La ministra de Educación y Cultura declaró que aún no se ha discutido en el Poder Ejecutivo la propuesta del Ejército de hacerse cargo de la formación de unos 700 jóvenes. Pero desde que esa propuesta tomó estado público, las críticas desde la izquierda no se han hecho esperar.

Algunos asesores y funcionarios vinculados a los temas de juventud han señalado que el camino planteado por el Ejército es "pésimo". Desde sus oficinas burocráticas y bien remunerados, creen que se estaría "militarizando" a los centenares de jóvenes que podrían participar de esta formación. Les preocupa que se los esté "estigmatizando". El sociólogo ligado al MPP Gustavo Leal, por ejemplo, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana (?) del Ministerio del Interior, señaló que la propuesta es un "verdadero dislate y su concreción representaría la abdicación del sentido común".

La propuesta plantea que jóvenes que no estudian ni trabajan de entre 18 y 30 años formen parte de una especie de fuerza de defensa civil y sean así considerados auxiliares del Ejército. Eso les permitiría percibir un viático equivalente al 50% del sueldo de un soldado. El mayor interés está en que durante seis meses el Ejército daría una formación a esos jóvenes que incluiría, entre otras dimensiones, instrucción moral y cívica, educación física y de oficios, y educación en higiene y salud.

Así las cosas, los referentes del Frente Amplio que se oponen a esta iniciativa parece que vivieran en otro país. Porque aquí en Uruguay, luego de una década en la que se verificó la mayor bonanza económica de la que se tenga memoria y en la que la izquierda gobernó con todo el poder de mayorías absolutas y definiciones políticas propias en materia de inclusión y gasto público social, el resultado es que sufrimos una fractura social gravísima.

La izquierda no privilegió a los jóvenes de las clases populares en su gasto público social. Anunció distintos programas y difundió coordinaciones entre distintas dependencias, pero nunca evaluó con provecho y eficiencia las políticas implementadas. En las zonas más difíciles, los que mejores resultados presentan no son las instituciones del Estado manejadas por el Frente Amplio, sino que son distintas instituciones privadas, y sobre todo las vinculadas a la Iglesia Católica: allí están el Liceo Jubilar o el centro educativo Los Pinos en Casavalle como ejemplos claros de quienes son los que en verdad ayudan a la mejor inserción de los jóvenes que más sufren.

¿Acaso no viven hoy una situación de exclusión social terrible los jóvenes de barrios periféricos de Montevideo que no acceden a una educación mínima que les permita forjarse un futuro próspero sobre la base del esfuerzo y el trabajo? ¿Acaso no es evidente ya que se ha generado una alarmante cultura del delito, vinculada muchas veces al tráfico de drogas, que hace que haya zonas rojas en la capital que impiden que el Estado haga allí cumplir la ley? ¿Cuántas explosiones más de violencia social como la reciente vivida en el barrio Marconi debemos sufrir?

No se trata de estigmatizar ni de militarizar a nadie. Lo que plantea el Ejército, que convive con la realidad social del país y no dedica su tiempo a acomodarse tras escritorios públicos para llenar al Estado de diagnósticos bastante inútiles pero muy bien pagos, es ayudar a enfrentar una situación que, notoriamente, se le ha ido de las manos al gobierno frenteamplista.

Es una situación que precisa respuestas urgentes y eficientes que, notoriamente, ni el Ministerio de Desarrollo Social ni el Ministerio de Educación y Cultura han proporcionado.

Es más: el gobierno parece haber tirado la toalla y no ser capaz de ofrecer respuestas tampoco para los próximos años. Como muestra de ello están las contradicciones entre Sendic y Arismendi sobre un futuro plan para el Marconi; o las declaraciones del director de Evaluación y Monitoreo (?) del Mides, que afirmó que "no se puede pedir a las políticas sociales que hagan magia".

Lo que no entiende el Frente Amplio es que nadie pide magia. Lo que el país precisa es que la burocracia frenteamplista acomodada en sus cargos públicos deje de lado sus prejuicios ideológicos y permita que quienes tienen buena voluntad ayuden en una situación de fractura social que es mucho más grave de lo que ella, cómodamente instalada en su poltrona de poder, admite.

La solución que plantea el Ejército no pretende resolver todo el problema. Es solo colaborar en una pequeña parte. Pero puede ser una enorme ayuda que no hay que dejar de lado por culpa de la ceguera ideológica izquierdista.

EDITORIAL