el disparate que fue la decisión del gobierno de limitar los beneficios a la construcción en Montevideo, que han logrado congelar ese mercado en la capital.

Pero hay otro tema importante que todo esto pone sobre la mesa. Y es el nivel absurdo de carga impositiva que mantiene este país. Tiene que haber una razón detrás de que la única forma de revivir una industria sea exonerándola de impuestos, de que para que venga una inversión haya que hacer lo mismo, al igual que para el auge de las zonas francas en el país. Y es que el nivel de carga tributaria que tienen las empresas en este país es asfixiante e inaguantable.

Se dirá que el régimen de exoneraciones puede servir en casos puntuales, pero no deja de ser una medida injusta para quienes más precisan del apoyo público, como los pequeños inversores, las medianas empresas, que no tienen fuerza política o la magnitud que amerite titulares para forzar al Estado a tomar medidas de ese tipo. Es cierto y es una cuestión de fondo que el país debe analizar en la próxima campaña electoral. Porque después de años de crecimiento económico y de que el Estado tuviera ingresos extraordinarios, los servicios que presta siguen siendo lamentables, y la carga impositiva solo aumenta. ¿Es ese un modelo sostenible para un país?