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A lucrar con las embajadas

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En estos últimos tiempos, la llamada "industria del juicio", está alcanzando ribetes espectaculares. Y las praderas donde más trabajan algunos para obtener una cosecha récord es en el terreno de las embajadas.

No son precisamente labriegos los que laboran esos campos, sino ciertos abogados que se han percatado de lo sustanciosa que es esa tierra y del provecho que pueden sacarle. Cuentan para ello con un potente fertilizante (las leyes laborales uruguayas) y la colaboración de otros elementos: los empleados de las representaciones diplomáticas.

Es usual que los sueldos de los asalariados correspondan con las pautas del país de origen, por lo que se trata de cargos codiciados en el medio, ya que sus emolumentos son de un monto muy superior al promedio vernáculo. Con la crisis europea, los diplomáticos extranjeros han tenido que aceptar reducciones exigidas por las difíciles circunstancias, pero no ha ocurrido lo mismo con el personal uruguayo. Si bien se frenaron en general los aumentos, en comparación siguen siendo muy buenas retribuciones. Sin embargo, de unos años a esta parte han recrudecido las demandas en los estrados, con la pretensión de que se apliquen las normas laborales uruguayas. Que les paguen los porcentajes de aumento establecidos en nuestro país, Consejo de Salarios mediante. O sea que sumando retroactivamente las subas operadas en nuestro territorio a lo largo de varios años y a partir de una base alta como la que tienen estos sueldos fijados en el extranjero, se estaría llegando a extremos como el que un chófer pase a tener una remuneración de más de 7.000 dólares mensuales.

No es de extrañar entonces, que una de las razones de los cierres de embajadas y consulados, o un motivo para que no se abran nuevas sedes en nuestro país, salvo rara excepción, sea el alto costo de la conflictividad laboral. No será la única causa, pero en una época donde hay órdenes de restringir erogaciones, hay países que resuelven frente a gastos versus beneficios, concentrar la actividad diplomática en centros regionales. Aparecen de tanto en tanto los embajadores concurrentes y se acreditan cónsules honorarios.

Al tiempo que sucede esto, Uruguay pierde prestigio y presencia mientras la reciprocidad vale menos. Afortunadamente en el entorno latinoamericano se mantiene la significancia, pero otras naciones optan por retirarse y los que podrían decidirse a venir, luego de enterarse de estas situaciones deciden no instalarse en Montevideo. Un país que tiene un puerto importante, emplazado en una zona estratégica, aparte de que en la actualidad el secretario general de la Organización de Estados Americanos es uruguayo y ahora seamos miembro alterno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estos aspectos nos aportan relevancia, pero luego lo que le cuentan sus pares diplomáticos a quienes hacen sus rondas de averiguaciones, no ayudan en nada.

Les espanta la constatación de que existe una extorsionadora costumbre del juicio laboral. Además de que la seguridad, que antaño era buena, dejó de serlo. Que ha aumentado más el crimen en nuestra ciudad, en relación a su población, que en Buenos Aires o Santiago.

Este tipo de análisis también se hace en oportunidad de seleccionar sedes regionales para las ONG, los organismos internacionales, las empresas comerciales, de servicios, industriales, así como también lo hacen jubilados extranjeros que buscan una residencia conveniente. Todas ocasiones de creación de empleos e inversiones, indicadoras de que estos problemas deben tenerse en cuenta.

La reacción de los embajadores es de consternación, consultas, reuniones, protestas, pero a muchos se les acaba su período, se van a otro destino, lo hereda su sucesor, y en las cancillerías extranjeras, cuando finalmente el tema es informado, provoca indignación. Pero como el dinero al final no sale del bolsillo del funcionario administrativo, el asunto deriva en un trámite burocrático más. Puede que se termine pagando, pero solo hasta que alguien dice basta.

Uruguay se resiste a aplicar la Convención de Viena en los asuntos laborales, lo cual se comprende porque no sería de recibo que hubiera gente trabajando por ejemplo, en régimen de esclavitud. Pero a la vez se respeta la inmunidad geográfica. Así que tampoco se puede embargar a una embajada. Falta legislación específica. No se sabe, no existe el grupo donde puedan negociar las representaciones diplomáticas. Y mientras los abogados aquí cobren, no por una tarifa preestablecida, como en otros países, sino por una comisión sobre la demanda, estos excesos continuarán.

EDITORIAL

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