Pese a que el discurso del presidente Tabaré Vázquez en cadena de radio y TV en la noche del domingo fue ponderado y con importantes anticipos de su futura gestión, hubo una omisión llamativa: la reforma del Estado, ésa que en su primer gobierno él calificó como "la madre de todas las reformas". Podía esperarse que, al reasumir el cargo, Vázquez aprovechara la ocasión de anunciar la realización de tan necesaria reforma, pero no fue así.

En su discurso, en el primero de los "tres pilares" que sostendrán su mandato, según dijo, y que tituló "Política y gestión de gobierno", habló de "descentralización" y de mejorar los servicios de la administración pública en forma genérica. Lo hizo sin aludir a esa gran reforma del aparato estatal que está pendiente tras una década de izquierda en el poder. Aunque es cierto que hacerlo hubiera significado de su parte una confesión del fracaso en la materia ocurrido en su primer mandato, podía preverse, de todos modos, que iba a asumir una actitud más resuelta al encarar el problema.

Soportar un Estado gigantesco y en general ineficiente, con casi 300.000 funcionarios públicos y diversos servicios duplicados cuando no obsoletos, es uno de los grandes problemas nacionales. El fracaso en modernizarlo en el gobierno de Vázquez fue tan evidente que generó uno de los leiv motiv de la campaña de José Mujica en 2009. En "Pepe Coloquios", aquel libro que tanta polvareda levantó por entonces, Mujica confesó que en materia de reforma del Estado "no se hizo nada" y que el primer gobierno del Frente Amplio se había pasado "dando vueltas alrededor" del asunto. Y a continuación prometió de manera solemne: "Si llego a ser gobierno este problema me puede llevar a la tumba, te lo garantizo... lo voy a encarar".

Aunque es cierto que lo encaró, los resultados fueron pobres en el último quinquenio pues el estatuto del funcionario público aprobado en 2013 terminó siendo un cuerpo de normas aplicables a un reducido sector del personal de la administración central. Un artículo de la correspondiente ley permite que esas normas se extiendan a un grupo más vasto de funcionarios en un lapso de dos años, es decir que si Vázquez lo desea podría promover esa ampliación en los próximos meses e incluso añadir normas con nuevas exigencias para el ejercicio de la función pública.

Si Vázquez mantiene su intención de reformar el Estado, cosa que no mencionó el 1º de marzo, podría aprovechar la ocasión para adoptar medidas ya debatidas como fijar el horario laboral de todos los funcionarios públicos en ocho horas y no en seis como ocurre en la generalidad de los casos. También podría agilitar mecanismos para cesar a un empleado por causas justificadas, trámite hoy que dura una eternidad o se frustra por el camino. En fin, podría de una vez por todas disminuir la irritante discriminación entre trabajadores públicos y privados en donde los primeros poseen privilegios difíciles de justificar.

El ex senador Enrique Rubio, que fue el director de Planeamiento y Presupuesto a quien Vázquez le encargó en 2007 la tarea de llevar adelante "la madre de todas las reformas", concibió la idea de "un Estado más moderno, con menos funcionarios más capacitados, más eficiente, más cercano y más rápido". Así presentó la propaganda gubernista los planes que quedaron en agua de borrajas. En vez de achicarse bajo dos gobiernos de izquierda en la última década se ensanchó la planilla con unos 50.000 nuevos cargos. Un Estado en crecimiento constante con la fundación de nuevos organismos y un enjambre de entidades semi-públicas que operan en forma paralela y no siempre con los controles adecuados.

Conrado Ramos, quien fue subdirector de Planeamiento y Presupuesto en el primer gobierno de Vázquez, al repasar las causas del fracaso dijo que no se procuró nunca "la modernización radical de la gestión pública" ni siquiera en campos tan sensibles como la educación y la seguridad en donde los problemas de gestión son evidentes. Otra de las fallas según Ramos, fue el escaso compromiso del presidente con una reforma que requiere un liderazgo fuerte, sobre todo para enfrentar la resistencia de los gremios de funcionarios públicos.

De regreso en la presidencia y otra vez con mayoría parlamentaria, Vázquez debería hacer el intento de cumplir con su antiguo proyecto de dotar al Uruguay de un Estado que justifique el altísimo costo de su mantenimiento.

Lástima que ese tema no haya estado en su discurso a pesar de que las reformas pendientes en nuestro país dependen, en buena medida, de la existencia de su prometida madre.

Editorial