No es legítimo entonces tergiversar esa decisión 32/00, separándola de las otras diez con el fin de limitar la libertad de la política exterior del Uruguay y someterla así a los intereses brasileros.

Tras la voluntad uruguaya de avanzar en tratados de libre comercio bilaterales y las resistencias que se levantan en los países más grandes del Mercosur, hay un importante debate político de fondo: el alcance de la soberanía del Estado para fijar su política exterior en función de sus intereses nacionales.

Hay una serie de argumentos que privilegia la lógica de integración regional, a cualquier consideración centrada en la soberanía. Así, por ejemplo, desde las posiciones que defienden esa forma de ver la política exterior del país, se afirma que existe la decisión 32/00 del Consejo del Mercado Común que reafirma "el compromiso de los Estados partes del Mercosur de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias".

Como esa decisión fue aprobada por Uruguay, afirman, estamos impedidos de poder buscar tratados de libre comercio (TLC) como por ejemplo ha sido el caso en estos meses con China. Quedamos entonces encerrados en el Mercosur y cada vez que queramos llevar adelante una política exterior algo independiente, estamos obligados a consultar y obtener el "visto bueno" sobre todo de Argentina y Brasil. Como recientemente afirmara el ministro Astori con respecto al Mercosur, adhiriendo de hecho a esta tesis de subordinación nacional, "hay resistencia a la flexibilidad para que Uruguay haga un TLC bilateral con China. No veo salida".

Se equivoca Astori. La salida existe. Pero precisa aceptar dos principios elementales de política exterior de un Estado independiente.

En primer lugar, hay algo que parece obvio en el orden internacional pero que ni siquiera se menciona en este debate sobre posibilidades de firmar un TLC: los Estados son soberanos para fi-jar su política exterior. Eso quiere decir que pueden adherir a instituciones internacionales si ellas convienen a su interés nacional, y también pueden, llegada la circunstancia, decidir salirse de esas mismas instituciones internacionales en función de cambios en su interés nacional.

Hay muchos ejemplos de países relevantes en el concierto internacional que ilustran estos cambios de posiciones. Tomemos solo dos: Corea del Norte adhirió primero y salió después del Tratado de no proliferación nuclear; Gran Bretaña adhirió en los años 70 a la comunidad europea y decidió el año pasado que prontamente saldrá de ella. Este principio implica pues, que Uruguay es libre de adherir al Mercosur o de salirse de él, y que la decisión dependerá de sus intereses nacionales.

Lo que no puede ocurrir es lo que pasa ahora: el país adhiere a una organización internacional como el Mercosur y se ata de manos para fijar su política exterior soberana. Quedamos así directamente subordinados a la voluntad de Brasilia, cuando ella no es, evidentemente, quien debe fijar los intereses nacionales del Uruguay.

En segundo lugar, es elemental en política exterior la interpretación de los acuerdos que se firman en función de los contextos políticos e institucionales. La decisión 32/00 es solamente una de las once decisiones adoptadas en 2000 con la idea de relanzar el Mercosur. En particular, es la última de un conjunto de decisiones que daba por bueno que iba a existir una unión aduanera. Era por tanto, para proteger esa unión aduanera mercosureña que la decisión 32/00 disponía el compromiso de los Estados partes de negociar en forma conjunta acuerdos comerciales con terceros países. El problema evidente es que hoy en día no hay ninguna unión aduanera de nada en el Mercosur; no hay arancel externo común, ni libre circulación de productos extrazona, ni política comercial común, ni territorio aduanero común. Todo el proyecto de unión regional comercial de los años 90 quedó en nada. No es legítimo entonces tergiversar esa decisión 32/00, separándola de las otras diez con el fin de limitar la libertad de la política exterior del Uruguay y someterla así a los intereses brasileros.

Este argumento de la debilidad e improcedencia de la decisión 32/00 en tanto texto rector de nuestra política exterior fue ya señalado por el canciller Nin. El problema es que dentro del Frente Amplio los devotos de la "patria grande" no entienden nada de intereses nacionales contrapuestos en la escena internacional y creen que el servilismo hacia Brasilia o Buenos Aires debe ser nuestro destino latinoamericanista.

Se perjudica así la política exterior soberana del Uruguay que precisa hoy más que nunca ganar en autonomía y libertad.

EDITORIAL