EDITORIAL

Nebulosa Ley de Medios

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el gobierno uruguayo no logró explicar la situación exacta de una ley acusada de atentar contra la libertad de expresión y con varios artículos tachados por inconstitucionales.

Una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA realizada en Buenos Aires sirvió para aclarar la confusa situación de la Ley de Medios aprobada en nuestro país a fines de 2014. Hubo reclamos contra el gobierno uruguayo centrados en el retraso en reglamentar dicha ley, algo que según anuncios de Tabaré Vázquez debió hacerse en el primer trimestre de este año, pero que —como tantas otras acciones prometidas por el Poder Ejecutivo— no se hizo. Así, la aplicación de una ley acusada de atentar contra la libertad de expresión y con más de cien artículos tachados de inconstitucionales sigue envuelta en una nebulosa.

Delegados de varias ONG presentes en la sesión denunciaron también las omisiones del Poder Legislativo en designar una comisión parlamentaria para elegir a los miembros del Consejo de Comunicación Audiovisual, organismo de discutidas competencias, que deberá controlar el cumplimiento de la ley. Otras omisiones mencionadas apuntaron contra la Institución Nacional de Derechos Humanos que, entre otros deberes, debió elaborar un plan nacional de educación sobre los medios, lo que no hizo.

Por más que los delegados del gobierno uruguayo se desgañitaron dando explicaciones, ni la CIDH ni ninguno de los asistentes se retiró de la reunión sabiendo qué pasará con esta ley de 202 artículos destinada a regular los servicios de comunicación audiovisual. Los delegados oficiales dijeron que el Presidente de la República ya tiene en su poder un extenso documento que ofrece soluciones a todos los reparos planteados y siete (¡siete!) proyectos de ley para salvar las violaciones a la Constitución. No se aclaró cómo se procesarán esos proyectos y cómo se armonizará su contenido con la reglamentación en ciernes.

Todo esto muestra una situación compleja para una ley que se considera parcialmente aplicable, aunque los cargos de inconstitucionalidad siguen gravitando sobre ella. Es que las dudas desbordan los diversos casos en los cuales la Suprema Corte de Justicia reconoció las inconstitucionalidades y señalan los peligros de la filosofía que inspira una serie de normas cuyo cumplimiento llevaría a establecer en los hechos, un sistema de censura vedado expresamente por el artículo 29 de la Carta.

Es lo que ocurriría, por ejemplo, en el caso del citado Consejo de Comunicación, cuyo presidente sería nombrado por el Poder Ejecutivo mientras que a los cuatro miembros restantes los designaría la Asamblea General con una mayoría de dos tercios de sus legisladores. Eso significa que el gobierno tendrá que negociar los nombres de esas personas con la oposición, pero —he ahí el detalle— si en 60 días no se logra el acuerdo, el Poder Ejecutivo puede nombrarlos a todos. Así se perfila la posibilidad de que un quinteto oficialista resuelva, en definitiva, lo que los uruguayos podemos ver y oír.

Ese es uno de los problemas de fondo suscitados por la Ley de Medios al dictar obligaciones demasiado genéricas cuyo cumplimiento resulta difícil de evaluar. Es el caso de las que imponen a las estaciones de radio y televisión para que practiquen la "igualdad" y la "no discriminación", que promuevan "la identidad nacional", que no fomenten "percepciones estereotipadas" o "sesgadas" y que al mismo tiempo todos sus programas sean "plurales", "inclusivos" y respetuosos". ¿Cómo hará el dichoso Consejo para determinar quién discrimina y quién no en materia de nacionalidad, raza, religión u orientación sexual cómo manda la ley? ¿Qué criterios empleará para hacerlo cuando deba resolver si un canal de televisión o una radio manejaron datos con percepciones "sesgadas" o si no promueven lo suficiente lo que la ley llama "identidad nacional"? Las opiniones en la materia son tan subjetivas, personales y potencialmente arbitrarias como todas las que pretenden definir de antemano el contenido de los mensajes de los medios de comunicación. De ahí que las dificultades características de la concepción y aplicación de este tipo de leyes haga pensar a muchos que lo mejor es abstenerse, una postura que durante su presidencia adoptó inicialmente José Mujica cuando dijo que "la mejor ley de medios es la que no existe", pero que después trocó al redactar e impulsar esta Ley de Medios.

Todo este panorama de polémicas se dibujó ante la Corte de la OEA, cuyos miembros quedaron insatisfechos ante las explicaciones de los representantes del gobierno uruguayo. Tan insatisfechos como las decenas de reclamantes que denuncian ante la Suprema Corte de Justicia las inconstitucionalidades de una ley cuya reglamentación sigue pendiente.

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