Editorial

Mayorías secuestradas

En Uruguay, 25 es más que 515. Lo insólito es que esta paradoja matemática se reflejó justamente en la Facultad de Ingeniería, donde debería estar más clara que en ningún lado la exactitud de esa ciencia.

Pero no es, ni de casualidad, el único sitio donde la lógica democrática de que gobiernen las mayorías se ha visto totalmente desvirtuada por el activismo fanático de algunos, la complicidad de normas caducas y fascistas, y, tal vez lo más desolador, la pasividad de mucha gente.

Para el lector que no entiende de qué estamos hablando, se trata de la ola de paros y ocupaciones lanzada por los gremios de docentes, funcionarios y estudiantes de la educación, que vienen golpeando a esta sensible área de la realidad nacional, en el marco de la votación del presupuesto quinquenal. Los sectores gremiales de la enseñanza se encuentran en pie de guerra, reclamando ese mítico 6% del PBI, exigiendo además que el mismo no tome en cuenta una serie de planes que el gobierno sí incluye en esa cuenta tan absurda como improductiva. Pero eso es apenas un detalle.

Empecemos por el principio. Todo el Uruguay tiene claro dos cosas; que la educación es una de las áreas clave para el desarrollo del país que no está teniendo buenos resultados. Y que en los últimos años la sociedad ha hecho ingentes esfuerzos para mejorar la situación presupuestal de la enseñanza. Sin embargo, los docentes y sectores gremiales del rubro, últimos responsables de los magros resultados en cuestión y grandes beneficiados de las mejoras económicas, parecen más enojados que nunca.

Han salido a declarar una guerra abierta al gobierno, con toda una batería de medidas que golpean a quienes más necesitan: los estudiantes. Solo en Secundaria y en Montevideo (lugares con los peores resultados) en lo que va del año ya se han perdido al menos nueve días de clase por movilizaciones. Y para esta semana hay previstos nuevos paros, ocupaciones. Lo cual lleva a preguntarse, ¿es esto necesario? ¿Son medidas que buscan realmente beneficiar a los estudiantes y mejorar la enseñanza? ¿Tienen los gremios de la educación derecho a lanzar una guerra abierta de este tipo solo porque no comparten la distribución presupuestal que planifica un gobierno electo democráticamente?

Acá entramos en el segundo gran tema de fondo. Y es la real representatividad de quienes deciden este tipo de medidas sangrientas.

Las fotos publicadas por El País estos días de las movilizaciones y ocupaciones son expresivas. Apenas un puñado de personas, con carteles precarios y discursos monosílabos son quienes encabezan estas protestas. La ocupación del edificio del Codicen, por ejemplo, fue realizada por, como mucho, una decena de personas. Teniendo en cuenta los perjuicios que esto causa a la educación en general, ¿se justifica?

Pero lo más asombroso es lo del inicio, o sea lo que sucedió en la Facultad de Ingeniería, donde una medida extrema como una ocupación (de más que dudosa legalidad y que debería ser la última instancia) fue decidida por una asamblea en la que participaron 80 personas, de las cuales votaron finalmente 40, con 25 que apoyaron la medida. Estamos hablando de una casa de estudios que cuenta con más de 10 mil alumnos, que se quedan sin clase porque 25 iluminados decidieron que así sea.

A tal punto que un grupo de estudiantes que se opuso a la medida, en poco rato consiguió 515 firmas contra la ocupación, pero no pudieron torcer la decisión ante la soberbia y el fanatismo de los ocupantes.

Estamos ante un problema sumamente grave. Esta situación se traslada a muchas áreas de la realidad nacional, donde pequeños grupos organizados y fanatizados, imponen medidas delirantes y contraproducentes, porque los mecanismos de decisión de gremios y organizaciones no respetan ni la forma de actuar ni la voluntad de las grandes mayorías. Ha pasado en empresas, ocupadas por grupúsculos ideologizados, perjudicando al resto que sí quería trabajar; ha pasado en centros de estudio, como en el caso mencionado; ha pasado en grandes entidades estatales como la intendencia de Montevideo.

Esto exige cambios urgentes. Por un lado regulaciones (esa palabrita tan en boga) precisas y modernas que permitan que las medidas de este tipo sean verdaderamente representativas de la voluntad mayoritaria. Pero también un cambio de cabeza de la sociedad en general. Si se va a permitir que pequeños grupos secuestren la voluntad general, y amparándose en mecanismos caducos y absurdos, sigan imponiendo su voluntad, el camino solo puede llevar al desastre.

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