Editorial

Una muestra de lo que va mal

En Uruguay hay muchas cosas que marchan bien. Pero hay otras, que van mal, y cada vez peor. Esta semana hemos tenido una muestra bien clara de lo segundo, con el conflicto que ha estallado en el gas.

El sindicato comenzó una huelga con ocupación por tiempo indeterminado de la empresa Montevideo Gas y que afectaría de alguna forma también a la empresa Conecta. La medida impedirá todo tipo de actividad comercial relativa al insumo energético, aunque según informaron los gremialistas, funcionarán los servicios de emergencia por presuntos escapes o inconvenientes con el servicio. Hasta acá, lamentablemente, nada muy sorpresivo, ya que los conflictos sindicales cruentos son el pan de cada día en Uruguay, y sobre todo en el área del gas.

Ahora bien, lo que sí es asombroso es el motivo del conflicto. Según informaron los dirigentes sindicales, el mismo se desata porque el Parlamento negocia una ley de Marco Regulatorio del Gas Natural, que se pretende regule todo el mercado de cara a la concreción del millonario proyecto de la Regasificadora que se está construyendo río adentro, en Punta de Sayago. Un proyecto clave para el país, que en general ha sido apoyado por todo el espectro político nacional.

Pese a esto, el gremio opina que esta ley habilita la concesión a privados del sistema de distribución del gas natural que aporte esta planta al sistema energético nacional, y por eso han decidido hacerle la guerra al mismo. La ocupación se da, según el dirigente gremial Juan Acosta, porque "esta semana se está resolviendo en la Cámara de Senadores, por lo tanto esta semana el Parlamento termina de adoptar o no el proyecto de marco regulatorio. Nosotros hemos presentado una serie de modificaciones para evitar que continúe la privatización, esto es que una vez que terminen los contratos de concesión, el Estado preste directamente los servicios de transporte, distribución, importación y comercialización de gas natural". Y agregó que como "no tuvimos una respuesta oficial de si se va a tomar en cuenta o no la propuesta", decidieron nada menos que ocupar la empresa.

Según Acosta, "salvo el Partido Comunista, ningún sector dentro del Frente Amplio nos ha dado una respuesta clara de qué se va a hacer".

Con el cuero endurecido por este tipo de dislates, el uruguayo promedio ya ni se sorprende con discursos como este. Pero vale la pena reflexionar al respecto.

Resulta que en el Parlamento Nacional, los únicos y legítimos representantes de la ciudadanía, electos en comicios libres y democráticos, toman una determinada medida que creen es lo mejor para el país. Más bien, ni siquiera la han tomado aún, pero parecen peligrosamente proclives a eso. Y como esa definición no le gusta por motivos netamente ideológicos a un gremio, este se toma la atribución no solo de lanzar un conflicto sangriento, que perjudica a miles de ciudadanos, sino que ocupan una empresa, vulnerando el derecho constitucional de propiedad de sus accionistas.

Todo, absolutamente todo, en este tema es un desquicio. Y escuchar a los dirigentes gremiales del sector hace acordar a alguna obra del realismo mágico latinoamericano.

¿A quién se le ocurre que las decenas de funcionarios que integran un sindicato de una empresa, tienen la potestad de definir las líneas estratégicas de todo un país en un tema tan delicado como el energético? ¿A quién se le ocurre que esas decenas de personas tienen derecho a presionar a los representantes legítimos de todo un país para que hagan lo que ellos quieren? ¿A quién se le ocurre que para eso tienen derecho a usurpar propiedad privada de una empresa y perjudicar a todos sus clientes y usuarios por algo que no tienen nada que ver?

A quien seguro no se le ocurrió nunca fue al constituyente uruguayo que estableció un sistema de pesos y balances en el poder público, que jamás habrá tomado en cuenta este tipo de locura. ¿Qué deberían hacer el gobierno y los legisladores? ¿Agachar la cabeza y hacer lo que ordena una barrita prepotente con panfletos ideológicos atrasados?

Este episodio muestra el desquicio que se ha vuelto el poder gremial en el Uruguay. Desde las pretensiones de ingeniería política de un grupo de personas con nula representatividad social, pasando por el abuso evidente de las medidas gremiales previstas en la ley uruguaya (nunca para presionar a legisladores). Y muy especialmente la ocupación, cuya legalidad ya de por sí es muy discutible, pero que en todo caso solo debería usarse en situaciones extremas.

Este tipo de casos, esta clase de atropellos, son los que nos alejan cada día más del famoso "país de primera".

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)