Lo que verdaderamente beneficiaría al país, a comerciantes, consumidores, trabajadores y empresarios es sacarles la pata del Estado de encima, no ponerle otra arriba a los uruguayos impidiéndoles algo tan simple como comprar un bien de consumo en el exterior.

Hace unos días se conoció la noticia de que el gobierno, por decreto, modificaba el régimen que permitía a personas particulares acceder a comprar bienes en el exterior, en particular por internet. Ahora, bajo el nuevo sistema cada persona podrá realizar únicamente tres compras al año por un monto no superior a los 200 dólares cada una, lo que representa una limitación adicional a las que ya existían.

En efecto, por el decreto de diciembre de 2014 se estableció que se podrían realizar hasta 5 compras al año por persona física, por el decreto de diciembre de 2015 se redujo a 4 compras y por el de diciembre pasado se estableció en 3 compras. La medida fue explicada desde el Ministerio de Economía con 2 argumentos contradictorios, uno que en diciembre se registró un número inusualmente alto de operaciones y el otro que las personas en promedio realizaban 3 compras y no 4 por año.

El lector ya habrá percibido que las argucias oficiales evidentemente no pueden convencer a nadie, ya que, en primer lugar, si se dio un numero inusualmente alto de operaciones se debe a un tema de estacionalidad (por algo todos los decretos del Poder Ejecutivo sobre el tema son de diciembre) y por otro lado a que las personas encuentran crecientemente conveniente realizar compras por internet. Y, en segundo lugar, si el promedio de compras por persona era 3 la medida sería inocua en el promedio, perjudicando solo a quienes realizaban 4 operaciones.

Dado que el monto ya de por sí era bajo y descartaba la posibilidad de comprar objetos de valor, queda en pie la pregunta de quién se beneficia y quién se perjudica con la medida.

Aquí aparece el argumento real por el cual se adoptó esta nueva restricción, y es para "proteger" a los comerciantes locales, que "pagan impuestos" y "generan puestos de trabajo". Está muy bien tener presente la suerte de los comerciantes al adoptar medidas, pero la que adoptó el Ejecutivo erra el bizcochazo.

Las empresas en Uruguay tienen un serio problema de competitividad y no es la competencia de las compras por internet que a fin de cuentas representa una ínfima parte de cualquier mercado que se analice. La principal dificultad surge de los inmensos costos que enfrentan en impuestos, tarifas, tasas, cargas sociales y demás imposiciones estatales, la absurda y recargada regulación que en muchos sectores resulta asfixiante y de la rigidez de un mercado laboral que se rige en medio de la era de la revolución que provoca la tecnología por una ley de 1943 sin modificación alguna.

La medida de restringir la ya hiperrestringida posibilidad de que los uruguayos puedan acceder a bienes desde el exterior, la mayoría de los cuales incluso ni si quiera se producen en el país y muchos de los cuales ni siquiera se venden en los comercios uruguayos, perjudica a la población en general y a nadie más. Si quieren tomarse medidas que beneficien al comercio se pueden bajar impuestos, y no pegarle un tiro en el pie a los consumidores.

Mientras desde el gobierno, incluyendo al Ministro de Economía y al Canciller, se hacen gárgaras de libre comercio advirtiendo los males que traerán al mundo las medidas proteccionistas demagógicas y absurdas de Donald Trump (en lo que tienen razón, por cierto) aquí sin que se les caiga la cara de vergüenza toman las mismas medidas que critican, pero en este caso sin existir ni siquiera una industria nacional a proteger.

Entiéndase bien, son peores que lo que propone Trump y todavía infinitamente incoherentes.

Lo que verdaderamente beneficiaría al país, a comerciantes, consumidores, trabajadores y empresarios es sacarles la pata del Estado de encima, no ponerle otra arriba a los uruguayos impidiéndoles algo tan simple como comprar un bien de consumo en el exterior.

Haría bien el gobierno en ver que hacen los países que prosperan antes de cometer semejante burrada, o si quiere algo más criollo, leer lo que decía Juan Carlos Gómez, hace más de un siglo y medio: "¡Basta de reglamentos! Compre, venda, vaya, venga, todo lo que quiera, sin que la autoridad se entrometa en sus transacciones y actos mientras no perturben el orden ni ofendan la moral pública".

La sencilla receta que Gómez tenía clara en 1853 y generó la mayor prosperidad de la historia de la humanidad, lamentablemente es ignorada y contradicha por las mentes brillantes que en 2017 decretan nuestro atraso y fomentan la barbarie.

Pero, lamentablemente esto es lo que tenemos y así vamos.

EDITORIAL