EDITORIAL

El ministro, los jueces y los testigos

El asesinato de la testigo de un crimen volvió a tensar las relaciones entre el ministerio del Interior y el Poder Judicial, algo que ocurre con frecuencia y que va en desmedro de la seguridad de los ciudadanos y la protección de quienes brindan testimonio ante la justicia.

Parece un cuento policial de una serie negra, pero es real y ocurrió aquí, para preocupación de todos. Es una historia triste que vuelve a tensar las relaciones entre el ministerio del Interior y el Poder Judicial, una situación demasiado frecuente que se ha constituido en uno de los problemas a solucionar en materia de seguridad. Repasemos los hechos.

El drama comenzó en una fiesta familiar en donde las discusiones subieron de tono hasta concluir en un enfrentamiento entre hermanos y el posterior asesinato de uno de ellos. Detenido y procesado el culpable, la justicia citó a tres testigos, entre los cuales figuraba una mujer quien declaró cuanto sabía sobre el sangriento episodio, luego de lo cual, temiendo ser víctima de una venganza, pidió protección policial para ella y su hijo de cinco años. La protección le fue concedida.

Un mes después del crimen, un joven mal entrazado la mató disparándole un tiro en la cabeza al tiempo que gritaba: "¡Esto te pasa por alcahueta!". La mujer, testigo de cargo del homicidio de la fiesta, carecía de protección policial. Conocida la noticia se inició un deplorable debate público entre el juez y el mismísimo ministro del Interior sobre quién tenía la culpa de la indefensión de la testigo. El ministro alegó que la custodia policial se había retirado por orden del juez, algo que este último negó radicalmente. "Nunca di esa orden", retrucó el magistrado.

Ahora, tras el intercambio de acusaciones, mientras el Poder Judicial y el ministerio del Interior investigan qué pasó, la llamada ley del silencio gana adeptos entre los testigos de delitos. Si antes del trágico cumpleaños era difícil obtener testimonios, ahora el temor acalla más voces, lo cual complica la tarea de la justicia. Hay quienes opinan que no existen garantías para los testigos desde que la policía no alcanzó a preservar la vida de una mujer que se sintió amenazada y expresamente pidió que la protegieran. Va a costar convencerlos de que cambien de opinión y se arriesguen.

Ese estado de cosas se comprobó dolorosamente poco después del homicidio de la testigo, cuando alguien intentó balear a un conocido director técnico de un equipo de fútbol de primera división. El director técnico salió ileso pero su acompañante recibió un balazo. El hecho sucedió a vista y paciencia de unas treinta personas cuyo testimonio fue requerido para reconstruir los hechos e identificar al responsable. Los datos obtenidos fueron pocos porque, como explicó un vocero policial, "es toda gente del mismo barrio y tienen miedo a las represalias".

Una sociedad civilizada no puede resignarse a aceptar que el hampa imponga sus leyes y se salga con la suya amedrentando a testigos de sus crímenes. Se dirá que ahora se lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y otras combinaciones delictivas más fuertes y peligrosas, pero no es excusa para dejar a los jueces sin un insumo esencial para llevar adelante los procedimientos penales. Si bien hay mucho por hacer, lo primero sería lograr una aceitada relación entre policía y justicia, dos instituciones que deberían coordinar sus acciones al máximo en vez de andar culpándose mutuamente.

Por desdicha no es así. Hay demasiada rispidez entre ambos servicios. Y si bien es característico que el ministerio del Interior se queje de ciertas decisiones judiciales, las acusaciones del ministro respecto del Poder Judicial son una constante que dificulta la cooperación. El ministro debería empezar por dar el ejemplo terminando con su andanada de protestas. Es que el titular de esa cartera no da tregua como comprobó Tabaré Vázquez apenas asumió la presidencia en 2015, cuando en medio de su primer diálogo con la Suprema Corte de Justicia el ministro del Interior salió a la prensa a acusar a los jueces de liberar con facilidad a los delincuentes. El diálogo no prosperó.

En los últimos años las acusaciones ministeriales contra la justicia fueron muchas, como lo prueba un historial de choques que abarca desde las críticas a las salidas transitorias de los presos dispuestas por los jueces, hasta el uso de las tobilleras electrónicas. Todo sirvió para motivar las protestas de un ministro que debe entender que el Poder Judicial es un poder independiente con el que debe colaborar en vez de discutir. Si así lo hiciera daría un primer e imprescindible paso hacia cambiar el clima de relacionamiento que hoy está mal, incluida la debida protección a los testigos que el Estado uruguayo está obligado a garantizar.

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